La élite de la abogacía española se ve la cara (y se forra) en el caso Bankia

La Audiencia Nacional registró ayer una de las mayores concentraciones de 'togas' de renombre de los últimos años. Los bufetes contratados por los 33 imputados en el 'caso Bankia' desplazaron este lunes a la sede del órgano judicial a sus principales abogados para que estuvieran presentes en la vista en la que, en principio, se iba a decidir si se intervenía judicial a la entidad financiera y se sustituía a los actuales gestores por un administrador. Finalmente, el juez instructor, Fernando Andreu, aplazó la vista al próximo miércoles, después de que los abogados de las dos acusaciones, la que ejercen UPyD y un grupo de particulares aglutinados por el 15-M, presentaran nuevos datos conocidos en los últimos días gracias a la prensa (entre ellos de los correos electrónicos que envió Rato a los accionistas antes de salir de la entidad) y el magistrado decidiera tomarse un tiempo para estudiarlos. Para ese día está prevista que se tome declaración a los representantes legales de Bankia y de su matriz, Banco Financiero y de Ahorro (BFA), por lo que los ilustres y costosos apellidos del derecho contratados por la mayoría de los imputados volverán a hacer de presencia en la Audiencia Nacional.

Entre los abogados de los imputados, un exjuez del Supremo, otro de la Audiencia Nacional y dos antiguos fiscales

Ayer, en concreto, había dos conocidos exjueces ejerciendo de abogados defensores de los imputados. Uno era Enrique Bacigalupo Zapater, catedrático de Derecho Penal y magistrado del Tribunal Supremo hasta que en marzo de 2011 anunció que se pasaba a la actividad privada como socio en Madrid de la firma internacional DLA Piper para reforzar el área de Procesal del despacho e impulsar la de Derecho Penal Económico. El otro antiguo magistrado era Carlos Bueren, quien fue durante muchos años juez instructor de la Audiencia Nacional hasta que en 1995 fichó por el despacho Uría, uno de los grandes. Otros viejos conocidos de la Audiencia Nacional a los que ayer se les volvió a ver por su sede fueron los ex fiscales Luis Jordana de Pozas y Enrique Molina. El primero se hizo célebre por sentar en el banquillo de los acusados a Lola Flores y conseguir la detención de Mariano Rubio por el caso Ibercrop. Hace más de 15 años que abandonó sus cometidos como representante del Ministerio Público para incorporarse al bufete Cuatrecasas. Más reciente es el salto al sector privado de Enrique Molina, quien en 2010, y tras once años como fiscal de la Audiencia Nacional, fichó por el despacho Ramón y Cajal, especializado en derecho mercantil.

Todos ellos se verán las caras con otros conocidos abogados con despacho en Madrid, como Ignacio Ayala (del despacho Oliva-Ayala, quien en su día llevó la defensa en el caso Banesto de Francisco Sitges, amigo personal del rey Juan Carlos), Miguel Bajo (conocido catedrático y penalista que ha llevado la defensa del ex tesorero del PP Luis Bárcenas en el caso Gürtel), Javier Sánchez-Vera (también del bufete Oliva-Ayala) y Javier Iglesias (que lleva la defensa de uno de los implicados en la trama Gürtel). Enfrente, sin embargo, tendrán a los letrados de las acusaciones, mucho menos conocidos: Andrés Herzog, un letrado donostiarra que trabaja con el grupo parlamentario de UPyD, el partido que presentó la demanda, y Juan Moreno Yagüe y Gonzalo Boyé, quienes representan a los particulares que se han movilizado a la llamada del movimiento 15-M, aunque este último consiguió renombre por llevar una de las acusaciones más activas en el juicio del 11-M.

Parte de las minutas, a costa de los seguros de responsabilidad civil

Buena parte de las minutas de los imputados la sufragará las aseguradoras contratadas por Bankia para cubrir las actuaciones de sus ex consejeros. Cada uno de los ex directivos, tanto del banco cotizado como de su matriz BFA, contaban con un seguro de responsabilidad civil para grandes directivos o consejeros. Este tipo de coberturas se hace cargo hasta una determinada cantidad tanto de la defensa como de las indemnizaciones por responsabilidad civil de los administradores sociales en el ejercicio de sus funciones siempre que medie culpa o negligencia en el desempeño de su cargo. Algunos de los consejeros imputados declinaron aceptar alguna de las propuestas de bufetes de abogados sugeridas por la propia Bankia por otras opciones de defensa de más confianza y más económicas frente a los grandes bufetes sugeridos.