Economía

Bruselas y Moncloa silenciaron desde febrero el informe crítico con la investigación de la tragedia del Alvia

La Comisión Europea y el Gobierno español se negaron a hacer público el informe de la Agencia Europea del Ferrocarril en el que se asegura que la comisión que investigó el accidente de Angrois que costó la vida a 81 personas no fue independiente.

Restos del tren siniestrado en las proximidades de Santiago
Restos del tren siniestrado en las proximidades de Santiago

El informe que la Agencia Europea del Ferrocarril (ERA, por sus siglas en inglés) elaboró sobre la tragedia del accidente del tren Alvia en las proximidades de Santiago de Compostela, que acabó con la vida de 80 personas hace casi tres años, ha dormido el sueño de los justos durante cinco largos meses, en los que tanto la Comisión Europea como el Gobierno español se han negado a que se conociera su contenido. Solicitado por la asociación de víctimas del siniestro, el citado informe, cuyo contenido se reveló finalmente este jueves, concluye que la comisión pública constituida en su día para investigar el accidente carecía de toda independencia.

No ha sido un periodo excesivamente largo pero por medio han ocurrido muchas cosas, especialmente dos que han podido motivar el retraso en la publicación y la resistencia de las autoridades para el trabajo de la ERA viera la luz. En primer lugar, la confirmación de la convocatoria de elecciones generales en España para el pasado 26 de junio. La vuelta a las urnas tras los comicios del pasado diciembre aún no era un hecho consumado en febrero, cuando la institución europea finalizó su trabajo, pero sí se confirmó a lo largo de las siguientes semanas, cuando las sucesivas peticiones para que se hiciera público por parte de la asociación de víctimas acababan sistemática ahogadas en la burocracia comunitaria.

En segundo lugar, la causa judicial que se sigue sobre el accidente fue reabierta en mayo por la Audiencia Provincial de La Coruña tras los recursos presentados contra la instrucción anterior que concluyó que toda responsabilidad sobre el accidente debía recaer sobre el maquinista del tren siniestrado.

La Audiencia estableció que la curva en la que se registró el siniestro presentaba un alto riesgo de accidente a causa de un error humano, factor que, haber sido evaluado correctamente, hubiera llevado a modificar el trazado o bien la señalización. La instancia también cuestionó que los métodos del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) para gestionar los riegos del tramo fueran los más adecuados. Todo ello pondría en duda que el maquinista del Alvia fuera el único responsable del accidente.

Las excusas de Bruselas

Sin duda, la publicación del informe de la ERA hubiera sido determinante para que la Audiencia Provincial de La Coruña tomara su decisión sobre la reapertura del caso, aunque el retraso en su entrega no ha impedido que la causa vuelva a ser instruida de nuevo. Precisamente, el trámite judicial fue empleado por la Comisión Europea como motivo para no hacer público el citado informe.

Eso y el expediente abierto por Bruselas a España en 2013 por incumplir la directiva sobre seguridad ferroviaria e independencia sobre los cuerpos de investigación de accidentes, que se cerró, también durante el mes de mayo e igualmente con un absoluto secretismo.

La actitud del Gobierno español ha sido idéntica a la de la Comisión Europea. Fuentes conocedoras de la situación aseguraron que el Ejecutivo español era conocedor del informe de la ERA como le correspondía al tratarse de un estado miembro de la Unión Europea. Su reiterada negativa a hacerlo público ha coincidido con los meses previos a las celebración de nuevas elecciones generales. Paradójicamente, casi dos semanas después de los comicios, los papeles han visto la luz.

Manejar los tiempos

“El retraso en la publicación del informe era, en principio, absurdo porque la ERA tenía que hacerlo público más tarde o más temprano. Ha sido una cuestión de manejar los tiempos y hacerlo en el momento que ha sido considerado como más adecuado”, apuntan las citadas fuentes.

El informe concluye que la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, constituida a raíz del siniestro del Alvia, carecía de toda independencia al estar integrada, entre otros, por miembros de Adif y Renfe, implicados directamente en el siniestro al tratarse de los responsables tanto de la infraestructura como de la operación del tren. De este modo, actuaron como juez y parte, se investigaron y juzgaron a sí mismos, lo que pondría en cuestión desde el primer momento las conclusiones del proceso.



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