Juicio 9N

Artur Mas, condenado a dos años de inhabilitación por desobediencia en el 9N

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña también condena a la exvicepresidenta Joana Ortega a un año y nueve meses de inhabilitación y a la exconsellera de Enseñanza Irene Rigau a un año y seis meses por un delito de desobediencia. Los tres acusados han sido absueltos de un delito de prevaricación.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha condenado este lunes al expresidente de la Generalitat Artur Mas a dos años de inhabilitación por desobedecer al Tribunal Constitucional (TC) con la consulta sobre la independencia de Cataluña del 9 de noviembre de 2014. La Sala también condena a la exvicepresidenta Joana Ortega a un año y nueve meses de inhabilitación y a la exconsellera de Enseñanza Irene Rigau a un año y seis meses también por los delitos de desobediencia, pero en su caso como colaboradoras necesarias. Los tres acusados quedan absueltos de prevaricación administrativa. 

El presidente del TSJC y ponente de la sentencia, Jesús María Barrientos, ha procedido a la lectura del fallo en presencia de los abogados de los tres en la Sala Civil y Penal este lunes a las 13 horas. La Fiscalía solicitaba para Mas diez años de inhabilitación como autor de los delitos de desobediencia y prevaricación, y nueve años para Ortega y para Rigau como cooperadoras necesarias, y el juicio quedó visto para sentencia el 10 de febrero.

La Sala Civil y Penal del TSJC parte de la atribución al Tribunal Constitucional de una auténtica jurisdicción constitucional, así como de que su providencia de 4 de noviembre de 2014 reunía todas las condiciones formales y encerraba un mandato claro, expreso, concreto y terminante de suspender toda actividad administrativa orientada a la realización del proceso participativo convocado para el 9 de noviembre, que imponía a sus destinatarios un deber inexcusable de acatamiento a tal mandato, en ningún caso necesitado de requerimiento o advertencia personal de tipo alguno. 

Descartadas las estrategias de las defensas

Se les reprocha a los acusados el hecho de que, lejos de hacer efectiva la suspensión ordenada por el Tribunal Constitucional, no solo no dictaron ningún tipo de resolución ni efectuaron anuncio alguno de suspensión del proceso participativo previsto para el día 9 de noviembre, sino que observaron un catálogo de conductas demostrativas todas de su determinación firme de contravenir la providencia del Tribunal Constitucional.

La Sala sostiene que la providencia del TC reunía todas las condiciones formales y encerraba "un mandato claro, expreso, concreto y terminante" de suspender toda actividad administrativa de la consulta del 9N

Entre esas conductas se relacionan particularmente las relativas al mantenimiento de la página web “participa2014.cat”; el mantenimiento de la campaña de publicidad institucional; el mantenimiento del reparto de correspondencia oficial; la aportación y suministro del material de la votación (urnas, sobres y papeletas); la elaboración e instalación de programas informáticos y suministro del material tecnológico y apoyo técnico; la contratación de un seguro de responsabilidad civil de cobertura para los voluntarios; la utilización de centros públicos como sedes de votación y la instalación de un centro de prensa.

Esta actividad, según los razonamientos de la sentencia, desacredita la tesis defensiva de que todo el proceso participativo, a partir del día 4 de noviembre de 2014, quedó en manos de los voluntarios, lo que no se sostiene a partir de la verificación de la ingente, por no decir frenética, actividad preparativa desplegada en ejecución de otros tantos contratos públicos, generadores todos de compromisos de pago que fueron cargados y atendidos contra la Generalitat de Cataluña.

Mas, el máximo responsable

En la sentencia, el tribunal explica que el diferente tratamiento punitivo dado a los acusados lo justifica en que en el caso de Mas, no solo es autor directo y material del delito cometido sino también porque sobre su persona, como President de la Generalitat recaía con la mayor intensidad el deber de suspensión de actividades impuesto por la providencia del Tribunal Constitucional desobedecida, en la medida que había sido el artífice de convocatoria inicial.

De la misma forma, la Sala destaca que las otras dos acusadas reciben distintas condenas entre las acusadas, por la distinta relevancia de las aportaciones de una y otra al hecho desobediente, en caso superior para Ortega como vicepresidenta del Govern y titular del Departament de Governació i Relacions Institucionals por el control superior que ejerció en todo momento de los mecanismos organizativos y arquitectónicos del proceso participativo.

Por los mismos delitos está pendiente de sentencia del Tribunal Supremo (TS) el diputado de PDeCAT en el Congreso y entonces conseller de Presidencia, Francesc Homs,ya juzgado la semana del 27 de febrero por el Alto Tribunal y para quien la Fiscalía pide nueve años de inhabilitación.

En los fundamentos de la sentencia se afirma que no se ha sometido a juicio ni la convocatoria del proceso participativo realizada por el President de la Generalitat el día 14 de octubre, ni tampoco la colocación de las urnas el día 9 de noviembre, sino exclusivamente la desobediencia a la orden de suspensión emanada de la providencia del Tribunal Constitucional de 4 de noviembre de 2014.  Contra este fallo cabe interponer recurso en el Tribunal Supremo. 

Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau se sentaron en el banquillo de los acusados en el juicio por la consulta del 9-N durante cinco días, del 6 al 10 de febrero. También declararon otros expresidentes del Parlament, Núria de Gispert y Joan Rigol; el exalcalde de Barcelona, Xavier Trias, el presidente del Consell Assessor per la Transició Nacional, Carles Viver i Pi Sunyer y el diputado del PDECat en el Congreso, Francesc Homs.

Sentencia del TS del caso 9N by Vozpopuli on Scribd



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