Democracia y mercado

La reforma del TC: ¿necesaria o inoportuna?

El PP está dispuesto a llevar adelante una reforma de la Ley Orgánica que regula el funcionamiento del Tribunal Constitucional. Explicado rápido y mal, el objetivo es dotar al mismo de capacidad para hacer cumplir sus sentencias. Así, el TC podrá"acordar la suspensión de funciones de las autoridades o empleados públicos”, las multas a imponer serán bastante más elevadas (de 3.000 a 30.000 euros, cuando antes no pasaban de la primera cifra), y un proceso penal por desobediencia en tribunales ordinarios será viable.

No es muy habitual que todas las asociaciones de profesionales de la judicatura se pronuncien a favor de una medida, pero la decisión de reforzar las capacidades del TC lo ha conseguido

No es muy habitual que todas las asociaciones de profesionales de la judicatura se pronuncien a favor de una medida, pero la decisión de reforzar las capacidades del TC prácticamente lo ha conseguido. De esta manera, Pablo Llarena, presidente de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM), piensa que "nadie puede negar la conveniencia" de la reforma. Conrado Gallardo, presidente de la (según ellos) menos partidista Foro Judicial Independiente (FJI), afirma que “me parece bien y es necesario. Hemos visto a veces como sus peticiones se quedaban en nada por falta de medios para hacerlas eficaces”. E incluso Joaquim Bosch, portavoz de la progresista Jueces para la Democracia, ha venido a aceptar que es buena idea intentar que las decisiones del Tribunal “no queden en papel mojado”.

De hecho, resultaba un tanto extraño que las sentencias de una instancia tan elevada como el TC no estuviesen respaldadas por un poder de ejecución y una garantía de cumplimiento mayor por parte de los implicados en cada proceso. No es solo el Govern de la Generalitat de Catalunya, Convergencia o la lista soberanista de Junts Pel Si lo que debe preocuparnos: las posibles sentencias del Constitucional abarcan tanto como la norma a la cual hacen referencia, garante de los derechos (¡y deberes!) a los que llegamos por pacto, y que ninguna institución puede saltarse por muy democrática que se considere. Pues la Constitución es, en realidad, la última línea de defensa de la democracia.

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El Partido Popular ha comenzado el curso político con una tentativa de decretazo. La intención de dar al Tribunal Constitucional una mayor capacidad para hacer cumplir sus sentencias no podría ser más oportuna para los intereses electorales de los conservadores en Catalunya. Aunque aún no haya empezado oficialmente, la campaña ya va a toda máquina. El PPC no ha hecho sino perder enteros en los últimos tiempos, y el polémico García Albiol, por sus coqueteos con el racismo, no parece ser el salvavidas que necesitan. Albiol lo sabe, y probablemente por ello pidió a Génova una mayor implicación política. Que ahora le ha sido concedida.

Quizás lo que más conviene a cada extremo es que el otro siga existiendo, siga creciendo, porque el de acá sin el de allá nada es

No son novatos, los populares, en este negociado. Como nos recordaba Pablo Simón, el Plan Ibarretxe ya incitó al gobierno de Aznar a una reforma de otra ley fundamental en la definición de castigos. En este caso, el Código Penal. Una enmienda diseñada para meter en la cárcel a quien convocase un referéndum ilegal. Distinta norma, mismo objetivo: potenciar el perfil de ‘salvador de España’ que tiene o pretende tener el PP a costa de nuestro ordenamiento jurídico.

La reforma actual es, si cabe, más inoportuna. Y lo es porque en tres semanas y pico los catalanes votarán. La acción de Madrid está destinada con poca duda a influir en el resultado de las elecciones. En este sentido da un poco igual si lo logrará o no, si es, como algunos piensan, una ‘ayuda’ más para fabricar independentistas o de si servirá para contenerlos. O tal vez consigue ambas cosas al mismo tiempo. Porque quizás lo que más conviene a cada extremo es que el otro siga existiendo, siga creciendo, porque el de acá sin el de allá nada es.

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Los dos textos anteriores constituyen dos pequeños artículos en uno. Mientras dudaba sobre cuál de los dos enfoques tomar para esta pieza, decidí que no tenía que decidirme. Se puede defender al mismo tiempo que una reforma determinada es necesaria pero resulta muy inoportuna.Lo curioso es lo poco que se ha visto esta postura entre medios, partidos, políticos y opinólogos. En su lugar observamos más a menudo enmiendas a la totalidad, acusaciones de inconstitucionalidad incluso, enfrentadas a apoyos sin fisuras a una medida calificada de ‘urgente’ o hasta ’valiente’. Y es que, una vez más, la guerra de trincheras deja poco espacio a los matices. Que son los únicos que, de verdad, pueden salvar a España.


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