Publicado: 17/07/2019 17:22
El bufete catalán Fieldfisher Jausas y el fondo Ramco Litigation Funding financiarán las demandas de clientes particulares con más de 300.000 euros perdidos en la ampliación de Banco Popular de 2016 y/o compraron otros instrumentos con anterioridad a esa operación.
Los clientes "no correrán riesgo alguno", según ha declarado Jordi Ruiz a preguntas de Vozpópuli. Si ganan, los clientes recuperarán lo perdido y darán entre un 30% y un 35% de la cantidad al fondo. En caso de pérdida del juicio, no tendrán que aportar montante alguno, ni siquiera las costas, ha explicado el letrado.
Se trata de la mayor demanda de clientes particulares contra la macroampliación de capital de 2016 que llevó a cabo Banco Popular. A su juicio, "la entidad financiera realizó la operación presentando falsedad en las cuentas", motivo por el que, según indica, se pedirá la restitución íntegra del dinero.
Para Ruiz, "no solo las cuentas de 2016 del Banco Popular son falsas, sino también las de ejercicios anteriores, como las de 2015, y muy posiblemente las de 2014 y 2013". "Existen actas en las que se estipula que el Banco Popular se apartó de la normativa contable", ha continuado el abogado, explicando la reexpresión de las cuentas de 2017, no firmadas por Emilio Saracho, y que arrojaban unas pérdidas en la entidad de 4.100 millones de euros.
"Este acuerdo es muy positivo porque no sólo beneficia a los inversores minoristas que adquirieron instrumentos financieros después de la ampliación de capital de 2016 sino también aquellos que compraron con anterioridad", había comunicado el despacho a primera hora de la tarde de este miércoles. La alianza entre el fondo y el bufete se produce tras dos años de investigación en el caso Banco Popular, con un resultado satisfactorio para los intereses de inversores tanto minoristas como profesionales.
Los requisitos de los clientes
Para acceder a este acuerdo, los clientes deben demostrar unas pérdidas de 300.000 euros como mínimo en la ampliación de capital y en la compra de otros productos adquiridos con anterioridad. El fondo se encarga de los costes de minutas de abogado, procurador, peritos y riesgo de costas. A cambio, los clientes darán entre el 30% y el 35% de la indemnización siempre y cuando se gane el proceso.
El despacho estima que serán unos 200 clientes que se beneficiarán de este pacto. La intención del fondo es sumar un conjunto de clientes cuyas cuantías asciendan entre 150 y 250 millones de euros. En caso de no llegar a este mínimo no habría litigio, pero no se superará el máximo establecido.
Los potenciales beneficiarios tienen hasta el mes de noviembre para reservar la plaza. Para ello solo será necesario aportar la documentación correspondiente, sin realizar transacción alguna. "Si se alcanzara el importe máximo previsto probablemente sería el mayor caso de reclamación judicial contra un banco dirigida por un solo despacho de abogados en España", ha dicho Ruiz.
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