Cataluña

Tusquets y Masià sitúan a Scytl en el centro del recurso contra los resultados de la Cámara de Barcelona

Los candidatos a la presidencia de la Cámara de Barcelona interponen un recurso de alzada ante la Generalitat de Cataluña con la petición de anular los resultados electorales debido a la vulneración de derechos fundamentales

Ramón Riera (dcha); Carles Tusquets (centro) y Pere Viñolas (dcha)
Ramón Riera (dcha); Carles Tusquets (centro) y Pere Viñolas (dcha) Álvaro Medina

Las candidaturas de Carlos Tusquets y Ramón Masià han explicado los motivos de la impugnación de las elecciones de la Cámara de Comercio de Barcelona del pasado mes de mayo. Según ha explicado Mercedes Cuyás, del bufete Maresca, especialista en temas administativos, se han vulnerado una serie de derechos fundamentales como el principio de igualdad.

El voto electrónico es el centro de la polémica del recurso de alzada. A juicio de Cuyás en el voto electrónico no se pidió una doble identificación, tal y como se había establecido desde antes de iniciarse el proceso electoral en la Cámara de Barcelona. De los 19.911 votos emitidos en esas elecciones, 16.225 fueron votos remotos, un 85% del total, sin que se hayan auditado todos ellos tras la polémica generada por la falta de garantías. "Se han producido irregularidades e ilegalidades de calado" en estas elecciones, ha afirmado Cuyás

En el recurso de alzada, que laún no ha recibido la Consejería de Empresa por "la vía administrativa" tras haberlo enviado el despacho a las 13:31 horas de este jueves, según han confirmado a Vozpópuli desde la candidatura de Tusquets, se ha pedido anular los resultados de las elecciones del pasado mayo, por el que la candidatura Eines del País, próxima a la Asamablea Nacional Catalana, obtuvo la mayoría absoluta en el pleno al conseguir 31 de los 60 asientos totales del pleno, aunque solo se votaron 40 vocalías, a las que hay que sumar las catorce de pago y las seis de las patronales (cuatro para Pimec y otras dos para Foment). En caso de una anulación del proceso, estos seis asientos también quedarían en suspenso, llegándose a repetir estos comicios.

El Estado conserva la competencia básica de las Cámaras, que también dependen de la legislación autonómica, en este caso de la Generalitat, que realizó la adjudicación del desarrollo del voto electrónico en estos comicios. "Hay cierto enfado con Scytl por los errores existentes en las pasadas elecciones municipales", ha indicado Cuyás, que ha asegurado que se han registrado errores en las de la Cámara. El gobierno catalán adjudicó la auditoría a Agtic.

"Las irregularidades registradas en los comicios se han puesto en conocimiento de las autoridades competentes", pese a ello, la Junta Electoral Central de la Cámara de Comercio avaló los resultados facilitados cinco días después por Scytl, junto a la polémica de de la última jornada electoral, como el descuadre de votos. La abogada ha asegurado que se han incumplido la garantía de la doble autentificación en el oto electrónico, un requisito estipulado en contrato y que la Generalitat ha validado. "Se han producido unas graves incidencias en el voto remoto", ha asegurado. 

A raíz de estos hechos, un grupo de 22 personas formado por candidatos y electores se dirigieron al despacho Maresca para encargar un informe jurídico en busca de "irregularidades invalidantes" del proceso electoral. El bufete concluye que se han producido importantes irregularidades, como la vulneración de derechos fundamentales, de la legalidad ordinaria y de los términos en los cuales se habían adjudicado en el contrato a Scytl

"La adjudicación debe cumplir con los requisitos de la ley de contratos públicos", ha considerado la letrada al ser la Cámara de Barcelona una persona de naturaleza jurídica pública. Scytk, en la implementación del desarrollo del sistema, se han incumplido obligaciones "esenciales", cuyo incumplimiento hubiera significado "la resolución del contrato".

Scytl se defiende: "Hemos cumplido todos los requisitos"

"Se han cumplido todos los y cada uno de los puntos recogidos en el pliego y las normativas vigentes", se ha defendido Scytl en un comunicado. "Después del cierre de las elecciones, la junta electoral de las Cámaras de Comercio de Cataluña decidió auditar varios votos con el fin de garantizar la legalidad del proceso", ha asegurado. Según ha denunciado la abogada Cuyás, tan solo se volvieron a auditar las IP desde las que se habían realizado ocho o más votos, un criterio que no sigue ninguna norma jurídica establecida.

"En ningún caso se ha vulnerado el carácter secreto del proceso electoral", según ha afirmado la empresa catalana, que afirma que se ha garantizado en todo momento el "anonimato" y la "privacidad de los votantes".

"El dispositivo electoral fue validado por la empresa auditora previamente al inicio de las votaciones, tal como está previsto en la normativa", ha considerado la compañía adjudicataria de las elecciones de la Cámara y de las municipales del 26-M, ambas con una fuerte polémica por el recuento.

"El sistema de voto por internet que se utilizó en las elecciones a las Cámaras de Comercio de Cataluña ha implementado medidas de seguridad avanzadas que permiten asegurar no solamente la confidencialidad y anonimato del voto sino también la integridad y transparencia del proceso, cumpliendo paso por paso losrequisitos del pliego y de las normativas autonómica y estatal", ha considerado la empresa.

Recurso ante el TSJC, aún sin respuesta

Por este motivo se ha interpuesto el recurso contencioso administrativo especial de protección de los derechos fundamentales ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, presentado hace unas semanas y anunciado este viernes, sin que se haya admitido aún a trámite, pese a ser prioritario.

"Se espera un sentencia rápida, sin que se pueda extender en el tiempo", ha puntualizado. El objeto es la anulación de los acuerdos de la Junta Electoral Central adoptados el pasado 13 de mayo, cuando concedió la mayoría independentista a la Cámara de Comercio de Barcelona.

Paquistaníes y chinos, afectados por no conocer ni el castellano ni el catalán

A juicio de Cuyás, se habrían vulnerado el derecho a la igualdad, consagrado en la Constitución Española, en su acepción de "igualdad ante la ley y su aplicación", "violación en el derecho a la igualdad en el acceso a los órganos de gobierno de la Cámara", y la prohibición de la discriminación por razones indirectas. "No puede darse una situación de discriminación", como ha ocurrido con los colectivos de paquistaníes y chinos, debido al uso exclusivo de español y catalán, pese a que la ley no estipula lengua alguna.

Según Cuyás se han anulado muchos votos. "No se requiere la nacionalidad, y por tanto no es obligatorio conocer las lenguas cooficiales de Cataluña", ha señalado. "A estos grupos no se les ha facilitado los medios necesarios en inglés para poder realizar su voto en igualdad con el resto", ha indicado. "Se han sentido discriminados", ha dicho la abogada.

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