Hacienda pone la lupa sobre las 600 empresas que han recurrido a la amnistía fiscal

Cuando faltaba una semana para que acabara el plazo de acogimiento a la amnistía fiscal, la actividad de los grandes bufetes y de los principales bancos con clientes que operan en paraísos fiscales fue frenética. Todos ellos escudriñaron las garantías jurídicas que rigen para la regularización con el fin de poder trasladarles la seguridad de que abrían para ellos una ventana ventajosa, a pesar de la incertidumbre generada por el recurso presentado por el PSOE contra esta medida, que terminó siendo rechazado por la Audiencia Nacional.

Sin embargo, lo que se ha descubierto con el ‘caso Bárcenas’ ha puesto a estos bufetes en alerta, no solo por las limitaciones legales que operan para aflorar el dinero a través de sociedades pantalla y de testaferros, sino por la propia actuación de la Agencia Tributaria, que ya ha dado el paso de enviar a los jueces varios expedientes, ajenos al principal escándalo, en los que se sospecha que hay procedencia de dinero ilícito que no puede acogerse, por tanto, a la regularización.

La Agencia Tributaria ya ha remitido a los jueces expedientes de regularización fiscal que pueden esconder presuntos delitos

Hacienda hizo varias rondas con los principales bufetes para advertirles que trasladaran a sus clientes que, una vez vencido el periodo para acogerse a la amnistía, se establecería la imprescriptibilidad del delito y los infractores incurrirían en serios problemas. Algunos despachos presionaron para que el Gobierno ampliara el plazo de la regularización, pero Hacienda se negó y avisó a los contribuyentes de las ventajas de aflorar el dinero oculto, pues la posible apertura de un expediente informativo por parte de la Agencia Tributaria impediría que se acogieran a las ventajas de la amnistía. Las quejas se mezclaron con las dudas de los especialistas en Derecho Tributario sobre los riesgos penales en que podrían incurrir aquellos defraudadores que aspiraban a ponerse al día con Hacienda.

Pese a todos estos problemas, el balance ha sido positivo, pues casi 30.000 contribuyentes dieron el paso, acompañados de 600 empresas que son las que ahora está examinando con lupa la Agencia Tributaria. En total, se ha ensanchado la base tributaria en 40.000 millones de euros.