Cataluña

Procesan a los directores de TV3 y Catalunya Radio por apoyar el 'procés'

La juez ha absuelto a Santiago Vidal, redactor de la Constitución Catalana; y a Carlos Viver Pi Sunyer, el ideólogo del 'procés'

El juez de Barcelona Santiago Vidal.
El juez de Barcelona Santiago Vidal. EFE

Alejandra Gil, magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, ha procesado a 30 personas por los preparativos del referéndum ilegal del 1-O. Entre los procesados por desobediencia se encuentran los directores de TV3 y Catalunya Ràdio, Vicent Sanchis Llàcer y Saül Gordillo Bernárdez, respectivamente; Antoni Molons, exalto cargo de la Generalitat; Amadeu Altafaj, Albert Royo, Pablo Raventós y Jaume Clotet, entre otros. Este es el listado completo que aparece en el auto y los supuestos delitos cometidos.

También esta procesada la vicepresidenta de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA), Nuria Llorach, por desobediencia por emitir propaganda del referéndum, especialmente en la última quincena de septiembre de 2017. Por estos servicios, la CCMA facturó 93.179,56 y 184.624,8 euros sin IVA. Por este motivo están también procesados Sanchís y Gordillo. Los tres no evitaron, impidieron o dificultaron la celebración del referéndum. "Pese a ello, mostraron su conformidad para que se emitieran en los entes que dirigen los anuncios del referéndum y en ningún momento, pudiéndolo hacer, decidieron suspender las emisiones". Según las pesquisas, existen mails que muestran la conformidad de ambos a la emisión de estos spots.

Por otro lado, la magistrada ha librado del banquillo a Santiago Vidal, juez y redactor de la Constitución Catalana, y a Carlos Viver Pi Sunyer, ideólogo del 'procés', de la causa abierta por los preparativos de la convocatoria de referéndum del 1 de octubre de 2017.

Según la jueza, no se han encontrado indicios suficientes respecto a quince de los investigados, entre los que se encuentran el redactor de la Constitución Catalana y el denominado arquitecto del procés, Vidal y Vives Pi Sunyer, respectivamente, junto a Antonio Jesús Vargas Castillo, Joan Martín Angulo Arrese, Jordi Cabrafiga Macias, José Maria Sevilla Reig, Àngels Barbarà Fondevilla, José Oriol González Martínez, Lluis Domingo Anaya Torres, Pau Furriol Fornells, Ricardo Martí Ramón, Sergi Aymerich Roman, Sergio Bellido Andújar, Valentín Arroyo Peña y Felipe Andanuche Serra.

Carlos Viver Pi Sunyer, arquitecto del procés

Carles Viver Pi Sunyer fue director del Instituto de Estudios de Autogobierno del Gobierno catalán. Este veterano catedrático fue cesado por el Gobierno tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución. En el pasado fue vicepresidente del Tribunal Constitucional y en la última época asesoró a los expresidentes catalanes Artur Mas y Carles Puigdemont.

A él se le atribuyó la redacción de las leyes de desconexión, una participación que le sitúa como el arquitecto de la independencia, a juicio de los investigadores. La Guardia Civil interceptó una llamada suya en la que hablaba con la mujer del exconseller de Interior Jordi Jané. Carles Viver hablaba con la mujer, llamada Margarita Gil, sobre la operación de la Guardia Civil que había tenido lugar tres días antes, la del cerco a la delegación de Economía de la Generalitat.

Santiago Vidal, redactor de la Constitución Catalana, reculó en su declaración

Le dijo Viver a su interlocutora que la Guardia Civil se había personado en su despacho y le había requisado el teléfono móvil y el ordenador, pero añadió que él estaba "muy limpio", según consta el informe del Instituto Armado. "", dijo, pero añadió a Margarita Gil que lo había limpiado porque le avisó su marido (Jordi Jané) "ya hace tiempo". "Le hice caso así que no encontrarán grandes cosas", zanjó.

El exjuez y exsenador de ERC Santiago Vidal, considerado uno de los padres de la fallida Constitución de la república catalana, reculó el en su declaración como imputado ante el titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez SunBuscaban el whatsapps y esas cosasyer, ya fallecido. Fue en febrero de 2018 y se retractó de sus polémicas declaraciones realizadas un año antes en las que aseguraba que la Generalitat disponía de la base de una Hacienda catalana y una partida de 400 millones de euros para declarar la independencia.

"Yo presenté mi dimisión voluntaria el 21 de enero de 2017, precisamente porque era consciente de que estas manifestaciones, que yo no había contrastado, y que no puedo decir de ninguna de las maneras que sean ciertas en absoluto, excedían el ámbito de mis competencias", declaró Vidal.

