Cataluña

La Generalitat elevará la duración mínima y limitará los precios en los contratos de alquiler

La Generalitat realizará una reforma del Código Civil Catalán para hacer efectivo este anuncio. Aún no se conocen los detalles concretos, y se espera que la norma esté lista a finales de año

Quim Torra
Quim Torra

La Generalitat de Cataluña prepara una reforma del Código Civil Catalán para limitar los precios del alquiler y elevar la duración de la vigencia de estos contratos, que será de entre seis y diez años, una forma de pinchar la burbuja del alquiler.

El gobierno autonómico de Torra va más allá de la normativa aprobada por decreto por el Gobierno de Pedro Sánchez el pasado viernes. El Ejecutivo central ha rechazado limitar el precio, aunque los incrementos anuales se han vinculado al IPC, manteniendo los tres años como máximo de contrato siempre y cuando se haya comunicado oficialmente a arrendatario o al arrendador.

La reforma, sin entrar en detalles concretos, se realizará a través de un proyecto de ley con el fin de garantizar el acceso a la vivienda y contra la gentrificación -rehabilitación de espacios urbanos que encarecen los alquileres-.

Con esta medida se busca incrementar la duración de los contratos de alquiler, actualmente en los tres años siguiendo la normativa estatal. Con esta modificación, será del doble o más del triple. Este es el nuevo baremo que estudia implementar la Generalitat a través de la Consejería de Justicia y anunciada este lunes por la consejera Ester Capella.

Cataluña se rige por el Código Civil propio

El cambio normativo se realizará en el libro Sexto del Código Civil Catalán, donde se pretende diferenciar las condiciones para particulares y sociedades inmobiliarias. De esta forma, los alquileres entre particulares podrían tener una duración inferior al alquiler de inmuebles en posesión de empresas.

Con esta nueva ley se estipularán las competencias para limitar el precio del alquiler, aunque no se descarta que puedan ser los Ayuntamientos quienes las asuman. Además, habrá un cambio para mejorar las garantías pedidas por los propietarios a los futuros inquilinos, dotando a éstos últimos de una mejor protección.

Capella ha señalado que espera que este nuevo proyecto de ley pueda ser convalidado por el Parlament antes de fin de año, por el que se otorgará la competencia exclusiva en derecho civil para dar acceso a la vivienda.

Según ha indicado Capella, el objetivo de esta ley es "evitar abusos", con incrementos desproporcionados en las cuotas mensuales del alquiler. Cabe recordar que en los incrementos en el área metropolitana de Barcelona es de dígitos de media. El otro objetivo, ligado al anterior, es "estabilizar el mercado" y mantener un equilibrio entre el alza de precios y los salarios.

Subidas de 270 euros al mes en cinco años

De media en Cataluña, el precio del alquiler se ha disparado casi un 30% en los últimos cinco años, hasta rozar los 700 euros de media, unos 160 más que en 2013. El nivel de precio del alquiler ya ha superado al registrado antes del estallido de la burbuja inmobiliaria. Barcelona, donde el precio medio de un piso de alquiler de 72 metros cuadrados es actualmente de 949 euros, es el más elevado de Cataluña. Se trata de un 38% más que hace 5 años, unos 270 euros por piso. "Este fenómeno también se ha trasladado a los municipios del ámbito metropolitano y de su entorno", ha destacado Justicia. El aumento interanual de los precios del alquiler entre el 2017 y el 2018 es especialmente significativo en municipios como Santa Coloma de Gramenet (9,9%), San Andreu de la Barca (+11%), Ripollet (12,7%), el Papiol (+22%) o Sant Just Desvern (+39%).

Capella ha recordado que la Generalitat tiene competencia exclusiva en derecho civil, de forma que sólo se aplica el derecho civil español subsidiariamente, es decir, en los casos que no están previstos ni resueltos por el Código Civil Catalán, que es la norma de aplicación principal.

Como hasta ahora el Parlament no había regulado el arrendamiento de fincas urbanas, el marco de referencia actual es la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). También normas relativas a la compraventa y a los arrendamientos rústicos, con el propósito de preservar el patrimonio natural, los pastos y las granjas urbanas.

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