Un 30% de las situaciones que llevan a un embargo hipotecario se podrían haber evitado

En una carta dirigida al Gobernador del Banco de España, Luis María Linde, el director general de la Agencia Negociadora de Productos Bancarios, Luis Javaloyes, explica que es necesario impulsar medidas que contribuyan a mitigar y amortiguar los efectos del sobreendeudamiento en la situación financiera de las familias y particulares.

Javaloyes se refiere, concretamente, a aquellas personas y familias con ingresos estables y recurrentes, que se han endeudado incorrectamente, acudiendo a la llamada de las tarjetas o los créditos para los que la hipoteca, lejos de ser un problema, es la mejor solución de las posibles. Son personas y familias que a pesar de tener dificultades, hacen esfuerzos ímprobos y cumplen puntualmente con sus obligaciones de pago; personas, en definitiva, con una adecuada calificación crediticia. Hay que recordar que muchas de las ejecuciones tienen su origen en los créditos y en las tarjetas que se han concedido a los clientes sin analizar su capacidad de pago.

En su misiva, Javaloyes recalca como necesarios los cambios introducidos en la legislación hipotecaria para paliar el problema social de los desahucios; necesarios pero no suficientes. Recuerda, en este sentido, que la reforma de la Ley “no aborda el problema desde una perspectiva preventiva. ¿Por qué nos limitamos a ayudar a los desahuciados a sobrellevar su traumática situación cuando además podemos evitar que lleguen a ella?”

El director general de la Agencia Negociadora de Productos Bancarios explica que las propias entidades financieras, a través de sus órganos de representación corporativos como la Asociación Española de Banca Privada o la Asociación Hipotecaria Española, señalan que facilitar la digestión del sobreendeudamiento familiar supondría un hito en la solución del problema de los desahucios”.

Según datos de la Agencia Negociadora de Productos Bancarios casi un 30% de las situaciones que desembocan en un embargo hipotecario se podrían haber evitado si se hubiese acometido, a tiempo, una solución financiera viable (según el análisis de 16.000 expedientes)”.

Javaloyes recuerda que viene alertando de esta realidad desde hace cuatro años: “Lo explicamos, en un detallado informe, al anterior Gobierno del Partido Socialista, en la propia sede del Parlamento de la Nación. También al actual ejecutivo del Partido Popular; e, igualmente, a varios presidentes de Comunidades Autónomas”.

Sin embargo, apunta, “es el supervisor bancario, quien, estimo, podría tomar cartas en el asunto para promover aquellos aspectos relativos a la mediación y a la intermediación financiera que evitarían el problema social de los embargos, fortalecerían el sistema financiero, promoverían el consumo y el crecimiento económico (con su evidente reflejo en el empleo) y, a la postre, nos pondría, en este ámbito, a la altura de los países de nuestro entorno”.