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Motor

La Guardia Civil cierra en lo que va de año 128 talleres de coches ilegales

La Guardia Civil ha inspeccionado en lo que va de 2016 más de 2.800 talleres, cerrando 128 de ellos. Foto: DGT.

Según ha indicado la Guardia Civil en un comunicado, la campaña en colaboración con Asociación nacional de fabricantes de automóviles y camiones (Anfac) y la Asociación nacional de vendedores de vehículos a motor (Ganvam) se enmarca dentro del plan de intensificación de inspecciones a talleres mecánicos suscrito con las entidades. En la operación, los agentes llevaron a cabo 2.804 inspecciones e interpusieron 5.473 denuncias de carácter administrativo que han sido tramitadas por los órganos competentes de las diferentes comunidades. La mayoría de las denuncias interpuestas trataban sobre vertidos de residuos que incumplían la normativa medioambiental, la carencia de licencia municipal y autorización autonómica por parte de los talleres. 

Durante la explotación en 2014 de la operación precedente, Taller I, se llevaron a cabo 5.794 inspecciones con la interposición de 9.549 denuncias de carácter administrativo. De ese total, el 61,7% lo fueron por incumplimiento de la normativa medioambiental; y el 27,9% por carencia de licencias municipales o incumplimiento de la normativa de industria. El 10,4% restante correspondían a infracciones a otro tipo de regulación entre las que destacaban las relativas a la Seguridad Social o a la normativa Tributaria. Tras esta operación se clausuraron un total de 238 talleres en donde se ejercía la actividad de forma ilegal. 

Uno de los aspectos fundamentales según la Guardia Civil para estas inspecciones radica en el grave perjuicio que supone para los usuarios acudir a este tipo de talleres porque ponen en riesgo tanto la seguridad vial, al realizar reparaciones carentes de control de calidad y garantía, como la seguridad medioambiental. También señala que estos centros constituyen un campo de cultivo propicio para el fraude fiscal y para el incumplimiento de la normativa reguladora de la Seguridad Social y de la de los trabajadores, además de suponer una competencia desleal para las empresas que cumplen todos los requisitos legales vigentes.

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