Economía

El juez del 'caso Popular' da un ultimátum a las acusaciones para evitar retrasos

El magistrado ha admitido que la instrucción "con tal número de representaciones, está abocada a ser ingobernable"; por ello, pide a las acusaciones que presenten alegaciones de cara a agruparlas

Sede de Banco Popular
Sede de Banco Popular GTRES

Ultimátum para las más de 100 acusaciones particulares presentes en el caso contra el Banco Popular. El juez de la Audiencia Nacional a cargo de la investigación, José Luis Calama, les ha dado un plazo de cinco días para que presenten alegaciones de cara a agruparlas en un máximo de diez. El objetivo, ha subrayado, es garantizar la tramitación del procedimiento sin dilaciones.

"Resulta evidente que la instrucción de la presente causa, con tal número de representaciones, está abocada a ser ingobernable, desde un punto de vista procesal", ha insistido el magistrado. De ahí que considere necesario que se imponga "la racionalización del poder de postulación de las acusaciones particulares, agrupándolas en un número determinado de representaciones y defensas". 

El juez Calama ha asegurado que lo deseable "sería que dicha agrupación se realizara de forma voluntaria por los propios perjudicados sin que, en ningún caso, el resultado final fuera superior a diez representaciones (y defensas)". De no cumplir con la sugerencia, ha advertido de que fijará criterios objetivos para que se haga así. 

La caída de Popular

En junio de 2017, la Junta Única de Resolución (JUR) decidió liquidar el Banco Popular. Para ello, convirtió en cero el valor de las acciones, en una operación ejecutada por el FROB a instancias del Banco Central Europeo (BCE). Finalmente, el Banco Santander se hizo con la entidad por un euro.

Cuatro meses después, el que fuera titular del juzgado Central de Instrucción número 4, Fernando Andreu, admitió a trámite diversas querellas contra los expresidentes del Popular Ángel Ron y Emilio Saracho, sus respectivos consejos de administración, PwC y su socio auditor. A todos se les acusa de presuntos delitos de falsedad societaria, administración desleal y apropiación indebida, entre otros.

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