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Cataluña

La Delegación de la Generalitat en Bruselas impide la entrada de medios junto a Bou

Josep Bou, candidato a la Alcaldía del PP en Barcelona

Josep Bou, candidato a la Alcaldía de Barcelona por el PP, ha denunciado el trato recibido en la Delegación de la Generalitat en Bruselas, a la que se ha desplazado para pedir el cierre inmediato de la misma.

Según ha denunciado Bou, el personal de la Delegación ha impedido el acceso a los medios de comunicación allí desplazados para recoger en vídeo e imágenes el momento de entrega y sello de la petición.

Las malas formas

A la salida, Bou ha definido esta Delegación como "un chiringuito propangandístico de gorra de Puigdemont", mientras ha criticado el trato recibido "como catalanes". "¿Qué hacen? -se ha preguntado- Ir en contra de España y al ir en contra van también contra Cataluña", ha reflexionado.

Bou ha entregado el escrito para dejar constancia de la necesidad de "dejar de usar recursos públicos de todos los españoles para financiar estos chiringuitos propagandísticos de Puigdemont y Torra".

"Esta oficina no se usa para los fines legítimos que fue creada sino para hablar mucho y mal de España financiado con dinero público, así como promover continuamente fake news que responden además a una clara voluntad partidista y a un uso posiblemente fraudulento de los recursos públicos", ha advertido.

Por este motivo, ha reclamado el cierre de la Delegación de la Generalitat de Cataluña en Bruselas y ha exigido a su delegada Meritxell Serret que sea consecuente y "vuelva a España en un acto ético de responsabilidad, entregándose a la justicia para rendir cuentas de sus actos". Bou ha hecho entrega de la misiva enviada a la Delegación de la Generalitat en Bruselas para formalizar esta petición personalmente.

Bou exige que se entregue a la justicia 

El candidato popular ha recriminado el uso de recursos públicos de todos los españoles para financiar estos "chiringuitos propagandísticos" de Puigdemont y Torra.

Por último, Josep Bou ha pedido a Serret que cuente la verdad a toda Europa sobre la situación de los políticos presos, "están en prisión preventiva por haber cometido, supuestamente, gravísimos delitos contra la base de cualquier sociedad democrática, el propio orden constitucional, y que, excepto los fugados como la Sra. Serret, gozan de todas las garantías legales que provee el Estado de Derecho en España".

Carta íntegra de Bou a Serret

El motivo de la presente es dirigirme a usted desde el máximo respeto y desde una observancia profunda de la objetividad que se supone imprescindible para tratar los temas que a continuación voy a compartir con usted y que son de interés general.

Tanto yo como gran parte de los ciudadanos que usted y esta oficina dicen representar creemos que, tanto usted en su función de delegada, como el propio gobierno autonómico de la Generalitat (institución pública cuya legitimidad viene dada por ser una región de un país miembro como es España), no usan esta oficina para los fines legítimos para los que fue creada sino para hablar mucho y mal de su propio país, España, usando para ello el dinero público, que no es suyo sino de todos los ciudadanos, y promover continuamente malintencionadas fakenews que responden además a una clara voluntad partidista y a un uso posiblemente fraudulento de los recursos públicos.

Para financiar todas estas barbaridades y despropósito han usado ustedes el dinero y los recursos públicos de todos los españoles, se han apropiado casi la mitad del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) en detrimento del resto de regiones de España.

En su carta de presentación ante la UE también afirmó, tendenciosamente y sin rubor alguno, que "aún hay dieciséis políticos y líderes de asociaciones civiles encarcelados sin haber sido juzgados y viviendo exiliados". Lo que no cuenta usted es que están en prisión preventiva por haber cometido, como usted misma, supuestamente gravísimos delitos contra la base de cualquier sociedad democrática, el propio orden constitucional, y que, excepto los fugados como usted misma, gozan de todas las garantías legales que provee el Estado de Derecho en España.

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