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Cataluña

El Parlament se pliega a la petición de Torra y escenifica un falso pulso con la Justicia

Carles Puigdemont y Quim Torra en una imagen de archivo.

El Parlamento catalán no ha movido las fechas del debate de política general, uno de los plenos más importantes del año, coincidiendo así con los días en los que Quim Torra está citado en el juicio por desobediencia en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

Se da la circunstancia que el Parlament sí ha modificado plenos este mismo año por una huelga independentista y por la finalización del inicio del juicio del procés.

La estrategia del presidente de la Generalitat, en clara connivencia con el bloque independentista, se centra en poner en la diana al TSJC. Torra ya había dejado la puerta abierta a la posibilidad de no asistir al juicio, como una parte más de la respuesta a la sentencia del juicio del 1-O. Los independentistas están debatiendo ahora sobre la posibilidad de realizar una huelga de larga duración en Cataluña como protesta.

El TSJC, en la diana

"No ir sería poner de manifiesto que nos tenemos que plantar", afirmaba hace apenas dos días, para acto seguido referirse a las fechas del juicio por colgar lazos amarillos y no quitarlos en plena campaña electoral: "Quien tiene el problema es el TSJC y nosotros tenemos que saber si respeta la separación de poderes". Por este juicio, Torra se podría enfrentar a 18 meses de inhabilitación.

El presidente de la Generalitat no ha pedido al Parlament cambiar la fecha, y los independentistas, inmersos en una guerra interna por el liderazgo en la unidad de acción, no la han modificado pese a hacerlo los días 20 y 21 de febrero -se trasladó a la semana siguiente- y el del 12 y 13 de junio -pospuesto a los 13 y 14 de ese mismo mes- debido a la finalización del juicio del 1-O. Dos antecedentes que demuestran que no mover el pleno de finales de septiembre es solo un paso más en la búsqueda de una mayor crispación y por tanto la "confrontación" que tanto anhelan ahora el núcleo más radicalizado.

"No hacerlo es utilizar el Parlamento para abonar de forma irresponsable la confrontación institucional", ha afirmado la diputada socialista Eva Granados. El PSC había pedido el cambio de fechas para no alimentar aún más la tensión.

Generar tensión para avivar la confrontación

La tensión promovida por el Gobierno catalán se sucede tan solo un día después de que la petición de recusación del presidente del TSJC, Jesús María Barrientos, en el juicio por los lazos amarillos. Según Torra, el magistrado no es "imparcial".

Para Torra, Barrientos incumple con el criterio de imparcialidad por sus manifestaciones públicas "absolutamente contrapuestas" a las del presidente autonómico. "Lo que se exige de un Juez es que la misma (la opinión) no se haga pública sin esperar las consecuencias legales porque eso afecta a la imagen de imparcialidad que ha de tener toda persona llamada a enjuiciar", afirmaba el escrito presentado.

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