Cultura

Viña Rock, el festival "rojo" que explota y precariza

Los grandes festivales españoles ofrecen condiciones miserables a gran parte de sus trabajadores

Escenario principal de Viña Rock
Escenario principal de Viña Rock

Durante los primeros días de mayo, las denuncias de explotación laboral contra el Viña Rock circularon con intensidad en redes sociales. El tono era crispado, ya que la propuesta del popular festival de Villarrobledo (Albacete) está basada en grupos que destacan por su mensajes antisistema, el cuestionamiento del capitalismo y la defensa de los valores igualitarios. ¿Las principales acusaciones? Salarios de seis euros la hora sin pluses de nocturnidad ni horas extras. Violación del límite de diez horas y media por jornada, que en realidad llegan habitualmente hasta las catorce o quince (en plena implantación de la obligación de fichar).

También se habla de deficientes condiciones de descanso en el pabellón habilitado para que duerman los trabajadores que vienen de lejos de la localidad. La organización no proporciona comida, sino que promete menús a precios populares, que en realidad son “siete euros por un kebab o un caja de arroz”. Por si fuera poco, los jefes de personal piden a los empleados temporales que mientan si aparece un inspector laboral. No se paga a los eventuales los gastos de desplazamiento y tienen que soportar concienzudos cacheos para asegurarse de que no roban las fichas que sirven como moneda. ¿Hipocresía con disfraz social?

Los llamadas y mensajes al departamento de prensa de Viña Rock para que ofrecieran su versión de los hechos no fueron atendidos. La mayoría de testimonios que circulan por las redes hacen hincapié en la distancia entre los valores que promueve el festival y su funcionamiento económico. Según la organización y el ayuntamiento, Viña Rock tiene un impacto económico anual de de 22 millones de euros y genera 2.200 puestos de trabajo directos  y 3.000 indirectos.

Diversos trabajadores y asistentes señalaban la paradoja de estar  trabajando catorce horas seguidas por 6 euros la hora mientras  el público coreaba “El vals del obrero”, himno reivindicativo de los vallecanos Ska-P, estrellas de esta edición. La web de El Diario de Castilla-La Mancha denunciaba que los empleados de seguridad cobraban incluso menos, unos cuatro euros la hora. La delegación de CGT en Villarrobledo emitió un extenso comunicado sobre la explotación laboral , donde destacaba que  “asistieron 240.000 personas -éste pueblo tiene 26.000 habitantes- a un recinto de unas pocas decenas de hectáreas, con falta manifiesta de servicios a las personas asistentes”. También animaba a denunciar de forma anónima los abusos.

"Diversas intituciones, desde el ayuntamiento de Barcelona a Instituto catalán de las empresas, subvencionan Primavera Sound a pesar de su apuesta por la precariedad y la mano de obra extranjera"

En el otro lado del espectro, el de los festivales 'cool' de 200 euros el abono, encontramos al Primavera Sound. Este año la página web Metrópoli Abierta ha publicado una cascada de preguntas sobre el festival. ¿Es normal que el ayuntamiento de Ada Colau subvencione con 277.000 euros en dos años a un evento con fuerte presencia de público extranjero? ¿Está justificado que el Institut Català de les Empreses Culturals, dependiente de la Generalitat, aporte 392.876 euros? “En los últimos dos años le han caído, como llovidos del cielo, 720.000 euros por nada menos que ocho conceptos distintos, alguno de ellos tan peregrino como la organización de un festival musical en Portugal”, escribe el periodista Gonzalo Baratech. Los ingresos de la empresa organizadora en el último ejercicio fueron de 19,8 millones de euros el año pasado, con un 33% de aumento sobre el ejercicio anterior. Metrópoli Abierta publicó el jueves por la mañana otro extenso artículo sobre los conflictos del Primavera Sound con Hacienda. ¿Se mima demasiado al Primavera?

¿El peor trato de la ciudad?

