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Economía

El embargo de pisos de la Junta crea desconcierto en el mercado hipotecario, el único sin un default hasta la fecha

La pasada semana, la Junta de Andalucía comenzó el proceso de expropiación forzosa de viviendas desocupadas. Una situación que ha abierto en canal una nueva crisis en el sector inmobiliario, ya que el piso pertenecía a un fondo de titulización hipotecaria (Ahorro y Titulización), sobre hipotecas concedidas por CrediFimo (Caja San Fernando), es decir, Caja Sol, es decir, Banca Cïvica, por tanto... La Caixa. Pero el dueño a efectos legales es AyT, fondo que titulizó esa hipoteca.

Llegados a este punto, nadie sabe contestar exactamente a la cuestión de qué ocurre en este caso. ¿Debe AyT computar como pérdida en el fondo la expropiación? En teoría, el trámite de la expropiación acaba sólo de iniciarse y el embargo dura sólo dos años, pero ¿hay garantías de que transcurrido ese tiempo se devuelve el piso a su dueño (el fondo) sin más?

Andalucía puede comenzar un proceso de expropiaciones inmobiliarias que puede llegar a los 200 inmuebles… de momento. ¿Qué ocurrirá si, por ejemplo, confisca casas a la propia Sareb? Tendría lugar un supuesto en el que se habría dotado a un banco público con capital del estado para albergar e intentar vender los activos tóxicos de la banca, pero que, a su vez, son expropiados. El colmo del absurdo.

Accionistas

AyT tiene como accionistas a Ahorro Corporación y la CECA. De momento, nadie tiene del todo claro qué hacer en estos momentos y cómo puede influir en mercado esta circunstancia.

Conviene recordar que el mercado de cédulas hipotecarias no ha sufrido el menor contratiempo desde su existencia. No han tenido lugar fallidos ni siquiera en los casos de intervenciones de cajas de ahorros. Pese a la sequedad de los mercados primarios, las cédulas hipotecarias se han colocado sin el menor problema estos años, entre otras cosas porque es deuda senior, con preferencia total en caso de liquidación.

Las partes afectadas están consultando sus departamentos jurídicos pero, sobre todo, hacen cruces para que Bruselas deje sin efecto la medida aprobada unilateralmente por la Junta de Andalucía. 

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