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Sociedad

Telma Ortiz y el marido de Cospedal, espiados por una red de traficantes de datos

Telma Ortiz, el pasado mes de abril en Barcelona.

Una agencia de detectives estaba interesada en disponer de todos los datos laborales de la hermana de la princesa Letizia con el objetivo de difundirlos en un medio de comunicación. Según informa la revista Interviú todos los datos privados de Telma Ortiz Rocasolano quedaron al descubierto: nombre, edad, fecha de nacimiento y los datos confidenciales sobre todos sus sueldos, las empresas para las que ha trabajado, retribuciones brutas y aportaciones hechas a la Seguridad Social desde hace más de veinte años.

En la 'operación Pitiusa', dirigida por la sección de Seguridad Privada de la Jefatura de Policía de Barcelona han sido detenidas hasta ahora más de 150 personas. Se trata de una inmensa red –entre policías, guardias civiles, funcionarios de Hacienda, de la Seguridad Social, empresarios y detectives privados– que negoció con datos personales de hasta 3.000 personas en un mes.

Telma Ortiz se ha quejado en numerosas ocasiones del acoso al que está sometida por parte de determinados medios de información. Por ello llegó a pedir en mayo de 2008 ante los juzgados de Toledo que se prohibiera a 57 medios de información "captar, publicar, distribuir, difundir, emitir o reproducir" su imagen o la de su hija. Demanda que fue rechazada por el juez.

Otro de los espiados por esta extensa organización ha sido Ignacio López del Hierro, esposo de la secretaria general del PP y presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal. Las investigaciones comenzaron a principios de 2011, cuando la policía supo que un exdetective privado, que en la actualidad es policía local en Santamaría de Palautordera (Barcelona), estaba supuestamente vendiendo datos de coches, DNI, antecedentes policiales, etcétera.

Entre los arrestados hay detectives de las más conocidas y prestigiosas agencias de investigación privada; guardias civiles, mossos d’esquadra y policías locales; funcionarios de diversos ministerios; directivos y empleados de las principales empresas de telefonía –Movistar, Orange y Vodafone–; trabajadores de entidades bancarias; responsables de los departamentos de recursos humanos y abogados de grandes compañías como Du Pont Ibérica, Unilever España y Neoris Europa.

La banda tenía ramificaciones en Madrid, Cataluña, Euskadi, Galicia, Asturias, Aragón, Murcia, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cantabria y la Comunidad Valenciana.

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