Cataluña

Competencia de Cataluña impugnará en marzo la hora de precontratación a las VTC

La Autoridad Catalana de Competencia tiene las manos atadas para impugnar el decreto de los quince minutos de precontratación, pero no ve justificado elevarlo a los 60 minutos como ha aprobado la AMB

Imagen de archivo de un VTC.
Imagen de archivo de un VTC. Tere García

La Autoridad Catalana de Competencia (ACCO) impugnará la nueva regulación municipal de las VTC antes de agotar el plazo de los treinta días. El Área Metropolitana de Barcelona (AMB) ha aprobado esta misma semana elevar el tiempo de precontratación de los quince minutos que estipula el decreto de la Generalitat a los 60.

"Tan pronto como hayamos podido analizar el reglamento y redactar la impugnación, pero en cualquier caso antes de que venza el plazo", ha señalado el presidente de la ACCO, Marcel Cordech, a preguntas de Vozpópuli.

"Trataremos de argumentar que la modificación del período de precontratación de quince a 60 minutos no está justificada en base a las competencias locales sobre efectos en la circulación y la calidad del aire", ha asegurado Cordech.

Uno de los puntos más polémicos de la nueva regulación de la AMB es el argumento esgrimido para elevar este tiempo de contratación. El ente público presidido por Ada Colau justifica este nuevo tiempo en base a "informes técnicos y jurídicos", las "especiales características de movilidad metropolitana", la "extensión del ámbito" -36 municipios incluyendo Barcelona- y "la fragilidad de sus condiciones ambientales". Por estas razones "aconsejan establecer un período superior para la precontratación".

"El taxi una huella mediambiental muy superior a la de las VTC"

Para Cordech, la "fragilidad" de las condiciones medioambientales puede ser cierta, pero el efecto que sobre ellas tendría la ampliación de quince a 60 minutos "es contraproducente".

"Esta ampliación reduce la demanda de VTCs y la demanda no satisfecha por esta demora será cubierta por el servicio de taxis", que circulan cerca de la mitad de su tiempo en vacío para buscar clientes, provocando "una huella mediambiental muy superior", ha indicado el presidente de la ACCO.

"Se incentiva el uso de una modalidad de contratación más contaminante, en perjuicio de modalidades más eficientes y con menos externalidades negativas", ha reprochado la máxima autoridad catalana de Competencia.

Una votación polémica por la abstención de los independentistas

ERC y el PDeCAT se han abstenido en la votación del nuevo reglamento del Área Metropolitana de Barcelona, que impone la hora de precontratación a las VTC.

Las dos formaciones independentistas habían mantenido un encontronazo por el decreto, que se convalidará el próximo jueves. Por un lado, Territori, dirigido por Damià Calvet (PDECat) y por el otro Economía, con Pere Aragonés al frente, han mostrado sus diferencias en el seno del Gobierno de la Generalitat, pero no en público, al menos hasta ahora, cuando se ha votado la nueva normativa en el Área Metropolitana de Barcelona (AMB), donde ERC ha optado por abstenerse, ya que sería la Consejería dirigida por ERC quien asumiera el coste económico de la medida. Cabe recordar que las VTC van a exigir el pago de 1.000 millones en concepto de indemnizaciones.

Según explicaron a Vozpópuli fuentes del Gobierno de Cataluña, desde la Consejería de Economía, en manos de Pere Aragonès (ERC), no se ve claro 'el decretazo' de Damiá Calvet (PDeCat), consejero de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat. "Pero en el Govern se respetan los compartimentos de cada mitad del gobierno de coalición", matizan estas fuentes.

Hasta antes de la votación de este martes, la versión oficial que se daba desde el Govern a este medio es que la decisión ha sido de mutuo acuerdo entre el PDeCAT y ERC. "Hay una sola posición del Gobierno y se ha aprobado de forma unánime", detallan desde el equipo de Damiá Calvet. No obstante, esta unidad de acción ha bajado un escalón con la abstención en la AMB, ya que Competencia impugnará, como aseguró a Vozpópuli, este nuevo reglamento.

La norma se aprobaría y entraría en vigor después de que Uber y Cabify hayan dejado ya de operar en la Ciudad Condal, donde dejaron de prestar servicio el pasado 1 de febrero, el mismo día que entró en vigor el Decreto del Govern. La normativa ha sido apoyada por Entesa (incluyendo a los Comúns y PSC), la CUP y Compromís per Torrelles; y con el voto en contra de PP y Cs.



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