Infraestructuras

El AVE británico da una nueva oportunidad a las constructoras españolas con contratos por 1.800 millones

La promotora de la segunda línea de alta velocidad de Reino Unido pone en marcha la segunda fase del proyecto con las incertidumbres del Brexit y de los sobrecostes que arrastra. Las constructoras españolas tienen una nueva oportunidad tras no lograr ni un contrato en la primera fase

Boris Johnson, primer ministro británico
Boris Johnson, primer ministro británico

Nueva oportunidad para subirse al AVE británico. La sociedad promotora de la segunda línea de alta velocidad en Reino Unido prepara ya los trámites para poner en marcha la segunda fase del proyecto, con una serie de contratos de obra valorados en unos 1.800 millones de euros. Una segunda opción para las constructoras españolas, que conformaron consorcios para participar en la primera fase y, de forma sorprendente, no lograron llevarse ninguno de los lotes que estaban en juego.

Aquellos formaban parte de la primera fase, la del trazado que unirá Londres con Birmingham y que constituye la parte principal del proyecto. La segunda plantea alternativas para que la línea llegue también a ciudades como Manchester y Leeds y, en su día, se dividió en dos partes. HS2, la promotora del proyecto, está dispuesta a ponerla en marcha de forma inmediata, pese a una serie de circunstancias que añaden incertidumbre al proceso como el brexit y los informes que alertan sobre los sobrecostes que ha acumulado hasta ahora la línea de alta velocidad.

La primera parte de esta segunda fase comprende la construcción de unos 60 kilómetros de plataforma, aunque el trazado previsto incluye un buen número de viaductos, pasos elevados y túneles, que lo hacen más complicado. Lo más probable es que HS2 divida el contrato en varios lotes, frente a la idea inicial de llevar a cabo, como mucho, dos licitaciones.

Para las próximas semanas está previsto que HS2 convoque a los interesados en participar en esta segunda para informarles sobre los detalles de la misma con el fin de que puedan preparar las ofertas. Los primeros contratos podrían adjudicarse en la primavera del próximo año.

Un informe controvertido

La decisión de HS2 de acelerar los trámites de la segunda fase llama la atención si se tiene en cuenta que la propia promotora acaba de hacer público un informe en el que se alerta de que el presupuesto aprobado originalmente para todo el proyecto, estimado en más de 60.000 millones de euros, precisa de ser elevado al menos un 35% para alcanzar los objetivos propuestos. El documento, enviado al Gobierno británico, propone replantear el proyecto y dar un margen adicional de tiempo de cinco años, con lo que su puesta en marcha se retrasaría hasta 2031.

Según el documento, las necesidades de inversión para la primera fase se han disparado hasta los 42.000 millones de euros al cambio actual, muy alejados de los 30.000 millones de euros previstos en un primer momento. La promotora del proyecto considera que este hecho debe llevar a adecuar el calendario previsto, que contemplaba una primera puesta en servicio en 2026.

En total, HS2 estima que el coste total del proyecto se irá por encima de los 82.000 millones de euros. La elaboración del informe y su publicación responde a una petición del Gobierno británico, que encargó un estudio para conocer el estado actual del proyecto.

Pendientes del 'brexit'

La Secretaría de Estado de Transportes quería contar con un análisis independiente para tomar una decisión al respecto de la segunda línea de alta velocidad del país, que en los últimos meses ha despertado numerosas dudas sobre su viabilidad con el planteamiento actual, incertidumbres que el documento en el que HS2 ha trabajado durante el último mes y medio parecen confirmar.

Sin embargo, aún con un más que probable retraso, HS2 no quiere perder el tiempo y comenzará a dar los pasos previstos para la segunda fase. El proyecto se verá condicionado en cualquier caso por la actual situación política en el país, en situación excepcional por la suspensión de la actividad en el Parlamento decretada por la Reina a petición del primer ministro, Boris Johnson, que mantiene la fecha del próximo 31 de octubre como definitiva para ejecutar la salida del país de la Unión Europea.

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