Publicado: 16/03/2013 04:00
La Agencia Tributaria tiene sus prioridades claras: recaudar a toda velocidad en tiempos de sequía económica en los que el flujo en Hacienda es clave para cuadrar las cuentas con Bruselas. Eso está significando someter a más inspección a las empresas que más liquidez tienen y que ofrecen más posibilidades de recaudar, independientemente de que sean más o menos sospechosas de haber cometido un fraude, denuncian fuentes de la inspección de Hacienda.
Según esa denuncia, en los últimos dos años la selección de contribuyentes se está haciendo siguiendo lo que se denomina como criterio de “riesgo recaudatorio” de forma que se evalúan antes las posibilidades de cobro que las de fraude.
Como resultado de esa política de enfoque hacia la rapidez recaudatoria, las empresas que carecen de bienes a su nombre o que declaran pérdidas están siendo sometidas a una menor “intensidad inspectora”, según fuentes conocedoras del proceso de inspección que afirman que buena parte de los recargos que se imponen a los fraudes por sociedades o IVA están quedando impunes pese a que el Plan de Control de Hacienda para 2013 señala esas tramas como prioritarias.
"Esto santifica a los testaferros" y a los entramados empreasriales, denuncia la inspección
Las cifras internas de la propia Agencia corroboran esa tendencia a levantar la vigilancia sobre cuestiones como el control de las tramas del IVA. El número de actuaciones de control de esas tramas se ha reducido a 6.136, un 82% menos que el año anterior, precisamente porque suponen largas investigaciones con inciertas garantías recaudatorias.
Instrucciones internas para conseguir rapidez recaudatoria
Las necesidades de liquidez del Estado son tales que la Agencia ha dado dos órdenes a sus cuerpos de inspección para conseguir resultados rápidos:
- Las unidades de inspección pasan a comprobar sólo dos años de la contabilidad empresarial en lugar de los cuatro en los que –según la ley—prescriben los delitos fiscales.
- Los equipos de inspección pasan a destinar una media de 20 días por inspección lo que –según el documento de los inspectores—“solamente permitirá una actuación muy superficial (verificación de que lo declarado por la empresa (…) coincide con su contabilidad y el resto de sus estados informativos).
Esas reducciones contrastan con el aumento de las empresas que deben ser investigadas que han pasado de 10.000 en el año 1997 a más de 30.000 en la actualidad sin que el número de inspectores haya aumentado significativamente.
Testaferros y grandes entramados empresariales a salvo
“Estas medidas santifican a los testaferros”, concluyen las mismas fuentes que señalan que a día de hoy sólo hay 700 inspectores y 2.200 técnicos de apoyo haciendo inspecciones en la calle cuando el número de sociedades se ha disparado y también el de personas interpuestas sin activos que hacen de pantalla.
La denuncia coincide con la oficializada en su informe por la IHE que asegura que también los grandes entramados empresariales quedan a salvo del fisco. En un documento de evaluación, la IHE denuncia que “la comprobación de grandes empresas –aquellas con facturación superior a seis millones de euros—corresponde al os Equipos y Unidades Regionales de Inspección, habiéndose triplicado el censo desde el año 1997, pasando de contener 10.000 a más de 30.000. Sin embargo, el número de equipos y unidades dedicados a su comprobación no ha variado significativamente”.
Ya no se pueden votar ni publicar comentarios en este artículo.