Uno de los chóferes que trabajó en el festival, llevando una furgoneta de producción, explicaba su experiencia a Metrópoli Abierta: “Te dan un bocata y una lata por catorce horas de trabajo, son muy explotadores. De todos los festivales en los que he trabajado, es en el que me he sentido peor”, lamentaba. “El trato es muy deficiente, no les importa mucho si estás contento o no. Y eso que tú eres la primera imagen que das del festival: eres el que recoge a los cantantes en el aeropuerto en su nombre. La figura del conductor es importante, y no se la toman en serio”, añadía.

Medios de izquierda como La Directa también han cuestionado el modelo de negocio del Primavera Sound: el periodista Enric Lluent denunciaba en 2015 que contrataban estudiantes de máster por 2,57 la hora y el pasado enero la escritora Shaina Joy Machlus argumentaba que la apuesta por el feminismo de la próxima edición era una simple estrategia de imagen. "La lectura más inofensiva de la campaña 'New normal' que presenta el festival es que se trata de una caricatura perezosa del feminismo. La más nociva dice que es una manera de utilizar a las mujeres, al movimiento de las mujeres y la cultura para ganar notoriedad e ingresos económicos", razonaba en un artículo de opinión.

A pesar de sus enormes ingresos, las condiciones de los trabajadores son llamativas. Lo ha denunciado durante años Nando Cruz, uno de los periodistas musicales más prestigiosos de la ciudad. “El festival entregó hace años la explotación de las barras a la empresa portuguesa Eventualidades. Una flota de autocares trae a quinientos trabajadores lusos”, explicaba Cruz en 2017. La remuneración era de 6,5 por hora para servir cervezas que se cobran a cinco el vaso. El motivo de importar mano de obra lusa es que resulta más barata que la de Barcelona. Algo que no parece importar a las instituciones catalanas a la hora de repartir subvenciones. Cada chaval ingresa un total de 312 euros por tres jornadas de dieciséis horas seguidas, que se desarrollan en horario nocturno de fin de semana. “Cada madrugada un autocar los lleva a dormir a Calella de la Costa. Una hora de viaje. El sábado ya no duermen en cama. En cuanto acaben su último turno, vuelven a Portugal. Catorce horas más de autocar”, informaba el periodista.

Mano de obra importada

El responsable de prensa del Primavera Sound sí responde para precisar los datos. En realidad, la subvención del ayuntamiento es de 182.000 y la de la Generalitat para el Primavera Pro de 225.000 (unos miles de euros menores de lo publicado). Esta última se destina al Primavera Pro, un foro de debate sobre la industria musical. Los datos que recabó Nando Cruz no son falsos, pero entrevistó al "asistente de barra", que es quien menos cobra (otros empleados portugueses tienen remumeraciones mayores). Sobre los becarios del máster, aclara que "nuestros estudiantes en prácticas perciben 600 euros al mes por jornada completa durante el año más horas extras remuneradas aparte durante el festival. Hay que remarcar, en cualquier caso, que se trata de estudiantes en periodo de formación sin las responsabilidades que un trabajador", precisa.

El responsable de prensa también explica que se exagera el choque con el fisco. "La relación con Hacienda siempre ha sido normal, pública y transparente. Es cierto que tras una inspección sectorial a varios festivales sobre el periodo 2010-2012, hubo una sanción administrativa por discrepancias de interpretación respecto a algunos criterios contables. En nuestro caso el proceso se resolvió y firmó con acta en disconformidad en 2015. En aquel momento ya se abonó la cantidad reclamada por la administración así como sus intereses. En la actualidad, esta sanción está recurrida por Primavera Sound", precisa.

Además Primavera Sound se ha adherido voluntariamente al programa SDG Action Campaign de Naciones Unidas, que marca 17 objetivos de responsabilidad corporativa para "realizar los cambios necesarios en cuanto a consumo responsable, reducción de la desigualdad económica y avances e igualdad de género". La polémica deja claro que el creciente mercado de festivales en España necesita foros de debate (entre empresas, administración, sindicatos y consumo) que acuerden las condiciones aceptables de trabajo y desarrollo, así como instituciones independientes que sigan su cumplimiento.

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