El Supremo ha ordenado readmitir a Santiago Vidal el pasado mes de marzo, quien fue apartado de la carrera judicial por esta redacción. El Alto Tribunal siguió el dictamen del Constitucional.

Firme prósito de la Generalitat para convocar un referéndum

La magistrada ha realizado un repaso histórico de todos los movimientos de la Generalitat desde 2012, presidida entonces por Artur Mas, hasta el 1-O de 2017. En su conclusión señala que hubo un "firme propósito, exteriorizado con intensidad creciente desde 2012, en celebrar una consulta referendaria, ensayada en noviembre de 2014, con la finalidad de ejercitar el derecho de autodeterminación y la constitución de un nuevo estado, independiente de España, y que tuvo su plasmación en el referéndum del  uno de octubre de 2017 y su corolario en la declaración de independencia", realizada el 27 de octubre de 2017.

Los 30 procesados por el procés en Barcelona

Por otro lado, la juez ha abierto causa contra 30 personas por delitos de malversación de caudalespúblicos, prevaricación, desobediencia, falsedad documental y revelación de secretos. Entre los procesados por desobediencia se encuentran los directores de TV3 y Catalunya Ràdio, Vicent Sanchis Llàcer Saül Gordillo Bernárdez, respectivamente; Antoni Molons, exalto cargo de la Generalitat; Amadeu Altafaj, Albert Royo, Pablo Raventós y Jaume Clotet, entre otros. Este es el listado completo que aparece en el auto y los supuestos delitos cometidos.

Antoni Molons García, secretario de Difusión y Atención Ciudadana del Departamento de Presidencia de laGeneralitat, malversación y prevaricación.

Joaquim Nin Borreda, secretario general del Departamento de Presidencia de la Generalitat, malversación, desobediencia y prevaricación.

Jaume Clotet Planas, director general de Comunicación del Gobierno de la Generalitat, malversación.

Josep Ginesta Vicente, secretario general de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia, malversación.

David Palanques Bonavia, responsable del área TIC del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia, malversación.

David Franco Sánchez, responsable del área TIC del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia,malversación.

Francesc Sutrías Grau, director general de Patrimonio (vicepresidencia, Economía y Hacienda), malversación y desobediencia.

Aleix Villatoro Oliver, secretario general del Departamento de Asuntos y Relaciones Institucionales y Exterior y Transparencia de la Generalitat, malversación, desobediencia, revelación de secretos y prevaricación.

Amadeu Altafaj Tardio, director de la delegación del Gobierno de Cataluña ante la Unión Europea, malversación y prevaricación.

Albert Royo Marine, secretario general del Patronato Cataluña Mon-consell de Diplomacia Pública de Cataluña, malversación y falsedad documental.

Natalia Garriga Ibáñez, directora de Servicios integrada en la Secretaría General dependiente de la Vicepresidencia de Economía, malversación.

Pablo Raventós, director general de Unipost, malversación y desobediencia.

Rosa Maria Rodriguez Curto, directora general de Servicio de T-Systems, malversación.

Josué Sallent, director de Estrategia e Innovación en el CTTI, malversación.

Xavier Puig Farré, responsable del área TIC del Departamento de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia, malversación.

Francesc Fabregas Bonet, administrador de El Vallenc, malversación y desobediencia.

Rosa Vidal Planella, interventora general de la Generalitat, malversación, desobediencia y falsedaddocumental.

Meritxell Massó Carbó, secretaria general del Departamento de Gobernación, desobediencia

Nuria Llorach Boladeras, vicepresidenta y administradora única de la CCMC, desobediencia

Frederic Udina Abelló, director de IDESCAT, desobediencia y revelación de secretos.

Montserrat Vidal Roca, área de Procesos Electorales y consultas Populares, desobediencia.

Vicent Sanchis Llàcer, director de TV3, desobediencia.

Saül Gordillo Bernárdez, director de Catalunya Ràdio, desobediencia.

Martí Patxot, director corporativo, comercial y de márketing de CCMA, desobediencia.

Mercedes Martínez, encargada de supervisar las obras en una nave que debía servir de centro de recogida de datos, desobediencia.

Joan Manel Gómez Sanz, jefe de Riesgos del Centro de Seguridad de la Información del Consorcio de laAdministración Abierta de Cataluña, desobediencia.

Josep Masolivé Puig, trabajador de Fundacio.cat, desobediencia.

José María Gispert Giménez, gerente de Indugraf Offset SA, desobediencia.

Marta Garsaball Pujol, autorizada en una cuenta bancaria en Bruselas cuyo titular era la Delegación del Gobierno de la Generalitat, falsedad documental.

