Publicado: 10/07/2019 18:37
La juez de Barcelona que investiga presuntos contratos irregulares en la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) cuando la dirigía Laura Borràs ha pedido al Congreso que certifique su condición de diputada de JxCat, trámite previo a elevar el caso al Tribunal Supremo, ya que es aforada.
La titular del juzgado de instrucción número 9 de Barcelona ha remitido un escrito al Congreso, a que ha tenido acceso Efe, en el que solicita que se le expida una "certificación acreditativa" de la condición de diputada, y por lo tanto aforada, de la exconsellera de Cultura y portavoz de JxCat en la Cámara Baja.
La Mesa del Congreso ha respondido a la magistrada con un escrito en el que le recuerda que "la relación entre los poderes constitucionales, como es el caso de las Cortes Generales y el poder judicial, debe hacerse siempre a través de sus más altos órganos", por lo que corresponde al Supremo cursar esa petición, si así lo considera procedente.
Relación actualizada
El escrito recuerda además a la juez que el Tribunal Supremo cuenta con una "relación actualizada" de los miembros de la cámara, que el Congreso le hizo llegar en virtud de un acuerdo de la Mesa del pasado mes de mayo.
Con esta gestión, la juez instructora da los primeros pasos para elevar al alto tribunal la investigación que tiene en sus manos la presunta adjudicación irregular de contratos en la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), unas pesquisas que hasta ahora se han centrado en un colaborador de la diputada y exconsellera de Cultura.
Concretamente, los contratos investigados corresponden a tres trabajos digitales por un importe total de 45.500 euros que Borràs encargó presuntamente entre los años 2015 y 2017, cuando dirigía la ILC, a un programador informático que había colaborado con ella en un máster que la exconsellera impartía en la Universitat de Barcelona.
Concurso público
La juez, que ordenó a los Mossos d'Esquadra registrar el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) de la Generalitat y la ILC en busca de los expedientes sobre esos trabajos, ha investigado si los contratos fueron troceados para eludir la convocatoria del preceptivo concurso público.
Ante posibles indicios de la implicación de Borràs en las presuntas irregularidades, la juez ha emprendido los trámites para llevar el caso al Supremo, de forma que sea el alto tribunal el que decida si abre una investigación a la diputada.
Hasta ahora, las pesquisas se han centrado en un colaborador de Borràs que está procesado por tráfico de drogas y falsificación de moneda.
La defensa de Borràs ha presentado un escrito en el juzgado de instrucción número 9 de Barcelona en el que pide la nulidad de la causa, alegando que la ha estado investigando sin notificárselo y sin tener competencias para ello.
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