Publicado: 29/01/2019 05:15
La Generalitat ha cedido a la presión del taxi para acabar con la huelga indefinida. Este martes se aprueba el decreto autonómico contra las empresas de vehículos de alquiler con conductor (VTC). A éstas se les impone una hora de precontratación, quince minutos como mínimo y el resto del tiempo regulado por los Ayuntamientos, y el fin de la geolocalización, pese a que Cabify había propuesto a los taxistas incluirles en su aplicación.
La Generalitat fija por ley estos quince minutos, una resolución que tan solo puede tumbar el Gobierno de España mediante un recurso ante los tribunales. El resto del tiempo lo fijará el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) y los consistorios de Cataluña. Esta normativa municipal sí puede ser recurrida por los organismos de Competencia y las empresas. Aunque aquí el tiempo corre en contra de las VTC, cuanto más se alargue el proceso, más dinero dejan de ingresar en las arcas, terminando así con la actividad de estas empresas en Cataluña.
El decreto se aprueba tras cinco días de cierre patronal en Barcelona, con calles cortadas, manifestaciones masivas y agresiones a conductores VTC, quienes han iniciado una serie de protestas para defender los 4.000 puestos de trabajo que se perderían si entra en vigor esta nueva normativa.
El consejero de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat, Damià Calvet, se había comprometido con los taxistas a aprobar este decreto este martes
El consejero de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat, Damià Calvet, se había comprometido con los taxistas a aprobar este decreto este martes, una nueva regulación a la que se han opuesto tanto las empresas VTC como los propios conductores, que cuentan con el apoyo del sindicato UGT, que había firmado un acuerdo con Uber y Cabify para defenderles.
Tomando como ejemplo la misma estrategia que los taxistas durante la huelga, los conductores de las VTC se han movilizado estos días como protesta para tratar de esquivar la normativa. La última de ellas, tras cortar varios carriles de la Diagonal, se produjo ayer lunes con una marcha desde la plaza Francesc Macià hasta la sede de la Consejería de Calvet. De los 4.000 conductores afectados tan solo se han acercado 500.
Batalla judicial
Las VTC han tratado de convencer a la Generalitat para evitar el cierre de empresas, pero el Ejecutivo catalán se ha plegado, junto al Ayuntamiento y la AMB, a los intereses de los taxistas. El Ejecutivo de Quim Torra ha afirmado que la intención es hacer convivir a ambas partes.
En caso de que finalmente el decreto no se mueva, las VTC continuarán con las protestas e iniciarán una ronda de contactos con las Consejerías de Trabajo y Economía, así como con algunos partidos políticos en el Parlament.
Desde las VTC han asegurado que en caso de aprobarse saldrían de Cataluña, aunque la reacción apuntada en caliente podría dar paso a una ofensiva en los tribunales y recursos de Competencia. "La hora no existirá", han apuntado fuentes de las empresas a Vozpópuli, quienes apuntan que darán la batalla legal contra todos los puntos del decreto.
UGT, sindicato de las VTC
Desde UGT, el sindicato que defiende a los conductores de las VTC, han incidido en la necesidad de mantener los puestos de trabajo en ambos sectores y que es posible la coexistencia de los dos modelos dentro del ámbito del transporte de viajeros en vehículo de turismo.
"Ante esta situación, pedimos a la AMB que antes de tomar cualquier iniciativa reguladora tenga en cuenta todas las partes implicadas, especialmente los trabajadores que se pueden ver afectados de manera muy directa en la continuidad de sus puestos de trabajo", ha considerado, para añadir la petición a las empresas del sector una actuación responsable y evitar "medidas tan drásticas precipitadas sin conocer la impacto real que tendrá la entrada en vigor del decreto".
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