Publicado: 17/03/2017 04:00
Podríamos decir que el enfrentamiento entre el Ministerio de Hacienda y la Autoridad Independiente de Responsabilidad (AIReF) empezó prácticamente desde que nació el organismo en el año 2013. En realidad fue la Comisión Europea la que impuso su creación al Gobierno tras el rescate financiero de 2012. ¿El objetivo vigilar al eterno vigilante? Algo que difícilmente iba a gustar a Cristóbal Montoro, aunque fue uno de los grandes defensores del organismo fiscalizador.
Y los problemas no tardaron en aparecer. La AIReF empezó a quejarse muy pronto de las dificultades que ponía a Hacienda para que el organismo accediera a la información y el Ministerio se defendía. Las tensiones fueron creciendo poco a poco hasta que en noviembre de 2015 el organismo presidido por José Luis Escrivá decidió interponer un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional contra una orden del Ministerio.
Según la Autoridad Fiscal, dicha orden constituía una vulneración de su autonomía e independencia porque le impedía dirigirse directamente a cualquier administración pública. De hecho, le obligaba a recurrir a la Central de Información, controlada por Hacienda. Vamos, que permitía al Ministerio controlar toda la información que solicitaba y consultaba la AIReF.
El recurso
El organismo consideraba que una medida de este tipo era incompatible con la propia creación del organismo y extralimitaba notablemente sus funciones. Y por eso decidió poner el recurso. A Montoro le sentó muy mal y llegó incluso a acusar públicamente a la AIReF de crear problemas donde no los había.
A principios de enero de 2016 los dos organismos se reunieron para limar asperezas. El encuentro sirvió para que Hacienda y la Autoridad Fiscal acordaran regular sus relaciones con un protocolo de remisión de información. Según las actas de la AIReF, este protocolo serviría también para regular la colaboración en la emisión de los informes, el modo de hacer efectivo el principio de 'cumplir o explicar' y otros aspectos para asegurar la viabilidad operativa del organismo.
Todo apuntaba a que podían haber alcanzado un punto de encuentro, pero tres meses después de la reunión, la Autoridad Fiscal volvió a la carga asegurando en público que Hacienda no estaba cumpliendo lo acordado. Y lo cierto es que aquel protocolo nunca se llegó a firmar. Y mientras el recurso seguía su marcha.
La Comisión Europea dio la razón a la Autoridad Fiscal en febrero y pidió al Gobierno que cambiara la normativa
Las cosas empeoraron un poco cuando la Comisión Europea presentó uno de sus últimos informes sobre España el pasado mes de febrero con un nuevo tirón de orejas para Hacienda. Dio la razón a la AIReF al asegurar que la normativa española permite a Hacienda limitar el acceso a ciertas informaciones, violando así el Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza de la zona euro aprobado en 2012.
Y finalmente Hacienda ha cedido y la Airef ha ganado la batalla. Montoro ha derogado los artículos de la orden que impugnó la Autoridad Fiscal. Quizá no solo lo ha hecho por la presión de Bruselas. Todo apunta a que la Audiencia iba a pronunciarse sobre el recurso de la AIReF en cuestión de días o semanas y Montoro ha preferido evitarse el disgusto.
En la exposición de motivos de la orden de derogación de estos artículos, publicada el jueves el BOE, el Gobierno justifica la eliminación de los artículos por el informe de la Comisión. Pero en ningún momento menciona el recurso de la Autoridad Fiscal. En cualquier caso, la derogación de los artículos deja en la práctica sin efecto el recurso del organismo fiscalizador. Lo que está tan claro es que ésta haya sido la última batalla.
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