¿Lograrán las asociaciones de consumidores que las autoridades actúen en Europa como en EEUU en el caso VW?

La asociación exige a las autoridades de Consumo de las comunidades autónomas que asuman sus competencias ante un fraude masivo que afecta a conductores de toda España. Asimismo, FACUA recuerda que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) aún no ha decidido si incoará un expediente sancionador a la empresa, más de un año después de su denuncia.

Y es que Volkswagen se ha declarado en un juzgado, por primera vez, culpable por fraude, obstrucción a la justicia y falsificación de documentos en Estados Unidos como parte del acuerdo alcanzado con el Departamento de Justicia del país en relación al fraude de los motores diésel. Un acuerdo que va a llevar a la marca alemana al pago de una multa de 4.300 millones de dólares, algo más de 4.000 millones de euros.

FACUA espera que esta admisión de culpabilidad se refleje ahora en Europa y sean las autoridades competentes españolas y europeas quienes obliguen a la multinacional a reparar el daño causado a los consumidores europeos. La asociación considera indignante la inacción de las autoridades en Europa, que están creando un importante agravio comparativo entre los propietarios de vehículos Volkswagen, Audi, Skoda y Seat según dónde hayan adquirido sus coches.

La asociación recuerda que la Comisión Europea inició el pasado mes de diciembre un procedimiento de infracción contra España y otros seis Estados de la Unión por no haber sancionado a la multinacional alemana. En España la CNMC sigue sin aclarar si abrirá expediente sancionador como consecuencia de la denuncia presentada por FACUA el año pasado, mientras que el Ministerio de Industria suspendió el que incoó a Seat, con el argumento de que es incompatible con la causa abierta en la Audiencia Nacional contra la matriz de Volkswagen en Alemania.

La asociación considera que en lugar de levantar la voz contra las gravísimas irregularidades cometidas y exigir a la empresa el pago de indemnizaciones a los afectados, el Ministerio de Industria ha mantenido desde que se conoció el fraude, en septiembre de 2015, una postura contraria a los intereses de los afectados. Hasta la fecha, tampoco ninguna autoridad autonómica de Consumo ha sancionado a la compañía, pese a que tienen competencias para hacerlo.

Sólo tres de los 17 gobiernos autonómicos han abierto expediente: Andalucía, Castilla La Mancha (que lo ha paralizado hasta que la Audiencia Nacional resuelva el proceso penal abierto) y Galicia. Esta última estudia imponer una sanción del doble del valor de cada vehículo afectado, aunque podría reducirse si Volkswagen acepta compensar a los afectados. El Instituto Galego de Consumo tiene registradas en torno a 200 reclamaciones.