Fracasa el intento de Mas de captar personal para su Agencia Tributaria

¿Qué pasaría el día uno después de una declaración de independencia de Cataluña? Pues que habría que financiarla. Habría que recaudar mucho dinero para pagar las nóminas de los empleados públicos y los pensionistas. De ahí que se antoje como algo esencial tener montada y operativa una agencia tributaria propia. Sin embargo, los esfuerzos de la Generalitat por organizarla están fracasando estrepitosamente. En su último y desesperado intento, tan sólo ha conseguido llevarse a seis técnicos de los cerca de 1.100 que tiene la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) destinados en Cataluña, según confirman fuentes próximas a la Agencia sitas en Barcelona.

Aunque cuenta con una pequeña plantilla de formación propia que asciende a unos 150 efectivos, el Ejecutivo catalán está extremadamente necesitado de profesionales especializados con los que poder gestionar la recaudación de impuestos en el supuesto de la secesión. Según sus propios cálculos, necesitaría unos 600 para empezar y unos 7.000 para contar con los mejores estándares europeos, muy por encima de los 3.000 empleados que en total tiene la AEAT en Cataluña. De modo que la Generalitat ha intentado captar personal cualificado para su todavía embrionaria Hacienda propia aprovechando el artículo cuatro de la ley de la Agència Tributària de Catalunya, precisamente ése que ha suspendido el Constitucional y que busca integrar en la administración catalana a trabajadores de la AEAT instalados en Cataluña.

Desde comienzos de año, el Govern había tanteado entre subinspectores y técnicos de recaudación y gestión considerados afines a la causa soberanista. A raíz de esos contactos, dispuso una convocatoria de 24 vacantes a la que finalmente sólo se presentaron 18 miembros de la Agencia estatal. Y eso que ofrecieron el oro y el moro con tal de que no lo rechazasen, desde incrementos de sueldo por valor de 16.000 euros más al año hasta subidas de nivel, pasando por la promesa de altos cargos en el futuro. Todo a cambio de que abandonasen sus respectivos puestos en la sede de la Plaza Letamendi con destino a la calle Fontanella.

La Generalitat tanteó entre los cuerpos técnicos y les ofreció unas condiciones mucho mejores por trasladarse a la administración tributaria catalana. Pero ni por ésas lograron atraer a los profesionales de la AEAT 

Sin embargo, esos 18 fichajes se encontraron este verano con un inconveniente no menor. En su afán de querer mantener por si acaso su antigua plaza, solicitaron a Hacienda una comisión de servicio. Pero la administración tributaria no suele conceder comisiones de servicio a sus trabajadores especializados. Considera que la plantilla es reducida. Por no hablar de que en Cataluña el déficit de personal resulta todavía más acuciante debido a que los funcionarios no suelen querer quedarse allí. Para colmo, está el desafío soberanista de la Generalitat. O sea, que Hacienda dijo que nones a eso de que se fuesen y, encima, se les reservase la plaza. Podrían volver antes de dos años a la Agencia, pero se tendrían que poner a la cola a la hora conseguir un destino determinado.

El reingreso no estaba totalmente asegurado, así que el movimiento de la Generalitat ha acabado en un sonoro y simbólico fracaso. De los cerca 1.100 técnicos que trabajan en Cataluña y de las 24 vacantes planteadas, al final sólo seis se han incorporado a lo que Artur Mas y cía consideran una estructura esencial de Estado. Parece que ha pesado más la plaza fija en el ominoso Estado español que las aspiraciones de construir una nación independiente. "No son capaces de llevarse a nadie. Ha sido ridículo", comentan fuentes de la inspección de Barcelona.

Es más, de los 300 inspectores de nivel A1 destinados a Cataluña, sólo han podido fichar a dos porque los han contratado como asesores cobrando más de 100.000 euros al año para diseñar los impuestos y su recaudación en una Cataluña escindida de España. En este caso, al ser incorporados bajo la condición de alto cargo, Joan Iglesias y Jordi Bixareu no perderán su plaza.

“La idea de los soberanistas consiste en tomar la sede de la Agencia en la Plaza Letamendi y cambiar el rótulo. Pero eso no va a ser tan fácil. Ni los funcionarios están por la labor, ni el Estado va a compartir el sistema informático. La Generalitat está preparando uno propio bajo el nombre de Gaudí pero no tiene la información que hace falta. E ideas tan extravagantes como la de hacer una cadena humana alrededor de la sede para evitar el pago de impuestos a España son irrisorias. ¡Ya todo se hace electrónicamente!”, explican diversas fuentes.

Aún así, el Govern no ceja en su empeño. La vicepresidenta y portavoz, Neus Munté, anunció este martes que la Generalitat continuaría con sus planes para convocar 60 nuevas plazas en octubre.