La Fiscalía de la Audiencia de Barcelona pide juzgar a Neymar por corrupción y estafa

Neymar es acusado por la Fiscalía de un delito de corrupción entre particulares, con una pena de hasta dos años de cárcel y multas millonarias, por engañar al fondo brasileño DIS, propietario del 40% de los derechos federativos de su pase, cuando fichó por el club catalán. Seg adelantó anoche la cadena SER también pide que se sienten en el banquillo su padre y su madre, el club y el expresidente Sandro Rosell, pero solicita el archivo de la causa Josep Maria Bartomeu, actual presidente del Barcelona. 

Para esclarecer el caso, el fiscal pide que se sienten en el banquillo el futbolista Neymar, su padre, su madre, los expresidentes del Barça y Santos, Sandro Rosell y Odilio Rodrigues; los clubes (FC Barcelona y Santos) y la empresa de los padres de Neymar, N&N. A Neymar y a su padre, les atribuye un delito de corrupción, con penas de cárcel de entre seis meses y dos años. Al Barcelona y a Sandro Rosell los acusa de lo mismo, además de atribuirles un delito de estafa impropia, como al Santos y a su expresidente, Odilio Rodrigues.

Según la Fiscalía Neymar firmó a espaldas del fondo brasileño que tenía sus derechos federativos, los contratos con el Barça. El Barça acabó pagando a DIS el 40 por ciento de los 17.100.000 euros que se estableció como traspaso al Santos por los derechos federativos del jugador, pero en realidad el Barcelona pagó 25.171.000 por este concepto, por lo que a DIS le correspondían 10.068.400 euros, y el Ministerio Público entiende que el fondo brasileño debe ser indemnizado con un total de 3.228.440. El FC Barcelona, según el escrito de la Fiscalía, simuló contratos para pagar menos a DIS, y uno de esos contratos fraudulentos también lo firmó Neymar.

Además, el Barça engañó al fondo brasileño al contestarle por carta el 11 de diciembre de 2012, cuando ya había pagado un anticipo de 10 millones a Neymar. El FC Barcelona manifestó que el fichaje de Neymar costó 57.100.000 euros, pero según la Fiscalía el coste de la contratación fue de 83.371.000 euros, a los que habría que sumar otros 13 millones de euros que se dejaron de ingresar a Hacienda con la estructura fraudulenta creada para el fichaje.