Caso 'taquillazo' Así se fraguó la petición de dos años de cárcel para González Macho

Tres trabajadores de los Cines Lido, pertenecientes a la Sociedad Madrileña Cinematográfica, de la que era administrador y consejero el ex director de la Academia de Cine, formularon una denuncia ante el ICAA, en la que ponían de manifiesto que habían presenciado, de forma habitual, la compra masiva de entradas en los citados cines, en los que se contabilizaban muchos más espectadores de los que realmente se encontraban en las salas visionando las películas.

Enrique González Macho en la gala de los Premios Goya de 2015
Enrique González Macho en la gala de los Premios Goya de 2015 Efe

"¿Han oído ustedes algún escándalo sobre el cine? Se nos ha buscado, pero no ha habido en el mundo nuestro absolutamente nada y mira que se nos está buscando y dándole las vueltas". Con esta pregunta el entonces director de la Academia de Cine, Enrique González Macho, invitaba a reflexionar a los actores y actrices congregados en los Teatros del Canal durante la Fiesta de nominados a los Premios Goya en enero de 2015.

Diez meses más tarde, a finales de noviembre, saltaba el caso 'taquillazo', un fraude que consistía en sobredimensionar las cifras de taquilla y entradas de espectadores para aparentar que una película reunía los requisitos para que las productoras pudiesen cobrar una subvención por parte del Ministerio de Cultura a través del Instituto de la cinematografía y de las artes audiovisuales (ICAA).

El también productor, exhibidor y distribuidor cántabro terminó imputado y, este jueves, dos años después de que los medios se hicieran eco de un escándalo que se remonta a filmes estrenados en 2010, está viviendo su peor película: la Fiscalía Provincial de Madrid solicita para él dos años de prisión, además de un millón de euros de multa por "manipular" el número de espectadores en la exhibición de la película La Isla Interior.

La peor película de González Macho: la Fiscalía solicita para él dos años de prisión y un millón de euros de multa

El fiscal pide la misma pena para el productor de cine Juan Romero Iglesias por delitos de falsedad en documento público y de fraude de subvenciones, mismas acusaciones que pesan sobre González Macho y, en caso de que no paguen la multa de un millón de euros, la pena de cárcel podría sumar seis meses más. La trama se complica.

Además, el fiscal solicita que abonen de forma conjunta y solidaria al Ministerio de Cultura 272.695,99 euros más el interés correspondiente, ya que acusa a González Macho de comunicar un "dato irreal" de espectadores correspondiente a las sesiones matinales en sus salas, un "número ingente" que incluso superaba a los de las sesiones de tarde. de acuerdo a fuentes ministeriales. Sin esos espectadores, Romero Iglesias no habría conseguido los 293.326,83 euros que obtuvo como subvención para la empresa Mecanismo Films S.L.

Cines Lido, el origen

Según explican fuentes del Ministerio de Cultura a este diario, el 27 de abril de 2012, tres trabajadores de los Cines Lido, pertenecientes a la empresa Sociedad Madrileña Cinematográfica, de la que era administrador y consejero Enrique González Macho, formularon una denuncia ante el ICAA en la que ponían de manifiesto que habían presenciado, de forma habitual, la compra masiva de entradas en los citados cines, en los que se contabilizaban muchos más espectadores de los que realmente se encontraban en las salas visionando las películas. "Asimismo, denunciaban la práctica de crear sesiones no anunciadas ni publicitadas, en las que las películas que se afirmaba proyectar ni siquiera se encontraban montadas y en las que no existía posibilidad de visionarlas puesto que la sala no se hallaba abierta al público", recuerdan.

Para apoyar sus argumentos, continúan, adjuntaban órdenes escritas con el número de entradas que debían comprar para determinadas películas. Como consecuencia del traslado de dicha denuncia a la IGAE, ésta se dirigió al ICAA solicitando información relativa al número de espectadores y recaudación recibida de los buzones homologados y, al mismo tiempo, con el fin de verificar el fundamento de la denuncia inició actuaciones previas, incluyendo en su Plan de Auditoría de 2013, entre otras, tres películas respecto de las cuales los citados trabajadores habían denunciado prácticas irregulares -La isla interior, After y Rosa y negro-, todas ellas distribuidas y exhibidas por empresas del González Macho, y que habían recibido ayudas a la amortización del ICAA en el ejercicio 2011.

"Como consecuencia del control realizado por la IGAE, se dedujo, además de la necesidad de iniciar el correspondiente procedimiento de reintegro de las cantidades indebidamente percibidas por la empresa productora, la presunta comisión de un delito de fraude de subvenciones. Ello determinó la remisión del expediente a la Fiscalía de Madrid, que inició las correspondientes actuaciones penales", detallan.

Un delito "poco común"

El abogado penalista José Martín García explica que el fraude de subvenciones no es un delito común del ámbito penal, sino del contencioso-administrativo. "Al pedir solo dos años de prisión el fiscal está siendo muy suave porque este delito, tipificado en el artículo 308 del Código Penal, establece una pena de uno a cinco años de cárcel, además de una multa del tanto defraudado al séxtuplo de su importe y una condena al responsable a la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante un período de tres a seis años", señala el letrado.