Daniel Gimeno Alcañiz, responsable del tratamiento del fichero de datos del Registro de participantes en consultas no refrendarias, revelación de secretos.

La malversación, el eje central del procesamiento

La juez desgrana los conceptos y actuaciones que dieron lugar a la disposición, o compromiso, de fondos públicos con la finalidad de financiar la convocatoria del referéndum del 1-O. 

El registro de catalanes en el exterior.- En el auto aparece Rosa Maria Rodriguez Curto, directora general de Servicio de T-Systems, en una conversación que mantuvo con un empleado de su empresa para realizar una serie de cambios urgentes, exigidos por la Consejería de Asuntos Exteriores, en manos entonces de Raül Romeva. La directora le exigió al trabajador que los realizara "cagando leches porque mañana aprueban la ley esa". Se aportan hasta cuatro testimonios que así lo corroboran. 

Curto fue "la encargada de negociar y supervisar con los representantes de la Generalitat el desarrollo de los proyectos y era consciente que las modificaciones en la aplicación iban a ser utilizadas para el referéndum del 1-O", según asegura la juez. El director gerente de esta empresa, Miguel Ángel Sánchez, fue "apercibido por la Polícia que en caso de recibir un encargo de la Generalitat para realizar cualquier aplicación o proyecto relacionado con el referéndum ilegal el 1-O debía comunicarlo inmediatamente".

El 25 de enero, T-System comenzó a recibir mail de la Generalitat relacionados con los preparativos de la consulta, según el material requisado en los registros de su despacho el 20 de septiembre. Rodríguez mantuvo una conversación con Josúe Sallent, en la que éste le espeta si T-Systems "les ayuda o les boicotean" y que "lo estaban echando todo por tierra". Al día siguiente se había convocado "un gabinete de crisis", afirmando que debían cumplir con los compromisos bajo la amenaza: "Se la están jugando".

Para la juez, Xavier Puig Farré fue el "principal interlocutor técnico de la Generalitat con T-Systems. Tras la puesta en marcha de la web referendum.cat, el 7 de septiembre, se inició la fase de inscripción en el Registro de catalanes en el exterior. Puig Farré se encargó, según el auto, de supervisar el funcionamiento del registro de catalanes en el exterior, ampliando la capacidad de almacenaje del buzón, supervisando que el envío de correos a los ya inscritos funcionara correctamente.

Según relata la juez, en una conversación el 14 de septiembre, una persona no identificada le señala a Puig Farré que "la gente que está trabajando están asustados porque no hay unos criterios...que no sabe qué pasará con el registro, si se borrará cada noche o no".

Los gastos que aparecen en el auto, alcanzan los 87.658,65 euros sin IVA, por las mejoras en el aplicativo del registro de catalanes en el exterior, un importe que se dividió en tres facturas: 21.393,45; 29.694,84 y 25.841,82 euros. Estos importes se abonaron en transferencias bancarias por el CTTI de la Generalitat. Estos son los únicos gastos imputables al 1-O, ya que los anteriores fueron imputados a la consulta del 9-N. A este montante, se le añaden otros 6.538 euros para prevenir problemas a nivel de servidor de un deploy de la aplicación. La cuantía total alcanza los 94.196,65 euros.

Para dar publicidad a esta aplicación se solicitaron los servicios de Estudi Dada SL, adjudicataria del anuncio del registro de catalanes en el exterior, por un importe de 8.950 euros sin IVA.

Respecto al anuncio SÍ o no?, sobre un mapa de Cataluña, en el que se promueve la inscripción de los catalanes en el extranjero, fue difundido en Internet por una unión temporal de empresas formada por Karduman Grau Clotet y Nothingad Comunicació, un contrato que fue firmado por el secretario general de la Presidencia, Joaquim Nin Borreda, con una factura de 80.440,19 euros. En la prensa escrita, Focus Media SL difundió la campaña por un importe de 130.865,15 euros, aunque no consta que haya sido pagada. Estos anuncios fueron publicados en El Punt Avui, y facturados a Group M con dos facturas de 18.791,19,  6.263,73 y otros 7.516,47 euros.

Por otro lado, las agencias Carat España y Focus Media renunciaron a la campaña Civisme, que fue identificada como una parte más del 1-O. La primera renunció a un concurso de 2,242466 millones de euros y la segunda a 2,2299 millones de euros. Finalmente se exigió que algunas campañas fueran emitidas por los medios públicos TV3 y Catalunya Ràdio, con facturas de 3.600, 93.179,56 y 184.624,85 euros sin IVA.

Para los gastos de reparto, la Generalitat solicitó los servicios de Unipost, cuya factura para realizar los envíos alcanzaba los 980.313,76 euros.

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