El Real decreto 666/2023, por el que se regula la distribución, prescripción, dispensación y uso de medicamentos veterinarios mantienen en vilo al gremio y propietarios de todo tipo de animales. Hasta ahora, la medida de registrar los antibióticos ya era una realidad para el gremio de los ganaderos, pero ahora la normativa se ha extendido a los dueños de animales de compañía como mascotas, perros y gatos. De esta manera, en los últimos meses los sanitarios se han levantado contra el Ministerio de Agricultura, y hoy se han desplazado hasta sus puertas para reivindicar la retirada del Real Decreto.
Varios centenares de veterinarios han comenzado su protesta frente a la sede del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación -MAPA- para pedir la derogación del decreto que, según explican, añade cargas a su forma de trabajar y les resta competencias. Asimismo, poco antes de la protesta, el veterinario Carlos Rodríguez hablaba con Carlos Alsina en el programa ‘Más de uno’ y ha sido de lo más contundente. “De todos los antibióticos que gastamos los veterinarios en España, el uso en animales de compañía no llega al 1%”, ha explicado el profesional.
‘Selva’, primera víctima del real decreto
“Yo no puedo recetar antibióticos de acuerdo con mi profesionalidad. Tengo que mirar un listado, volverme loco y ver si lo que yo considero profesionalmente después de años de experiencia me es permitido administrarlo”, señalaba al periodista, situación que califica como una “aberración”. Y es en este contexto en el que la Federación Estatal de Sindicatos Veterinarios -Fesvet- y la Confederación Empresarial Veterinaria Española -CEVE- se levantan contra las autoridades, apoyadas por diversas plataformas y colegios veterinarios. Los profesionales han viajados desde todas las partes del país hasta Madrid para defender su profesión y a los miles de animales que se ven perjudicados por la excesiva burocracia.
Así, tras haber celebrado protestas como el cierre de las puertas de numerosas clínicas veterinarias por toda España, son muchos los medios de comunicación que ya se han hecho eco de la primera víctima de este real decreto: Selva, una perrita de raza Jack Russell de nueve años que fue presa del nuevo protocolo establecido. La clave es, tal y como también ha informado Carlos Rodríguez, la necesidad de “hacer un antibiograma, una prueba que puede tardar días”. Esto es lo que ha ocurrido con Selva, que tras esperar a los resultados de la prueba, no pudo acceder a tiempo al antibiótico que le debió ser administrado días antes.
Un corta-pega de la legislación
Además de esto, los profesionales también han hecho saltar todas las alarmas al hablar de los requisitos precisados para recibir dichos medicamentos, entre los que se encuentra que el animal a tratar se encuentre debidamente identificado con un microchip. Así, si el dueño de un animal no ha hecho esto previamente, no podrá recibir la atención necesaria. Finalmente, el veterinario ha añadido en ‘Más de uno’ que “el Ministerio de Agricultura no puede hacer un corta-pega de una legislación que ya tienen los ganaderos, que ya lo han sufrido”, y pone en valor la necesidad de libertad del gremio, que actualmente se siente coartado y ve peligrar su criterio clínico.
