Economía

Una campaña alemana carga contra el proveedor murciano de Aldi y Lidl

Las compañías alemanas afirman que van a analizar los argumentos de esta acusación

Tubería de una desaladora de Murcia
Tubería de una desaladora de Murcia CARM

Alemania ha puesto el foco sobre la huerta murciana, una de sus principales proveedoras de fruta y verdura. Según un reportaje emitido por la televisión pública alemana ARD, en el programa 'Informe Mainz', unos 40 agricultores, funcionarios públicos y empresas agrícolas de la región son sospechosos de utilizar métodos ilegales para extraer agua y desinfectar plantas desalinizadoras no autorizadas. Esta investigación cita, principalmente, a G's España.

Esta compañía, con sede en Murcia y filial del grupo familiar británico The Shropshire Group, es uno de los mayores proveedores de hortalizas en Europa y suministra, entre otros, a los gigantes alemanes que operan en España, Lidl y Aldi. Aunque también cuenta entre sus socios con otras principales cadenas de supermercados alemanas como son Rewe y Edeka.

“Es cierto que existe una investigación abierta desde el pasado mes de diciembre pero, de todos los investigados, esta información ha puesto el foco sobre nosotros”, afirma Pedro Alfonso Garre, portavoz de G's España, a Vozpópuli. “La televisión alemana no se ha puesto en contacto con nosotros y estamos analizando con nuestros representantes legales cómo responder ante los sucedido”, añade.  

Vamos analizar lo que se relata en ese programa de televisión"

Lidl

Lidl también ha valorado este reportaje. Según comenta la cadena alemana a este medio, "todos nuestros proveedores de fruta y verdura cuentan con el certificado Global GAP, el programa de referencia a nivel mundial de buenas prácticas agrícolas, que certifica la producción segura y sostenible". No obstante, añade que "en el marco de este compromiso, vamos a analizar lo que se relata en ese programa de televisión", destaca la compañía. 

Según la televisión pública alemana, José Luis Díaz Manzanera, Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, ha encontrado líneas de suministro ocultas, aguas residuales altamente concentradas que contienen nitratos y otras toxinas ambientales de la agricultura en el Mar Menor. La Fiscalía afirma que los métodos ilegales de los agricultores son los responsables de los graves daños a la flora y la fauna que sufre la laguna litoral.

El fiscal abrió diligencias sobre este caso en mayo de 2016 y presentó a mediados de diciembre de 2017 una macro-querella por el deterioro y contaminación del Mar Menor. "Han pasado cinco meses de aquello y la investigación continúa", valora el portavoz de G's España. Una acusación que recoge que "las administraciones públicas han sido perfectamente conscientes" y, por ello, la consejería de Agricultura de la Región de Murcia realizará un comunicado al respecto este mismo jueves valorando esta investigación. 

Pedro Alfonso Garre defiende que G's España ya no utiliza la desaladora en cuestión. "La cerramos en mayo de 2016 y no la volvimos a utilizar. Apostamos por esta alternativa como una medida que incluía el Plan Hidrográfico y la cerramos cuando el Gobierno regional clausuró la tubería de gestión de residuo". La compañía señala que esta saladora servía a una granja que administraban, "un área que representa no más del 2% de nuestro todo nuestro uso del agua", aclara. 

No sólo es una cuestión del negocio

La acusación desde Alemania preocupa a los productores murcianos porque, como recuerdan desde G's España, "es un país clave para nuestro negocio". La importación alemana anual se eleva por encima de las 10 millones de toneladas de frutas y hortalizas españolas por valor de 13 millones de euros. Es el segundo mercado destino de las exportaciones y España es el segundo proveedor de hortalizas y el primero de frutas en Alemania.

Pero la preocupación va más allá del impacto sobre el negocio. El propio fiscal José Luis Díaz Manzanera declara en 'Informe Mainz' esta prácticas ilegales que clasifican al fiscal como un "delito grave contra el medio ambiente", puede llegar a incluir una sanción de hasta cinco años de prisión. Un conflicto que promete seguir ocupando espacio en los medios alemanes y españoles. 



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