Energía

Acciona, Cepsa, Carceller y Villar Mir pasan el filtro del contrato eléctrico de Carmena

Las restricciones impuestas por el Ayuntamiento de Madrid para el millonario contrato de suministro eléctrico en la capital dejan fuera a grandes grupos energéticos pero no a todos. Otras destacadas empresas del sector cuentan con el certificado que exige el consistorio para garantizar el origen 100% renovable de su energía

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena.
La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena. EFE/Emilio Naranjo

El polémico concurso del Ayuntamiento de Madrid para elegir proveedor de energía eléctrica ha generado fuertes críticas contra el Consistorio, acusado de emprender una cruzada contra las grandes empresas del sector, toda vez que las condiciones del pliego les deja sin opciones para presentar sus ofertas. Sin embargo, algunos grupos de considerable tamaño logran pasar los exigentes filtros de la corporación municipal, que exige a las comercializadoras un certificado que acredite que el 100% de la energía que proporciona tenga origen renovable. Entre ellas figuran Acciona, Cepsa, Disa (Carceller) y Grupo Villar Mir.

Todos estos grupos cuentan con una empresa comercializadora cuya producción del pasado año tiene en su totalidad un origen renovable, la controvertida condición que contemplan los pliegos del contrato de suministro eléctrico del Ayuntamiento de Madrid. Esta cuestión viene certificada por el informe que todos los años emite la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) acerca de los resultados del sistema de garantía de origen y etiquetado de la electricidad producida en el ejercicio anterior. Sólo aquellas sociedades que certifiquen cero emisiones en el proceso de producción de energía podrán presentar la correspondiente oferta.

Un punto que ha sido considerado como una traba del Ayuntamiento para penalizar a las grandes corporaciones. No obstante, como indica el fallo del Tribunal Administrativo de Contratación Pública (TACP) de la Comunidad de Madrid al recurso presentado por varias empresas del sector, esta condición no cierra la puerta a otras grandes comercializadoras.

En concreto, el TACP apunta como dato que un total de 76 comercializadoras aparecen en el informe de la CNMC sobre el origen de la energía producida por las empresas como compañías libres de emisiones de CO2 (aunque se refería al de 2016, en el de 2017 el número se reduce a 74). Y entre ellas, tanto grandes, como medianas y también (especialmente), pequeñas. Incluso algunas de ellas, meras cooperativas.

Posibles candidatos

Sin ir más lejos, Acciona, cuya presencia en el sector energético se reduce al ámbito de las energías renovables, podría optar al contrato a través de su comercializadora Acciona Green Energy Developments. Por su parte, Cepsa y Disa, focalizadas en el sector petrolero, también cuentan con comercializadoras libres de emisiones (Cepsa Gas y Electricidad y Disa Energía Eléctrica, respectivamente). Mientras, Grupo Villar Mir cuenta con Energya VM Gestión de Energía, que también posee el certificado de origen energético con las condiciones que exige el Ayuntamiento.

En el inicio de la licitación, este aspecto aparecía como uno de los criterios de adjudicación del contrato, es decir, un factor que otorgaba puntuación a las ofertas con vistas a determinar cuál era la mejor. Una circunstancia que fue considerada como discriminatoria por parte de las grandes del sector, que veían cómo sus comercializadoras no podrían obtener puntos por este criterio, toda vez que el origen de la energía que producen es variado.

Gas Natural Fenosa decidió recurrir los pliegos del concurso y el TACP de la Comunidad de Madrid le dio la razón, lo que obligó al Ayuntamiento a modificar las condiciones de la licitación. Sin embargo, el Consistorio no terminó de eliminar esta condición, que dejó de ser un criterio de adjudicación pero se mantuvo como una exigencia técnica.

En juego, 82 mnillones

En este caso, los recursos llegaron desde Endesa e Iberdrola, además de Gas Natural Fenosa (que volvió a reclamar). Pero en este caso, la respuesta del TACP fue favorable al Ayuntamiento, como adelantó El Confidencial, lo que agota la vía contencioso-administrativa. 

En juego, un contrato valorado en 82 millones de euros, dividido en cuatro lotes. En principio, el plazo para presentar ofertas finaliza la próxima semana mientras que la adjudicación definitiva debería producirse antes del verano.



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