María Lizaranzu, la mujer fuerte de cultura en el gobierno de los populares

Ocupa tres cargos a la vez. Es la directora general de Política e Industrias Culturales y del Libro, una nueva dirección de la Secretaria de Estado de Cultura que agrupa en una sola a otras dos desaparecidas; presidenta de Acción Cultural Española, AC/E, en sustitución de Charo Otegui, cesada hace una semana en la presidencia de esta entidad; y, por último,  presidencia, de hecho, en la Comisión de Propiedad Intelectual que ha empezado a funcionar desde final de febrero.

Ninguno de los tres cargos que desempeña es anecdótico, decorativo ni mucho menos prescindible. Al contrario, cada uno tiene una importancia estratégica para los objetivos que José María Lassalle, hombre de cultura del Partido Popular, se trazó al momento de llegar a la Secretaría de Estado. Y Lizaranzu parece ser la persona de confianza que le ayudará a cumplir los objetivos que en materia cultural se trazó el santanderino.

Tanto ella, como Lassalle, pertenecen al grupo de “los Sorayos”, una generación de jóvenes profesionales, en el que figuran por supuesto la Vicepresidenta, así como Álvaro Nadal, responsable de la Oficina Económica de Moncloa –del que Lizaranzu es esposa-. Todos tienen un perfil profesional jurídico, una dilatada experiencia en cada una de sus áreas, una formación académica ejemplar y una edad razonablemente corta para la extensión de su curriculum.

El cargo que a partir del pasado dos de marzo ha pasado a ocupar Lizaranzu no es uno cualquiera. Acción Cultural Española es un organismo resultante de la fusión de tres Sociedades Estatales de Acción Exterior y Conmemoraciones Culturales, dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores, un organismo sobre el que recaerán muchas atribuciones.

Una vez emitido el Real Decreto –se espera que ocurra en el próximo consejo de Ministros- por el cual el Instituto Cervantes será convertido en Secretaría de Estado, éste pasaría a fusionarse con Acción Cultural Española, por lo que ambas instituciones juntas se convertirían así juntas  en un potentísimo buque insignia cultural de España.

Propiedad intelectual, capítulo aparte

La semana pasada, se dio a conocer, finalmente, la sección segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual del Reglamento de Economía Sostenible. Las labores de ésta, se revelaron como las de una entidad creada para regular y proteger contenidos, no para “sancionar”, lo cual revela, en sí, que de aplicarse un mecanismo más férreo se hará a través de la revisión a la Ley de Propiedad Intelectual, un tema en el que justamente Lizaranzu también está trabajando.

Sin embargo, ¿en qué consistiría esa revisión de la Ley de Propiedad Intelectual? ¿Se restringiría sólo al ámbito de Internet? No, al menos no sólo a ese ámbito. Hasta el año 2006, la LPI había sido reformada 3 veces. La cuarta se realizó para la modificación del canon, lo que quiere decir que el llamado “texto refundido” ha sido intervenido ha sido tocado para, sobre la base de una ley que tiene más de 20 años, hace un añadido.

La mayoría de las partes –autores, entidades de gestión, gobierno y editores- coinciden en que es necesario partir de un consenso que permita hacer posible un modelo de negocio en el que se pueda vivir de lo creado a la vez que sea posible difundir esa idea o producto.

La idea de una normativa europea como marco común un marco común de trabajo que allana el camino, sin embargo, también es cierto que el tema de la piratería en España es lo suficientemente profundo como para pensar que la comisión establecida por la LES sea un primer paso o un ensayo para poner en marcha otros mecanismos más efectivos, de ahí la importancia que tiene el papel de Lizaranzu al frente de este organismo.