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Cultura

El testaferro que participó en la compra del ático de González también tiene relación con el Picasso de Botín

El lienzo 'Cabeza de mujer joven', de Picasso, permanece en el museo Reina Sofía.

Además del consejero del Santander vinculado con la lista Falciani, Paul Saurel, presidente de Euroshipping Charter Company Ltd, empresa radicada en Panamá  sobre la que recae la propiedad del lienzo de Jaime Botín pintado por Pablo Picasso que fue confiscado el pasado 31 de julio, hay muchas más personas relacionadas con investigaciones judiciales vinculadas con delitos de evasión y blanqueo en paraísos fiscales.

Según la información consultada por Vozpópuli, el bufete encargado de crear y registrar Euroshipping Charter Company Ltd en Panamá es Arias, Fabrega&Fabrega, una firma de abogados que asesoró a Rudy Valner, quien figura en el documento de compraventa del lujoso ático en Estepona (Marbella) del ex presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González y que el político popular pagó mediante una transferencia de 741.000 euros en diciembre de 2012 a una cuenta domiciliada en Estados Unidos.

Según la documentación a la que ha tenido acceso este periódico, el tesorero de la empresa panameña Euroshipping Charter Company es Codir Company Direction Limited –ahora inactiva-, que depende directamente de Arias, Fabrega&Fabrega. Rudy Valner, testaferro de Ignacio González, además de contactar con Arias, Fabrega&Fabrega, también consultó con otros despachos de abogados, entre ellos Mossak Fonseca & CO, expertos en la creación y gestión de empresas pantalla destinadas a ocultar tanto identidades como patrimonios.

Creada en septiembre de 1998 con el nombre Euroshipping Charter Company INC, la sociedad propietaria del cuadro pintado por Picasso en 1906 (pieza que desata la polémica, incautación y repatriación) es distinta de Cherokee Bay Limited, una empresa radicada en la isla de Guernsey, y a nombre de la cual figura el Adix, el barco de bandera británica dentro del cual viajaba la obra de Picasso Cabeza de mujer joven durante el segundo intento de sacarla de España, en julio de este año, con la intención venderla en Suiza. Este intento de traslado se llevó a cabo a pesar de que la Audiencia Nacional había prohibido la salida de España del cuadro, confirmando así la negativa del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, cuando, en 2012, aseguró que se trataba de una obra "no exportable".

La casa de subastas aseguró que el entonces máximo accionista de Bankinter, era el “dueño de pleno dominio” de la pintura

Ese mismo año, 2012, el menor de los hermanos Botín hizo la solicitud formal de exportación a través de la firma Christie's Ibérica. La casa de subastas aseguró que el entonces máximo accionista de Bankinter (Jaime Botín fue presidente desde 1986 hasta 2002), era el “dueño de pleno dominio” de la pintura, lo cual autorizaba a la casa londinenses a solicitar el permiso para exportarla. Tras la evaluación de las razones aportadas, el organismo competente para pronunciarse, la Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico Español, acordó denegar la autorización al “no existir una obra semejante en el territorio español”.

Cuando se notificó la decisión, Jaime Botín comunicó al Ministerio que la solicitud de la casa de subastas contenía varios errores, puesto que la obra ni se encontraba en territorio español ni era de su propiedad directa, sino de la sociedad panameña -de la que Jaime Botín es accionista mayoritario- Euroshipping Charter Company, por lo que reclamó que no se tuviera por presentada la petición de Christie's. 

Aunque la propiedad de la obra recae en una sociedad, el lienzo fue adquirido por el hermano del fallecido presidente del Santander Emilio Botín, quien compró el lienzo de Picasso en 1977, en la Marlborough Fine Art de Londres con la intención de incorporarlo en su colección particular en España. El cuadro es uno de los pocos ejemplares del llamado periodo de Gósol, en referencia al pueblo leridano en el que Picasso se aisló en el verano de 1906 y que fue decisivo en el surgimiento posterior del cubismo. Fue justamente ésa una de las razones que motivó a la Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico Español a  denegar la autorización de salida en 2012  al “no existir una obra semejante en el territorio español”. 

Según establece la Ley de Patrimonio Histórico, la exportación sin autorización de un bien del Patrimonio Cultural Español constituye un delito de contrabando si se supera el valor de 18.000 euros. Cabeza de mujer joven está valorado en algo más de 26 millones de euros. Hay, por tanto, indicios más que suficientes que señalan que Botín ha incurrido presuntamente en un posible delito de tráfico ilícito. Además de las sanciones establecidas, perdería la propiedad de la obra a favor de la Administración del Estado, que se quedaría en propiedad el lienzo. A eso se suman dos elementos más.

Según la Ley de Patrimonio Histórico, la exportación sin autorización de un bien del Patrimonio Cultural Español constituye un delito de contrabando 

El primero: podría verse obligado a pagar los gastos de repatriación de la obra: el traslado de la obra se llevó a cabo hace unos días,  en una aeronave de la Guardia Civil en la que se han desplazado ocho agentes del Grupo de Patrimonio Histórico junto con personal enviado por la Secretaría de Estado de Cultura del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte: un funcionario del Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos del Estado, un restaurador del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y un especialista en manipulación y embalaje de obras de arte.

El segundo aspecto es todavía peor: Jaime Botín podría perder el barco en el que viajaba el lienzo, por considerarse que éste ha sido un instrumento utilizado para cometer el posible delito de contrabando, aseguran fuentes cercanas a la investigación consultadas por Vozpópuli.El menor de los hermanos Botín, quien se interesa en la filosofía, la poesía y las Bellas Artes, quien ha llevado no pocos varapalos judiciales en este caso, ha sido sancionado por la justicia al esconder que su participación real en Bankinter era de casi el 23% y no del 16,3% declarado. El asunto promete ser largo

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