Autores y editores de todo el mundo acusan a Rajoy de discriminar a los creadores de otros países

La reforma de la Ley de Propiedad Intelectual impulsada por los populares sigue dando de qué hablar. Motivos para la preocupación que despierta, pues muchos. Sin embargo, uno ha levantado la alarma en los editores de otros países. La práctica eliminación de la compensación para autores y editores por copia privada es, según la Federación Internacional de Entidades de Gestión de Derechos de Reproducción (IFRRO), una situación que provoca la discriminación de los autores y editores frente a los demás países europeos a la vez que a los creadores internacionales, porque no les remuneran por la reutilización de sus obras en España.

"Acusan al gobierno de desincentivar el sector cultural, editorial y cualquier actividad creativa, gracias a una legislación incompleta"

Así de claro lo ha hecho saber IFRRO, que agrupa a 144 entidades de 79 países, al presidente del Gobierno español Mariano Rajoy, a quien han enviado la resolución que su Asamblea General aprobó el pasado 29 de octubre, en Seúl (Corea). En este documento manifiesta su “gran preocupación por la desprotección de la propiedad intelectual que se está produciendo en España”, y en especial en la gestión colectiva del sector editorial, así como por el empobrecimiento que esta situación está ocasionando a los creadores y a las editoriales en España.

En la declaración se señala como detonantes de esta situación los cambios efectuados en los últimos años en la Ley de Propiedad Intelectual española y la falta de rigor en la aplicación de la legislación en esta materia. Acusan al gobierno de desincentivar el sector cultural, editorial y cualquier actividad creativa, gracias a una legislación que no aporta “medidas eficientes que permitan luchar contra la piratería de libros, partituras, revistas y periódicos”. Asimismo, aseguran que la gestión del gobierno español “mina la protección del patrimonio literario y científico técnico del país”.

Al detalle, autores desprotegidos

Desde IFRRO se considera que la alarmante desprotección en temas de derecho de autor está ocasionada por la práctica eliminación de la compensación por la copia privada para autores y editores, y por la negativa de los responsables de la enseñanza reglada no universitaria a obtener la licencia necesaria de CEDRO para la reutilización de contenidos de libros y otras publicaciones. A eso se suma, la imposibilidad de gestionar el derecho de préstamo público debido a una “legislación incompleta”.

De las dos medidas anteriores, se desprende el hecho de que los autores y editores españoles no estén siendo remunerados por el uso real de sus obras, lo cual los somete a una discriminación frente a los demás países europeos que sí protegen adecuadamente los derechos de propiedad intelectual. Basándose en esos señalamientos, desde esta Federación se solicita al Gobierno de España que “garantice que autores y editores reciban una compensación justa por la copia privada de sus obras, de acuerdo con la normativa europea”.

Los autores y editores españoles -y d eotros países- no son remunerados por el uso real de sus obras.

La Federación Internacional de Entidades de Gestión de Derechos de Reproducción solicita al Ejecutivo que prevea las “fórmulas legales y presupuestarias” necesarias para que las instituciones responsables de las enseñanzas regladas no universitarias obtengan la licencia que les permita reproducir legalmente libros y otras publicaciones para el uso de profesores y alumnos. Además, requieren a Mariano Rajoy que establezca los mecanismos de colaboración adecuados para que los autores, españoles y de otros países, sean remunerados por el préstamo público de sus obras de acuerdo con la legislación de la Unión Europea, y que España cuente con los medios adecuados para luchar contra la piratería en Internet.

Sin embargo, la resolución no sólo la ha recibido Mariano Rajoy, ya que los autores y editores también se ha enviado al vicepresidente de la UE, al Comisario de Economía Digital, y al responsable de la Unidad de Derechos de Autor, con el fin de que conozcan las peticiones que la comunidad internacional agrupada en IFRRO hace al Gobierno español.