La impunidad con el dopaje en España vuelve a quedar en evidencia

Según informa este domingo el diario El País, el pasado 26 de julio, mientras la candidatura de Madrid 2020 se esforzaba por dar una imagen de dureza contra el dopaje en España, el Comité Español de Disciplina Deportiva (CEDD) dio la razón y enterró la suspensión al triatleta Xavier Llobet,  quien llegó a confesar que el exciclista del Kelme Jordi Riera Valls le suministraba sustancias dopantes.

En febrero de 2011, los Mossos d’Esquadra anunciaron la detención de siete personas dentro de la llamada Operación Cursa. Entre los implicados está Riera. La policía autónoma catalana busca a los intermediarios y a los responsables de una farmacia de Andorra que ha enviado por mensajería 536 paquetes entre el enero de 2010 y el 10 de marzo de 2011. El 40% fueron a decenas de atletas, entrenadores y personas relacionadas con el deporte en España y Portugal.

Llobet, olímpico en Atenas 2004, declaró ante los mossos como testigo. El dopaje no era entonces delito, aunque sí para quienes traficaban con sustancias dopantes. El triatleta fue sin abogado y estaba obligado a decir la verdad. Preguntado sobre qué sustancias le proporciona Riera, respondió que “antiguamente le ha suministrado hormona de crecimiento y EPO y que le había hecho últimamente un pedido pese a que no tiene demasiado interés en continuar con el consumo de sustancias, dado que está en trámite de aceptar un trabajo externo a la competición deportiva”.

Mes y medio más tarde, Llobet vuelve a declarar. Esta vez ante el juez. Y cambia de versión. Allí dice que Riera “nunca le ha asesorado sobre medicamentos”. Sí admite que él preguntó a Riera sobre “Actos, clembuterol, inyecciones y testosterona”, pero añade que la única relación fue que le dio una caja de medicamentos como “regalo porque se la quería quitar de encima”. Preguntado por la conversación y el encargo de tres cajas de Actos, dice que “no recuerda”.

Más de dos años después, el CEDD ante el que recurrió el triatleta sostiene en la resolución que la declaración como testigo “no estaba acompañada de las garantías que rodean la condición de imputado”, algo que le habría permitido ir con un abogado y sin obligación de decir la verdad. Considera que no es una prueba válida, ya que no fue ratificada ante el juez y señala que el derecho a no declarar contra uno mismo y a no confesarse culpable es algo básico. El abogado de Llobet, Miguel López, recuerda que Llobet ha pasado “mil controles antidopaje y en ninguno ha dado positivo”. “Si hubiera cualquier indicio habría estado imputado”, añade. 

Pero no fue solo este triatleta el que se salvó. Entre junio y julio, el CEDD anuló las sanciones a Jessica Rodríguez porque consideró que la infracción estaba prescrita al contar los plazos de manera distinta que la Federación de Triatlón; a Santiago Arnés le dio la razón al aceptar que la compra de la sustancia dopante pudo ser la que dio origen a un positivo que el atleta tuvo en 2009; a Sergio Martín, porque negaba estar federado y en el expediente no había copia de su licencia, y a Diego Rodríguez por “insuficiencia probatoria”. Los que recurrieron al comité ganaron. Los que no lo hicieron se quedaron con su sanción.

En total, de decenas de deportistas mencionados por los mossos apenas hay sanciones. Solo triatlón se personó en la causa. Suspendió a 13 y los cinco primeros deportistas que han recurrido al tribunal deportivo ganaron. Atletismo dice que no ha expedientado. Ciclismo está a punto de imponer sanciones, pero archivó algunos de los que sancionó triatlón, como el caso de Llobet.

El CEDD es un órgano llamado a desaparecer con la nueva legislación y el secretario de Estado para el Deporte, Miguel Cardenal, ha llegado a criticar en público algunas de sus resoluciones. Ana Muñoz, hasta el viernes directora de la Agencia Antidopaje y ahora directora general de Deportes, asegura a El País “al poco de llegar, pedí la situación de los expedientes de la Operación Cursa. Vi que las federaciones lo habían tratado de forma distinta. Había expedientes prescritos, otros no resueltos, otros recurridos... Pedí que la competencia pasara a la agencia y suspendimos los procedimientos hasta que termine la instrucción para que no prescriba”. 

"Con la nueva Ley, esto no pasaría”, dice Ana Muñoz. Esta Ley, aprobada en marzo de este año, días antes de que el COI visitara Madrid para evaluar la candidatura a los Juegos, prevé utilizar los datos de los procedimientos penales para sancionar. “Es incomprensible que si alguien acepta que ha cometido unos hechos no sirva para sancionarlo". Unc caso parecido a lo ocurrido en la Operación Puerto, el macroproceso contra el dopaje en el ciclismo que acabó con penas mínimas.