Cadena de producción en fábrica
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El sector industrial se ofrece como candidato para impulsar la economía española tras el castigo económico y social del coronavirus. Su peso en el Producto Interior Bruto (PIB), su capacidad para generar empleo, el impacto positivo sobre la balanza comercial y el tejido empresarial de cerca de 180.000 empresas avalan su candidatura.
Un motor clave para la recuperación y que necesita políticas favorables que le permitan propulsar la economía española. Su peso en el PIB se eleva hasta el 13% y su importancia en la generación de empleo se sitúa en el 12% de puestos de trabajos directos, que llega al 43% del PIB y el 30% del empleo si se suman sus efectos indirectos. Como recuerdan desde la Alianza por la Competitividad de la Industria Española, hay que tener en cuenta que estos puestos de trabajo tienen un sello de calidad en términos de salario, estabilidad y formación.
El sector, asimismo, se encarga del 92% de las exportaciones y de más del 50% de la inversión privada en I+D+i. Unas características que han permitido el levantamiento de grandes imperios industriales. Entre las más de 180.000 empresas activas del sector industrial que registra el Directorio Central de Empresas (DIRCE) que elabora el INE, aparecen gigantes del sector que han dado el salto fuera de nuestras fronteras como es el caso de Acerinox, Celsa o Tubacex.
El sector industrial se encarga del 92% de las exportaciones y de más del 50% de la inversión privada en I+D+i
Por otro lado, España ha sido el destino de gigantes transfronterizos para instalar sus centros de producción. Compañías como Nissan, Alcoa o ArcelorMittal decidieron hace años instalar sus centros de producción en el territorio. Unas multinacionales que han optado en plena crisis del coronavirus por ajustar su actividad, decisión que ha provocado el cierre de fábricas, el despido de empleados y el abandono de proveedores.
Estos ejemplos ponen de manifiesto la necesidad de respaldar a la industria local por parte del Gobierno. Aquellos representantes del sector que cuentan con sus órganos de decisión dentro del territorio cuentan con una mayor responsabilidad con trabajadores, proveedores e, incluso, el entorno en el que producen. Por ello, es clave que se genere un ecosistema que les permita ser competitivos si se quiere contar con una industria local que goce de salud.
“La importancia del sector en España se ha conseguido sin que nunca haya existido una verdadera política industrial”, afirma el experto Ramón López, gerente de Grupo ASE, el mayor agregador energético del país. “Lugares de gran actividad industrial, como puede ser la provincia de Álava, lleva sin recibir una empresa extranjera del sector en los últimos 30 años. Además de crear un tejido industrial fuerte, se debe generar incentivos para atraer industria que genere avance tecnológicos y una base industrial en el país”, añade.
Una estrategia industrial a escala nacional que permitiría proteger al tejido empresarial y sus empleos en un momento de crisis, como ha sido el coronavirus. En estos últimos meses, la automoción ha sido una de las ramas más afectadas en España, ya que se han visto obligadas a cerrar por la escalada de la pandemia y la escasez de suministro. Una situación que ha creado un efecto dominó arrastrando, con ello, a otras empresas de la cadena de valor.
Para frenar el severo correctivo que sufre el sector con cada imprevisto coyuntural, desde el sector se reclama un marco normativo que no les asfixie. Como, por ejemplo, una revisión de su factura energética. Uno de los principales motivos de la fuga de industria extranjera de España es, básicamente, que la luz es más cara que los mercados rivales.
“Es necesario abordar medidas que ayuden a estrechar estos márgenes o compensarlos con el fin de que la industria gane competitividad”, reclaman desde la Alianza por la Competitividad de la Industria Española. El precio de la energía es clave, ya que supone en torno al 40% de los costes de producción del sector. Esto tiene graves repercusiones cuando el mercado eléctrico es poco competitivo. Según la Asociación de Empresas con Gran Consumo Electrointensivo (AEGE), entre 2017 y 2018 el precio eléctrico final pagado por el sector en España fue de unos 20 a 25 euros por MWh, un 50% más que el de Alemania y Francia.
Alguna de las propuestas que ponen encima de la mesa son la suspensión, durante la etapa de reactivación, del impuesto de generación o culminar la aprobación de un Estatuto del Consumidor Electrointensivo, una de las principales luchas del sector con el Ministerio de Industria y el de Hacienda. También se pide revisar las retribuciones a la operación e inversión de las plantas de energía asociadas a fuentes renovables.
En este sentido, es de vital importancia para que la Industria española no pierda competitividad que fluyan las ayudas compensatorias por costes de emisiones indirectas de CO2. Actualmente, el Ministerio de Industria cuenta con una dotación inicial de seis millones de euros, pudiendo ser ampliada hasta 275 millones, para esta partida. La concesión de estas ayudas tiene por objeto la compensación de los costes indirectos imputables a las emisiones de gases de efecto invernadero repercutidas en los precios de la electricidad.
Es decir, esta inyección de capital público sirve, en la medida de lo posible, para que aquellas compañías que se enfrentan a un riesgo significativo por la fuga de carbono puedan mantener la competitividad frente a industrias de terceros países que no se enfrentan a los mismos costes de CO2 en los precios de la electricidad. Una ayuda que si no llega termina subiendo los precios de los productos y lastra su disputa en el mercado global.
Otro factor, no menos importante, que puede mejorar la eficiencia del sector son las nuevas Medidas de Masa Máxima Autorizada (MMA) aprobadas por el Gobierno, que sube hasta las 44 toneladas la carga máxima que puede transportar los camiones y aumenta su altura máxima hasta los 4,5 metros. Una ampliación, que no tienen impacto presupuestario, que entrará en vigor en mayo de 2021. Lo deseable de esta medida, sobre todo teniendo cuenta la coyuntura actual postcovid, es que esta medida se pusiese en marcha este mismo verano.
La colaboración del Estado con el sector para adaptar el consumo energético se produce mientras la Industria avanza día tras día en su compromiso con la sostenibilidad. Las empresas han aparcado el cortoplacismo y producen con modelos que son capaces de satisfacer las necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer las suyas.
Las principales líneas de trabajo son la búsqueda de operación con energías verdes, el reciclaje, la optimización de recursos, el ecodiseño, la producción local, la reducción de emisiones o el tratamiento del agua, entre otras cuestiones. Y todo ello, sin comprometer la rentabilidad.
Pese a todos estos 'palos en la rueda', la industria española ha logrado posicionarse como una herramienta clave para combatir la pandemia, garantizando servicios y productos esenciales a la sociedad. Pero, en el futuro, cuando el coronavirus sea un recuerdo del pasado, la gran industria española deberá enfrentarse al reto de seguir aumentando su productividad, al mismo tiempo que genera empleo, con vistas a alcanzar al grupo de las economías más desarrolladas de la Unión Europea. Un ambicioso objetivo que necesita que Administración, empresas y empleados se pongan manos a la obra.