Vivienda pública

Carmena pedirá a la Comunidad de Madrid que anule la venta de pisos a Blackstone que aprobó Botella

Sería la segunda vez que se inicia este proceso ya que el anterior tuvo que archivarse porque un informe del Consejo Asesor de la Comunidad de Madrid

El Ayuntamiento de Madrid estudia la apertura de un nuevo proceso judicial para pedir la nulidad de la venta de viviendas públicas a Blackstone en 2013 a la vista de la sentencia en la que el Tribunal de Cuentas condena a la exalcaldesa Ana Botella y seis ediles a pagar 22,7 millones por esta enajenación.

La alcaldesa de Madrid en funciones, Marta Higueras, ha explicado en rueda de prensa que sería la segunda vez que se inicia este proceso, pues el anterior tuvo que archivarse porque un informe del Consejo Asesor de la Comunidad de Madrid, vinculante, se posicionó en contra, y espera que esta posición cambie a la vista del fallo.

El Ejecutivo de Manuela Carmena se plantea recurrir la sentencia del Tribunal de Cuentas pues considera que perjuicio al erario es mayor al cifrado por el fallo

Además, el Ejecutivo de Manuela Carmena se plantea recurrir la sentencia del Tribunal de Cuentas pues considera que perjuicio al erario es mayor al cifrado por el fallo, de 27,5 millones de euros, aunque celebra que el Tribunal considere que la forma en la que se enajenaron las viviendas fue ilegal al no contar con publicidad y hacerse por debajo del valor contable y el precio de mercado.

Sentencia

El Tribunal de Cuentas ha condenado a Botella, y a seis altos cargos de su Gobierno municipal a pagar 22,5 millones de euros por la venta de 1.860 pisos de propiedad pública a dos empresas de Blackstone, considerado un fondo buitre, por debajo del precio que estipulaba el mercado en 2013. Otro alto cargo de la que fuera primera edil, Fermín Osle, a pagar en solitario algo más de 3 millones euros por ser el "responsable contable directo" de la operación.

La sentencia parte de una denuncia que el actual Gobierno de la capital de España, encabezado por Manuela Carmena, presentó hace ahora un año a través de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS). La sentencia determina concluye que las operaciones que llevó a cabo la Empresa Municipal de Vivienda que dependía del Gobierno "dio lugar a un menoscabo injustificado en el patrimonio público" que cifra en los citados 23 millones. 

Los otros condenados son Enrique Núñez Guijarro, Diego Sanjuanbenito; Paz González García; Dolores Navarro, Pedro Corral y Concepción Dancausa, ex delegada del Gobierno en Madrid.

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