LA MAFIA DEL AGUA

Las represalias a las denunciantes del 'caso Acuamed' llegan por segunda vez a juicio

Este miércoles se celebra en el Juzgado de lo Social número 20 de Madrid la vista por el despido de Azahara Peralta, una de las ingenieras de la empresa pública despedidas tras denunciar los pufos que ahora investiga la Audiencia Nacional. En mayo, un magistrado ordenó readmitir a una segunda empleada e indemnizarla, aunque la sociedad estatal lo ha recurrido.

Agentes de la Guardia Civil custodian la sede de Acuamed el día de los registros.
Agentes de la Guardia Civil custodian la sede de Acuamed el día de los registros. EFE

Mientras el sumario del 'caso Acuamed' sigue avanzando en la Audiencia Nacional, un juzgado de lo Social de Madrid celebrará este miércoles un nuevo juicio por el despido de una de las ingenieras que destaparon los pufos en la adjudicación de contratos millonarios. En el banquillo de los demandados se sentará la propia empresa pública Agua de las Cuencas Mediterráneas SA y una de las principales imputadas en la causa que instruye el juez Eloy Velasco, Gabriela Mañueco Pfeiffer. Frente a ellos, Azahara Peralta, quien junto a su compañera Gracia Ballesteros, se negó a dar el visto bueno a las supuestas irregularidades cometidas en una de las obras investigadas, la descontaminación del pantano de Flix, en Tarragona, y fueron despedidas. El pasado mes de mayo un magistrado ya determinó que la otra empleada represaliada tenía que ser readmitida e indemnizada con 90.000 euros, pero la empresa dependiente del Ministerio de Agricultura se resiste a aceptar el fallo y ha presentado recientemente un recurso.

A la vista de este miércoles acuden como codemandados la empresa pública y la presunta 'número 2' de la trama desmantelada por el juez Eloy Velasco

La vista tendrá lugar ante la titular del Juzgado de lo Social número 20 de Madrid, Teresa Orellana Carrasco, y a la misma está citado como testigo Arcadio Mateo del Puerto, el director general de la compañía cuando estalló el escándalo y que es señalado por el juez Velasco como el presunto cabecilla de la trama de amaño de contratos. Arcadio Mateo fue despedido tras su detención, no así Gabriela Mañueco, señalada como su 'mano derecha' por el magistrado de la Audiencia Nacional, quien incluso fue readmitida en la empresa pública una vez que abandonó la prisión bajo fianza. Ahora, ella figura como codemandada, como ya pasó en el juicio celebrado en abril del año pasado por el primero de los despidos, el de Gracia Ballesteros, en el que también tuvo dicha condición el hoy testigo ex director general de Acuamed.

No será la única diferencia entre un juicio y otro. También ha cambiado el titular de la Secretaria de Estado de Medio Ambiente, que detenta el cargo de presidente de Acuamed. Cuando se produjeron los despidos y la primera vista era Pablo Saavedra, quien no sólo participó en la reunión del Consejo de Administración de la empresa pública en la que se decidió aquellos, sino que dio el visto bueno a la decisión de los equipos jurídicos de la compañía estatal a recurrir el primer fallo que condenaba a ésta a readmitir a la empleada. Incluso, remitió una carta a la segunda en la que defendía la legalidad de su despido. Ahora, el puesto lo ocupa desde el pasado 23 de diciembre María García Rodríguez, hasta entonces directora de gabinete de la ministra Isabel García Tejerina y del antecesor de ésta en el cargo, Miguel Arias Cañete, señalado por el juez Velasco en algunos de sus escritos como el principal valedor del presunto cabecilla de la trama. El otro cambio fue, precisamente, el nombramiento de un nuevo director general para Acuamed para llenar el puesto que había quedado vacante tras el cese de Arcadio Mateo. En este caso, se trata del ingeniero de Caminos Francisco Baratech.

Un recurso polémico

Estos relevos no se han traducido hasta ahora en un cambio de actitud de la empresa pública y el Ministerio hacia estos despidos. De hechos, hace unos días Vozpópuli reveló el contenido del recurso que Acuamed había presentado a la decisión del titular del Juzgado de lo Social número 19 de Madrid, Antonio Cervera, de ordenar la readmisión e indemnización de una de las despedidas, Gracia Ballesteros. En dicho recurso, Agricultura insistía en la supuesta procedencia del despido y recalcaba la necesidad de separar dichas represalias de la investigación de la Audiencia Nacional por los pufos en las obras públicas. En este sentido, dicho escrito llegaba a afirmar que "el hurto, el robo, la prevaricación, la malversación... incomodan, pero no arruinan", en clara referencia al sumario que instruye el juez Eloy Velasco por dichos delitos. Una posición de enfrentamiento que le llevaba incluso a alinearse con Arcadio Mateo y Gabriela Pfeiffer, también condenados en aquel primer juicio laboral celebrado en abril.

En el juicio de abril, Acuamed intentó un acuerdo 'in extremis' con la otra represaliada que ésta rechazó porque la readmisión incluía condiciones

Ahora, ocho meses después de aquella vista, la postura de la empresa pública y el Ministerio parece ser idéntica. Según confirman fuentes de la defensa de Azahara Peralta, la segunda ingeniera represaliada, hasta ahora nadie de la empresa pública se ha puesto en contacto con ella para llegar a un acuerdo. Acuamed lo intentó 'in extremis' en la vista de abril, cuando justo antes de entrar en la sala propusieron a la otra empleada despedida su readmisión si aceptaba una sanción. Como ella lo rechazó, se celebró el juicio que finalmente terminó con la sentencia que la daba la razón. Ahora, en esta segunda vista, parece repetirse el guión de no acercamiento a la espera de lo que pueda ocurrir minutos antes de su inicio. Vozpópuli intentó recabar de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente información de cuál iba a ser la postura en este juicio, sin que al escribir estas líneas hubiera recibido respuesta.

La estrategia de Agricultura en aquel primer juicio se saldó con un estrepitoso fracaso, ya que el fallo de mayo que daba la razón a la trabajadora era especialmente dura con Acuamed. De hecho, además de la readmisión (aún no producida por el recurso presentado), imponía a la empresa pública el pago de una indemnización de 90.000 euros por el "daño moral de especial gravedad" que le produjo su arbitraria salida de la empresa. El fallo dictado por el juez Cervera consideraba probado que la mujer fue despedida en julio de 2015 "a consecuencia de su negativa a la realización de actuaciones irregulares en la empresa" que, según destacaba el magistrado, estaban siendo corroboradas por la investigación de su colega de la Audiencia Nacional Eloy Velasco. De hecho, el magistrado de lo laboral recalcaba que el auto que dictó su colega para encarcelara los principales implicados ya aludía a la existencia de "presiones para imponer en Acuamed procederes irregulares, con actuaciones perjudiciales (destituciones y remociones de sus cargos) para el personal probo que no se prestaba a esos manejos", en clara referencia a las dos ingenieras y al directivo que destapó el escándalo, Francisco Valiente, también despedido en su día. Todos ellos, de hecho, son testigos importantes en el sumario de la Audiencia Nacional.



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