Hacienda concluye la ‘intervención’ de las comunidades autónomas impidiéndolas cualquier trampa contable

La herencia que recibió el PP del anterior Gobierno, con la mayor parte de las comunidades autónomas guardando facturas en los cajones y dificultades crecientes para acceder a la financiación, ha marcado desde el principio las pautas de actuación del actual equipo de Hacienda, consciente de que las sospechas de los inversores internacionales sobre las cuentas de los gobiernos regionales supusieron un capítulo importante en el trayecto que colocó a España al borde del rescate.

Los subcontratistas podrán saber si las comunidades y los ayuntamientos han pagado las facturas a los que han requerido sus servicios

El pasado viernes, el Consejo de Ministros aprobó un sistema de facturación electrónica que, a partir de enero, impedirá a las comunidades retrasar los pagos a los proveedores más allá de treinta días y controlará en tiempo real el proceso que va desde que se rellena la factura hasta que es abonada. Para ello, se crearán registros centrales en las tres administraciones y se facilitará que cobren también los subcontratistas, pues éstos conocerán si las empresas que han requerido sus servicios han cobrado o no de las comunidades y los ayuntamientos.

La transparencia contable a la que obliga a estas administraciones la ley de Estabilidad, sumada a las condiciones que impone el plan de pago a proveedores, a la condicionalidad del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) y a la orden ministerial por la que los gobiernos regionales y locales tienen la obligación de transmitir al Gobierno cualquier cambio que realicen en sus plantillas y en la masa salarial, conducen a fuentes ministeriales a concluir que en un año se ha procedido a un ‘rescate’ muy diplomático de las comunidades autónomas, mediante el que van a tener que olvidarse de las trampas contables con las que, ejercicio tras ejercicio, intentaban enmascarar el déficit.

"Un striptease financiero sin precedentes a cambio de un rescate que hubiera sido mucho más duro si se hubiera hecho desde Europa", resumen en el Gobierno

La principal contrapartida obtenida por los gobiernos regionales y locales a cambio de esta pérdida de autonomía contable fue la obtención, el año pasado, de una inyección de liquidez que superó los 50.000 millones de euros, en una fase de la recesión en la que encontraban el grifo cerrado para financiarse en los mercados. Solo a través del plan de pago a proveedores y de las líneas de crédito del ICO, obtuvieron casi 33.000 millones de euros, a los que se añadieron otros 13.000 provenientes del Fondo de Liquidez. “Un striptease financiero sin precedentes desde que existe el Estado autonómico, a cambio de un rescate que hubiera sido mucho más duro si se hubiera hecho desde Bruselas”, resumen en el Gobierno.