Según Martín, dentro de los delitos económicos, en España es mucho más común la estafa, el soborno, la corrupción, o el blanqueo de dinero que el fraude de subvenciones. "Normalmente, en este tipo de delito hay un concurso de otro tipo de delitos como herramientas para cometer el delito principal. Pero solo establecen dos años como el máximo a lo que le pueden condenar, que es justo el límite que permite suspender la pena y no entrar en prisión, así que es fácil que no entre", considera.

Al pedir solo dos años de prisión el fiscal está siendo muy suave porque este delito establece una pena de uno a cinco"

Manuel Rincón, director de Rinber Abogados, coincide en que no se trata de un delito común en el país. "No es habitual porque la perfección del delito, conseguir el objetivo, es bastante complejo, hay que estar muy metido en el mundo del cine para saber que hay subvenciones atendiendo al número de espectadores. Es muy específico", dice.

"Su primo más conocido es el delito de estafa, como la extrapolación del 'engaño bastante' para obtener un beneficio. De este delito cuelga, por ejemplo, la falsificación de documentación para obtener la subvención. No se le pueden imputar dos delitos por separado (de estafa y por fraude de subvenciones) porque para conseguir el fraude de una ayuda hace falta el 'engaño bastante', es decir, si yo no modificara una documentación nunca podría obtener una subvención, luego el engaño o estafa esta incluido dentro del propio delito de fraude de subvenciones", explica Rincón. Además, el abogado dice que la solicitud de dos años de cárcel por parte del fiscal puede que no reporte condena privativa de libertad siempre y cuando González Macho haya satisfecho las responsabilidad civil con carácter previo.

El 'taquillazo'

El cambio de modelo en la financiación del cine entró en vigor el 1 de enero de 2016,incentivando más las ayudas a la producción y al estreno, en detrimento de las que dependían de las recaudaciones, un modelo que premiaba la taquilla y por el que se movieron los artífices del fraude del 'taquillazo'. En la actualidad, según explican a este diario fuentes del Ministerio de Cultura, los titulares de las salas de exhibición cinematográfica deben cumplir los procedimientos establecidos reglamentariamente de control de asistencia y declaración de rendimientos, que permitan conocer con la mayor exactitud, rapidez y fiabilidad los ingresos obtenidos por las películas a través de su explotación en las salas de exhibición cinematográfica y con el detalle suficiente para servir de soporte a la actuación administrativa y al ejercicio de derechos legítimos de los particulares, por sí mismos o a través de sus respectivas entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual.

Los titulares de las salas están obligados a remitir al ICAA informes de exhibición con la declaración de todas las películas programadas, el número de títulos y la recaudación de cada sesión

Así, los titulares de las salas de exhibición cinematográfica están obligados a remitir al ICAA informes de exhibición en los que debe figurar la declaración de todas las películas programadas por las mismas, el número de títulos de acceso generados y la recaudación obtenida en cada sesión. "La información relativa a la taquilla y al número de espectadores de las obras cinematográficas debe enviarse semanalmente al ICAA a través de unos programas informáticos homologados por el propio Instituto, denominados 'buzones', mediante el procedimiento establecido en los artículos 3 y siguientes de la Orden CUL/1772/2011, de 21 de junio", especifican. Por otra parte, añaden, la Ley del Cine prevé la posibilidad de que el ICAA se auxilie de la información suministrada por entidades creadas para la obtención de datos que tengan implantación en toda España y solvencia profesional reconocida.

ComScore, el medidor diario

Al amparo de este artículo, con fecha 28 de junio de 2012, el ICAA formalizó un contrato con la empresa Rentrak Spain, S.L., con el objeto de tener acceso a la base de datos IBOE, gestionada por la misma, y que se nutre de los datos de recaudación facilitados por las mismas empresas exhibidoras y que el ICAA viene utilizando desde entonces como parámetro de comparación de los datos. Es por ello que Rentrak -que fue comprada por la compañía de medición del mundo digital ComScore en 2016- es finalmente la encargada de analizar los datos diarios sobre el comportamiento de la audiencia y de la taquilla en el país.

¿Existe algún mecanismo de control externo para corroborar las cifras de ComScore? Según fuentes ministeriales, el ICAA examina las declaraciones de rendimientos enviadas por los buzones, y en caso de detectar alguna anomalía, mediante resolución motivada, y previa tramitación del correspondiente expediente, puede proceder a descontar del cómputo a efectos de las ayudas a la amortización, todas aquellas operaciones de venta de entradas que no se correspondan con una cantidad equivalente de espectadores.

"De otra parte, la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, realiza controles periódicos de auditoría de las subvenciones percibidas por las empresas productoras, centrándose dicho control en los últimos años en los rendimientos de taquilla obtenidos por las obras cinematográficas", apuntan. Finalmente, el Tribunal de Cuentas realiza, asimismo, controles aleatorios de los procedimientos de obtención de las mencionadas subvenciones.



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