Economía

La Audiencia Nacional investigará a CaixaBank y Fainé por la compra de BPI

CaixaBank, que mantenía una participación minoritaria en el BPI desde 1995, cerró con éxito en 2017 su opa sobre el banco portugués y pasó a controlar el 84,5% de su capital, gracias a un desembolso de 644,5 millones de euros

Isidro Fainé, presidente de CriteriaCaixa.
Isidro Fainé, presidente de CriteriaCaixa. Efe.

La Audiencia Nacional ha admitido a trámite una querella contra CaixaBank, su expresidente Isidro Fainé, el actual consejero delegado de la entidad Gonzálo Gortázar, Criteria y otras cinco personas por presuntos delitos de abuso de mercado, administración desleal y societarios en operaciones complejas para la adquisición del banco portugués BPI que habrían ocasionado a CaixaBank un perjuicio superior a 1.342 millones de euros.

CaixaBank, que mantenía una participación minoritaria en el BPI desde 1995, cerró con éxito en 2017 su opa sobre el banco portugués, pasando a controlar el 84,5 % de su capital, gracias a un desembolso de 644,5 millones de euros.

La querella, presentada por dos accionistas, también se dirige contra el ex director general de relaciones internacionales Antonio Massanell, dos asesores de la presidencia, Alejandro García Bragado y Óscar Calderón, y el director de cumplimiento normativo, Juan Antonio Álvarez García. Asimismo, incluye a David K.P. Li, consejero de Criteria Caixacorp y presidente del Bank of East Asia (BEA).

La querella sostiene que la permuta de acciones entre CaixaBank y Criteria anunciada en 2015 -operación en la que el banco traspasó sus participaciones en BEA y Grupo Financiero Inbursa (GFI) al holding a cambio de acciones propias representativas de un 9,9% de su capital- causó un agujero de 655 millones de euros a la entidad financiera -a los que habría que sumar un perjuicio patrimonial- en favor de Criteria, aunque en su momento los administradores del banco solo reconocieron un impacto negativo de 14 millones.

Posteriormente, según la querella, para financiar la opa sobre BPI CaixaBank vendió el en mercado acciones propias equivalentes al 9,9% que le había traspasado Criteria por 1.322 millones de euros, cuando en el contrato de permuta se valoraron en 2.009 millones, resultando en una pérdida de 687 millones de euros para la entidad.

En las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2017 se recogía una pérdida de 102 millones de euros, efecto de la "toma de control sobre el banco BPI".

Préstamo a BFA

Los dos accionistas que han presentado la querella sostienen también que CaixaBank concedió un préstamo de 400 millones de euros a Banco de Fomento de Angola (BFA), con objeto de que Isabel Dos Santos, hija del presidente de aquel país y que controlaba cerca del 10 % de BPI, apoyara la entrada de la entidad catalana en el banco luso y se mostrase a favor de retirar las restricciones de OPA.

Según el auto del titular del juzgado central de instrucción n 5, José de la Mata al tiempo que se realizaba la compra de BPI -para lo cual fue "determinante" que Isabel dos Santos eliminara las restricciones-, se produjo además otra operación, la venta del 2 % de BFA a Unitel, la mayor operadora de telecomunicaciones de Angola que pertenece parcialmente a la inversora.

La relación del BPI con Dos Santos -considerada la mujer más rica de África- arranca en septiembre de 2008, cuando la entidad lusa vendió el 49,99 % del BFA a Unitel y se quedó con el 50,01 % restante.

Elevado importe

El juez aclara que el caso compete a la Audiencia Nacional por lo elevado del importe, y por el supuesto perjuicio ocasionado tanto a la entidad como a sus accionistas.

Los querellados, prosigue el magistrado, "utilizaron resortes económico-financieros o regulación mercantil especializada para llevar a la realidad sus intenciones, que por otra parte tenían gran trascendencia económica para la institución, máxime en un momento de aguda crisis bancaria".

Los delitos societarios que se investigan son falsedad de cuentas anuales o de documentos que deban reflejar la situación jurídica y económica de la entidad, y la imposición de acuerdos abusivos en la junta de accionistas.

CaixaBank defiende las operaciones

Por su parte, fuentes oficiales de CaixaBank defienden que "todas las operaciones realizadas para la toma de control de BPI, así como la permuta de acciones en BEA y GFI con Criteria, fueron realizadas en cumplimiento estricto de los requisitos legales y sometidas al conocimiento o autorización de los reguladores pertinentes".

De la Mata ha solicitado diversa documentación a Caixabank, entre ella la relación de miembros del consejo de administración entre 2015 y 2017 y de la comisión de auditoría y control, así como los integrantes de la comisión de consejeros independientes creada "ad hoc" para el análisis de la operación de permuta y la información que manejaron.



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