Los grandes despachos de abogados recomendarán a sus clientes no acudir a la amnistía fiscal de Hacienda

Hacienda ha hecho agua en su intento por seducira los grandes defraudadores. Los departamentos de fiscalidad de los ocho grandes especialistas en derecho tributario (Garrigues, Uría y Menéndez, Cuatrecasas, Ramón y Cajal, KPMG, PricewaterhouseCoopers, Ernst and Young y Deloitte) no emitirán un dictamen oficial pero dejan ver que no recomendarán a sus clientes que se acojan a la amnistía fiscal. Oficialmente, aseguran que los clientes que blanquean dinero “quedan muy lejos de su labor” y recuerdan que, legalmente, si un bufete conoce que uno de sus clientes oculta dinero negro tiene obligación legal de aconsejarle que lo regularice.

Sin embargo, oficiosamente, esas mismas fuentes admiten que la regularización ordinaria (la que existía hasta ahora y que sólo contemplaba el delito fiscal si se ocultaban más de 120.000 euros en dinero negro) es preferible a la amnistía ofrecida por el Gobierno porque goza de lo que describen como “mayor seguridad jurídica”. Por ese motivo, existe un consenso entre los especialistas en tributación de no recomendar la amnistía fiscal.

La negativa llega pese a que los responsables del ministerio han intentado convencer a los principales despachos de abogados y asesores fiscales de las bondades de la amnistía. Según reveló Vozpópuli, el subdirector General de Ordenación Legal y Asistencia Jurídica de la Agencia Tributaria se ha reunido en las últimas semanas con distintos representantes de las grandes firmas jurídicas para transmitirles que el perdón del delito principal (el delito fiscal) acarrearía la anulación de los delitos accesorios (entre ellos el de blanqueo). Además, Hacienda lanzó el mensaje de que no habría traspasos de información al SEPBLAC, es decir, la amnistía fiscal no abrirá la puerta a persecuciones penales.

También la Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF) ha revisado el texto. Fuentes de la AEDAF aseguran que "la regulación de la amnistía es tan parca y tan escueta que deja muchas cuestiones abiertas a la interpretación, generando una enorme inseguridad (...) si el Ministerio no quiere mejorar la redacción de la norma, entonces deberá solventar esta inseguridad por la vía de la publicación de criterios interpretativos que aclaren las dudas de los contribuyentes y de sus asesores".