UPyD presenta al Congreso la misma reforma del Banco de España que el PP propuso en la oposición

La trampa está servida. UPyD presentará este miércoles a la mesa del Congreso de diputados la misma reforma de la inspección del Banco de España que el PP propuso cuando estaba en la oposición en mayo de 2011, y que el PSOE tumbó.

El texto de la proposición no de ley es, punto por punto, exactamente igual que la del PP y pide que se regule la finalidad, procedimientos y duraciones de las inspecciones de entidades. En definitiva, que los inspectores puedan verificar el grado de cumplimiento de una entidad levantando actas firmadas de lo que han encontrado. Así queda constancia, y no como ahora que no se firman las inspecciones y por lo tanto se pueden modificar, manipular o incluso ignorar.

La propuesta que se debatirá en la Comisión de Economía este miércoles también exige que sólo se pueda sustituir o revocar a un inspector por causas razonadas y que se acote la duración de las inspecciones, pues muchas veces éstas se alargan 'ad eternum' con tal de impedir que se emita un informe.

Una reforma necesaria

“Lo hemos estudiado con cuidado y hemos comprobado que esta legislación es hoy tan necesaria como en el 2011”, explican fuentes de UPyD. Entonces, poco antes de entrar en el Gobierno, la propia Sáenz de Santamaría prometió una reforma del Banco de España al objeto de mejorar la transparencia del regulador, reforzar su tarea inspectora y profesionalizar su funcionamiento.

El propio grupo popular abundó en estos razonamientos cuando presentó el 30 de mayo de 2011 la propuesta que rechazó el PSOE: “La Ley de Autonomía del Banco de España y la Ley de Disciplina de Intervención no regulan de manera clara la finalidad de la función inspectora, el contenido de esa función inspectora y el procedimiento y su régimen aplicable. Pongamos fin a este vacío legal y que se pueda verificar el cumplimiento de la normativa reguladora de las entidades sometidas a supervisión, que quede constancia de una relación de actas e informes que realicen los inspectores y que esas actas y esos informes tengan valor y alcance jurídico”, argumentaba el PP.

Y continuaba: “Estamos comprobando cómo el Banco de España hace sobre los procesos de integración unas afirmaciones absolutamente complacientes y favorables y, en cambio, luego nos enteramos a través de los medios de comunicación de que existen informes técnicos del cuerpo de inspectores que dicen todo lo contrario, que están hablando de grandes agujeros en las entidades. Hay que poner fin a esta dualidad de que el Banco de España diga una cosa y los informes de los inspectores otra muy distinta. Es hora de dotar al cuerpo de inspectores de un auténtico amparo legal tanto en sus funciones como en sus actuaciones”.

Se prodigan las críticas

Y los populares no han sido los únicos que han censurado al organismo supervisor que ahora dirige Luis Linde. El Tribunal de Cuentas ya denunció que el Banco de España no dispone de una norma escrita que describa los procedimientos para supervisar a las entidades y que ello provoca subjetividad y falta de transparencia. En su valoración del sector financiero español, el FMI señaló que la inspección es buena, pero que la toma de decisiones es lenta y tímida. Y el Memorando del rescate bancario establece que el Banco de España revise los protocolos de supervisión.

Pese a la fuerza de estos argumentos y a que Rajoy lo mencionase como parte de su programa, en el año y pico que lleva en la Moncloa el PP ha aparcado por completo sus intenciones de reforma de la institución sita en Cibeles. "Ya no les interesa aprobar nada. Prefieren negociar sus trapicheos con la banca entre bastidores", sostiene una fuente del sector financiero.

Durante todo este tiempo bajo la égida del PP, el Banco de España tan sólo ha divulgado un informe de López Roa que recomienda reforzar la inspección in situ, algo que no se ha hecho, sobre todo porque consume muchos recursos y acarrea problemas de captura del supervisor.

Ahora que UPyD ha rescatado la proposición del sueño de los justos, los populares tendrán que pasar el apuro de justificar porque impiden su tramitación. Muy probablemente, defenderán que con la unión bancaria ya no hace falta.