¿Es legal que una empresa privada audite a un Gobierno como el de Madrid?

Los tres partidos de la oposición en la Comunidad de Madrid han llegado a un acuerdo para que se auditen las cuentas de los gobiernos regionales de Esperanza Aguirre e Ignacio González. En realidad no hacía falta este pacto. Ciudadanos incluyó en sus acuerdos con el PP para la investidura de Cristina Cifuentes que se haría un estudio económico sobre la gestión anterior.

En concreto, el pacto decía: “Realización de una auditoría económica externa de los últimos 8 años de Gobierno de la Comunidad de Madrid y de una auditoría funcional de procesos relativa al último ejercicio”. El portavoz de Ciudadanos en la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, dijo esta semana que iba a negociar los próximos días con Cifuentes la convocatoria de un concurso público para adjudicar este trabajo a una empresa privada.

Sin embargo, la propia presidenta de la Comunidad de Madrid dijo el viernes que ya ha acudido a la Abogacía de la Comunidad de Madrid para que elabore un informe jurídico que determine la forma y el inicio de la auditoría de las dos últimas legislaturas de los gobiernos regionales.

Y es que parece que alguien ha advertido al Gobierno regional que podría cometer un delito de prevaricación si encarga un estudio económico del sector público a una sociedad anónima. Según algunos juristas, en el ordenamiento jurídico español la función fiscalizadora de la gestión económico-financiera del sector público es una tarea de relevancia constitucional.

La Constitución establece en su artículo 136 que “el Tribunal de Cuentas es el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado, así como del sector público”. En el caso de la Comunidad de Madrid, el que controla los presupuestos y la gestión de lo público es la Cámara de Cuentas y así lo fija el Estatuto de Autonomía. La Ley que desarrolla este órgano establece que la Cámara entenderá de la cuenta general de la Comunidad y de las cuentas parciales.

Algunos expertos consultados por este Buscón son radicales: las leyes españolas establecen que toda actividad del sector público madrileño con repercusión económica ha de ser fiscalizada por la Cámara de Cuentas.

En esta ocasión, Manuela Carmena ha obrado con más cautela que Cifuentes. El concejal de Economía, Carlos Sánchez, anunció esta semana una “auditoría ciudadana de deuda y políticas” que la Corporación pondrá en marcha en las próximas semanas. El Ayuntamiento también está sometido a la inspección de la Cámara de Cuentas y la Intervención General. La Corporación informó que “el  desarrollo técnico de la auditoría corresponderá a la recién creada subdirección general de Auditoría de Deuda y Políticas Públicas, dependiente del Área de Economía y Hacienda”.

“La práctica totalidad del equipo técnico –añadieron- está integrado por funcionarios municipales, ya en plantilla. Colaboraciones puntuales de expertos e instituciones académicas o de investigación de reconocido prestigio complementarán este trabajo profesional”.