Teddy Bautista, la hostilidad de Rajoy y la pista del dinero

Estamos ante la crónica de una absolución anunciada. Nos habían avisado ya la de Caco Senante y la de Ramoncín, ambas en 2016. En el caso de Eduardo 'Teddy' Bautista, presidente de la SGAE entre 1995 y 2011, siempre se mostró cien por cien seguro de su inocencia. ¿Cómo podía llevarlo con tanta calma el directivo cultural más demonizado de nuestro país? ¿Cómo debe sentirse alguien a quién le hacen esperar diez años bajo sospecha? Así me lo explico a comienzos de 2020, durante una larga conversación sobre su trayectoria, que me permitió grabar para Vozpópuli. “Hablemos claro: cuando entré en SGAE, hice una declaración notarial de mis bienes. ¿Tú crees que eso lo ha hecho algún otro presidente de la entidad? Curiosamente, ese documento mío parece que a nadie le interesa consultarlo. El día que empecé en SGAE yo era más rico que ahora. Producía a los mejores superventas, desde Luis Eduardo Aute a Leño, pasando por Miguel Ríos. He tenido éxitos internacionales con Los Canarios y he compuesto decenas de bandas sonoras, todo esto en una época muy boyante de la industria musical. Por eso me parece insultante que alguien pueda pensar que yo entré en la SGAE para enriquecerme”, compartía en el estudio de grabación de su chalé en Boadilla del Monte, pueblo cercano a Madrid.

Todo el mundo acepta que los bancos tengan centros culturales, pero rechaza que los autores tengamos estudios de grabación y salas de conciertos", lamenta

Más detalles: “Mi único patrimonio es esta casa, que compré al vender la de Puerta de Hierro, cuando nació mi hijo Eduardo y se nos quedaba pequeña. Aquella la vendí muy bien, cuarenta y nueve millones de pesetas de 1992. Con el dinero nos mudamos a Boadilla, donde nos decidimos por algo más grande pero también más barato. El único coche que he tenido en mi vida es un utilitario. El resto de las cosas de valor son instrumentos para hacer música”, recordaba mirando su estudio.

Bautista y el contexto internacional

Además, durante estos años, le respaldaron los comentarios de colegas europeos. “En Francia, no entendieron la imagen que se daba de mí como depredador de dinero, cuando cualquier de ellos cobraba cuatro o cinco veces mi salario. De hecho, recibí una oferta para dirigir la secretaría de una institución internacional de gestión de derechos. De lo que más orgulloso me siento es de haber creado un modelo de gestión cultural, incluyendo el proyecto Arteria. Se trataba de invertir las plusvalías de la entidad en una red de centros estratégicos para nuestros socios. Esta incluía plataformas educativas, estudios y teatros, además de una alianza con la Universidad de Berklee, entre otras cosas. También había un programa para abrir las puertas al cine español en Estados Unidos. Intentamos crear un modelo de autogestión y no quedó mal. Vivimos en un país donde todo el mundo acepta que los bancos tengan centros culturales, pero rechaza que los autores tengamos estudios de grabación y salas de conciertos propias. Me parece incomprensible. Arteria era un circuito que llegaba hasta México, Buenos Aires y Nueva York. Que hayan cercenado este modelo demuestra que querían cargarse la SGAE”, lamentó en aquella charla.

En el primer Consejo de Ministros de Mariano Rajoy la primera decisión fue quitar la remuneración por copia privada", recuerda

¿Ha terminado aquí el culebrón? La parte judicial sí, pero no el debate sobre el caso. Bautista tiene ya escrito un libro de memorias, titulado Crónica de una causa general, donde repasa su calvario social y judicial. Tiene escritas tres de las cuatro partes y solo queda narrar el proceso que ha concluido estos días con su absolución. ¿Cuál puede ser el capítulo con más morbo? Sin duda, el que narra los sucesos del 1 de julio de 2011, cuando la Guardia Civil asalta el Palacio de Longoria, la emblemática sede de la SGAE en Madrid. “Lo que tenían que hacer podían haberlo llevado a cabo perfectamente cuatro agentes de paisano, llamando al timbre. Les bastaba con entrar y precintar los ordenadores. Se supone que el problema del Caso Saga es que SGAE había pagado por unos instrumentos de gestión informática que no existían. Los denunciantes particulares eran la Asociación de Internautas, un abogado que se llama Josep Jover, el colectivo Víctimas del Canon y el guitarrista Luis Cobo, no confundir con el famoso director de orquesta. Curiosamente, Cobo terminó trabajando en la SGAE y los demás también se han ido retirando de la acusación porque no se sostenía”, explicaba.

Rajoy y cleptocracia digital

Bautista ha escrito este libro para explicar lo que olvidaron muchos medios hostiles hacia su figura, pero también para comprenderlo. “El método del libro es ‘seguir el rastro del dinero’. Tengo dos o tres amigos periodistas, alguno de investigación, que me aconsejaron. Por ejemplo, José Luis Morales, que fue redactor jefe de Interviú. Me comentó que que es un caso típico de 'conseguir el objetivo a pesar de las víctimas colaterales0. No ibam a por mí, ni a por Felipe Neri, ni a por ningún otro de los acusados, sino a cargarse la SGAE”, destacaba.

¿Quién se beneficiaba del asalto a SGAE? "Uteca, que es la Unión de Televisiones, y luego la AERC, la Asociación Española de Radios Comerciales, además de la patronal de los hoteles, que tiene la red más densa de establecimientos que hay en Europa. Todos esos colectivos, además de los grandes almacenes, utilizan la música de manera constante porque saben que el público es más propenso a entrar en el juego comercial si sus locales tienen música. Es un proceso psicológico que está estudiadísimo. El problema, muy sencillo, es que no querían pagar”, denuncia.

Terminamos con otro momento revelador, que entra de lleno en la política nacional: “Me llamó la atención, pero mucho, que en el primer Consejo de Ministros de Mariano Rajoy la primera decisión fuese quitar la remuneración por copia privada, que suponía unos 120 millones de euros (para todas las sociedades, no solo para SGAE). Lo que decide el Partido Popular es que eso se rebaje a solo cuatro millones, cargados además a los Presupuestos Generales del Estado. Dicho esto, son cuatro millones que nunca se pagaron. En ese momento, cuando me entero de la decisión del Gobierno, me doy cuenta de que se había puesto en marcha la cleptocracia digital”, afirma.