La Policía ignoró un informe que ya señalaba al electricista tres días después de robo

Sospechosos desde el primer momento. Manuel Fernández Castiñeiras, el electricista detenido la pasada semana como presunto autor del robo del Códice Calixtino del interior de la Catedral de Santiago de Compostela, era el principal sospechoso desde sólo tres días después de que se produjera la sustracción. Así lo refleja un breve informe realizado por un policía de la Brigada de Seguridad Ciudadana de la comisaría de esta localidad gallega al que ha tenido acceso Vozpópuli, y en el que se destaca que el ahora detenido se jactaba "de tener diversas antigüedades pertenecientes a la Iglesia". El informe, sin embargo, fue ignorado por los investigadores que hasta seis meses después de la redacción del mismo no centraron las pesquisas en el electricista, según reveló la semana pasada un alto mando policial.

El documento policial ya destacaba las numerosas propiedades inmobiliarias del detenido pese a no tener ingresos conocidos

Dicho documento , cuya existencia reveló el Sindicato Unificado de la Policía (SUP) tras producirse la detención de Manuel Fernández pero que hasta ahora no se había mostrado públicamente, es un parte de un único folio en el que el agente, A.F.R., de la Brigada Local de Seguridad Ciudadana, "pone en conocimiento" de sus superiores la información que posee sobre "la reciente sustracción del Códice de la Catedral". En aquel momento, 8 de julio de 2011, sólo habían pasado tres días desde que los responsables del templo habían descubierto que el libro faltaba del archivo y cuatro, según se ha sabido ahora, desde que el electricista supuestamente lo sacara oculto bajo su ropa. 

El informe no deja lugar a dudas sobre la identidad del sospechoso, al que identifica con su nombre y dos apellidos e, incluso, con la dirección exacta de su domicilio en O Milladoiro, localidad en la que finalmente apareció el Códice en buen estado en un trastero. Tras ello, el policía detalla que el ahora detenido "estuvo de electricista en la Catedral hasta hace dos años, siendo despedido al ser sospechoso de varias sustracciones así como por pasar facturas irregulares, no siendo denunciado". Las investigaciones posteriores ratificaron todos estos extremos e, incluso, detallaron que Fernández Castañeiras "falsificó un documento laboral para simular ser un trabajador fijo contratado por el templo".

En el documento interno del 8 de julio del año pasado, el agente destacaba también que el ahora detenido tenía un "amplio conocimiento" de la Catedral y sus instalaciones, y de que se jactaba "de tener diversas antigüedades pertenencientes a la Iglesia". Efectivamente, en poder de Manuel Fernández se encontraron una decena de valiosos facsímiles de libros religiosos así como otros documentos antiguos que pertenecían al templo, además de cerca de 1,2 millones de euros en efectivo. En este punto, el autor del informe interno recalcaba "que no parece que existan ingresos en la unidad familiar, teniendo un alto nivel adquisitivo, con numerosas propiedades inmobiliarias". Ahora se ha sabido que Manuel Fernández era propietario de al menos tres viviendas, todas ellas pagadas en los últimos años al contado. Incluso intentó adquirir una cuarta recientemente por 300.000 euros, que también pensaba abonar 'a tocateja', uno de los detalles que disparó la alarma de los investigadores a comienzos de este año.

Una 'venganza' anunciada

Por último, A.F.R. reseñaba que el electricista "está sin motivo aparente y de forma asidua en la Catedral" --iba todos los días por la mañana y por la tarde al templo, según él, a rezar-- y que "desde su despido no tiene 'mucha simpatía' hacia la Iglesia, manifestando en ocasiones que se vengaría". De hecho, cuando fue despedido, llegó a reclamar 40.000 euros por despido improcedente, pleito que aún está en los tribunales. Para terminar, el agente utilizó una frase protocolario: "Lo que se comunica por si pudiera ser de utilidad y a los efectos oportunos". Junto a ello, su firma y el sello con el visto bueno del comisario de su Brigada.

Sin embargo, el atinado documento no llegó aparentemente a manos de los responsables de la investigación. El pasado jueces, el comisario Serafín Castro, responsable de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) encargada de las pesquisas, fue preguntado por los periodistas por el mismo y dio a entender que no sabía de qué se le estaba hablando. El comisario Castro se limitó a resaltar la investigación realizada. Una investigación que, con dicho documento, podía haber durado menos del año que finalmente ocupó a los expertos en patrimonio artístico de la Policía.