Más de 50.000 españoles se 'acuerdan' de Dívar y su indemnización este verano

Las vacaciones de verano deberían ser para relajarse y olvidarse del trabajo, pero a veces eso no es posible. Sobre todo cuando uno tiene aún en el aire una jugosa indemnización de 208.000 euros pendiente de un hilo de legalidad y, además, hay cerca de 53.000 españolitos que se ciberlevantan y empiezan a gritar a los cuatro vientos por internet que no, que no te den ni un duro, que no es que no te lo has ganado sino que te has gastado buena parte antes por adelantado. Es lo que le está pasando este agosto a Carlos Dívar, el polémico expresidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, quien esperaba haberse ido a reposar (supone este Buscón que a su querida Marbella) con el bolsillo bien asegurado para los próximo dos años y, ahora, no sólo tiene que esperar a que sus excompañeros de trabajo decidan si se ha ganado o no la pensión indemnizatoria, sino que muchos ciudadanos a los que no conoce, y a los que se supone que servía, montan un iniciativa para que éstos le digan 'no' a su monetaria aspiración.

Al cierre de estas líneas eran cerca de 53.000 personas -y subiendo- las que se habían sumado a la iniciativa de change.org para que el "CGPJ anule esa indemnización como primer paso para su 'lavado de imagen". El promotor, un tal Peter Jensen, de Vigo, recalca que Carlos Dívar se vio obligado a dimitir por "la presión popular" y quiere que de nuevo sea el clamor de la calle, o en este caso, de la red la que lleve a los 21 vocales y el nuevo presidente del órgano de gobierno de los jueces a decir no a la indemnización. "Creo sinceramente que pocas cosas pueden crear tanta alarma social como que un corrupto vaya a recibir dinero público como 'indemnización' tras un mal uso de fondos públicos. Si esto es algo que se produce 'por ley' como han apuntado, esa ley es injusta y debe ser modificada", asevera el promotor de la recogida de ciberfirmas.

Por debajo, algunos de los que se han sumado a la inicitiva también dejan por escrito su reflexiones, ninguna positiva para Dívar, por supuesto. Como Cristian Sierra, para quien "primero tuvimos que firmar para que este señor dimitiera, ahora firmamos para que no sea indemnizado. El Tribunal Supremo es como Ikea, ellos cobran y nosotros hacemos el trabajo". O Marta Campoy, que echa sus cuentas con los célebres 208.000 euros: "¿Sabéis cuántos trabajadores en paro de larga duración podrían cobrar los 400 euros que el gobierno intenta recortar? Nada más y nada menos que unos 40 durante todo un año". O Alberto Trujillo, para quien el dinero debía ir en dirección contraria a la que se ha planteado: "Este personaje deberia pagar una reparación civil al estado por el mal uso del dinero de todos".

Estos tres, y 53.000 más, han enviado ya a los actuales miembros del CGPJ una misiva en la que, con buenas palabras, les piden a éstos que "sepan atender estas demandas ciudadanas como corresponde a su responsabilidad y al momento por el que atravesamos los españoles", y, por lo tanto, "paralicen" la indemnización. Seguramente, serían muchos más de estos 53.000 los que aplaudirían si así lo hicieran. Empezando por este Buscón, que trabaja en el diario que destapó hace ya mes y medio esta escandalosa aspiración del juez.