CASO PÚNICA

Dos nuevas imputaciones estrechan el cerco al presidente de Murcia y una senadora

El juez del 'caso Púnica' cita a dos empleadas de una empresa de reputación 'online' para declarar como investigadas en los amaños en "diversas administraciones públicas murcianas". Una ya reconoció como testigo los trabajos que se iban a hacer para los 'populares' Pedro Antonio Sánchez y Pilar Barreiro.

Pedro Antonio Sánchez con Mariano Rajoy, en una imagen colgada en la web del PP murciano.
Pedro Antonio Sánchez con Mariano Rajoy, en una imagen colgada en la web del PP murciano.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número, Eloy Velasco, continúa a velocidad de crucero las pesquisas sobre las 'andanzas' de la trama Púnica en la Región de Murcia. Tras tomar declaración en los últimos días a ocho personas y los representantes de tres empresas, todos ellos como imputados, ahora ha decidido ampliar el número de éstos en esta pieza del sumario con dos nuevas personas investigadas. Se trata, en concreto de María José Gutiérrez Martínez y Guadalupe Caballero Carrascosa, empleadas de EICO Reputación Online SL, una de las sociedades del 'gurú' informático Alejandro de Pedro. El magistrado quiere interrogarles por su relación con supuestos amaños en "diversas administraciones públicas" de esta comunidad autónoma para financiar con fondos públicos trabajos de imagen en Internet del actual presidente regional, el 'popular' Pedro Antonio Sánchez, y su correligionaria Pilar Barreiro, que cuando se produjeron los hechos era alcaldesa de Cartagena y diputada y en la actualidad ocupa un escaño en el Senado.

Una de las empleadas de Alejandro de Pedro ahora imputadas ya detalló como testigo los trabajos que preparaba la trama para Pedro Antonio Sánchez y Pilar Barreiro

Así se recoge en la providencia del pasado jueves en la que el juez cita a ambas trabajadoras de Alejandro de Pedro a declarar el próximo 14 de octubre a partir de las diez de la mañana. Según dicho escrito judicial, al que ha tenido acceso Vozpópuli, ambas lo harán como presuntas autoras de tres delitos: pertenencia a organización criminal, aprovechamiento de información reservada y malversación de caudales públicos. El magistrado, que asume un escrito de la Fiscalía Anticorrupción del pasado 28 de septiembre, considera a ambas "cooperadoras necesarias" tanto con "labores ejecutivas como subordinadas" para que Alejandro de Pedro y "diversas Administraciones Públicas murcianas" intercambiaran y confeccionaran "información y documentación" con el objetivo de "facilitar que a cambio de trabajos reputacionales en Internet particulares les adjudicaran contratos públicos".

El juez también considera que ambas actuaron "de manera concertada, coordinada, estable y prolongada" con De Pedro y el socio de éste, el ex alcalde socialista de Cartagena José Antonio Alonso Conesa, para que éstos "pudieran entrar" en los organismos públicos de la Región de Murcia para que "llevaran a cabo la actividad delictiva", en referencia a dichos amaños. En este sentido, consideran que jugaron un papel clave para que estas administraciones claves "adjudicaran con dinero público contratos innecesarios y de precio por encima de mercado a cambio de trabajos reputacionales de carácter particular". Además, el magistrado pide sus antecedentes penales y los otras diez personas que ya han declarado como imputados dentro de la misma investigación sobre la rama murciana de la trama Púnica.

Trabajos "hueso"

Las dos nuevas imputadas ya prestaron en su día declaración ante el juez Velasco, aunque como testigos. Una de ellas, María José Gutierrez, que trabajaba como ingeniera informática de la empresa de De Pedro, compareció durante más de una hora en los que dio detalles sobre los cargos públicos, todos del PP, que supuestamente contrataron sus servicios para colocar noticias positivas sobre ellos en los primeros lugares de los buscadores de Internet. Fue ella la que reveló, por ejemplo, que entre sus trabajos "hueso" por la dificultad que tuvieron se encontraban, precisamente, minimizar las noticias negativas que se publicaban referidas al polémico ático en Marbella del presidente del gobierno madrileño, Ignacio González, y al cheque guardería que recibió su consejera de Educación, Lucía Figar.

El juez Velasco imputa a ambas tres delitos: pertenencia a organización criminal, aprovechamiento de información reservada y malversación de caudales públicos

En aquel interrogatorio, el magistrado estuvo muy incisivo y, además de los trabajos sobre ambos políticos madrileños, también preguntó sobre el entonces consejero de Educación del Ejecutivo murciano y, tras las elecciones autonómicas de mayo de 2015, presidente autonómico, Pedro Antonio Sánchez. En concreto, el juez Velasco esgrimió ante la testigo el contenido de una grabación telefónica intervenida a su jefe, Alejandro de Pedro, en septiembre de 2014, sólo un mes antes de que se produjeran las detenciones de la 'Operación Púnica'. En dicha conversación, el experto en reputación 'online' hablaba con Sara, otra de sus trabajadores, a la que comenta que poco antes había estado con el político murciano. "¿Sabe que bajó a Murcia?", le preguntó el magistrado a la empleada de EICO. "Sé que había algo, que había un proyecto, pero cómo no se llegó a trabajar..." fue su respuesta para no ahondar en detalles. Según aclaró después, dichos trabajos se iban a iniciar la semana inmediatamente posterior a la que se produjeran los arrestos.

Pese a su respuesta esquiva, el juez Velasco continuó interrogando a María José Gutiérrez sobre ese supuesto encargo. Así, le destacó que en la conversación de su jefe y su compañera se hablaba de un "informe de percepción" ya elaborado y que se iba a actualizar. La ingeniera explicó al magistrado que se trataba de un estudio en el que "se mira cómo se le percibía en las redes, en las webs. Es un análisis previo para ver cómo estaba el cliente". Y, aunque aseguró que ella no lo redactó, reconoció que posiblemente sí se encargara de "mirar" si las noticias negativas del candidato se situaban por encima de las positivas en los buscadores. Según detalló en aquel interrogatorio el magistrado, la conversación 'pinchada' revelaba, de hecho, que se estaba ya elaborando en septiembre un presupuesto para Pedro Antonio Sánchez: "Que le preparen una oferta para ponerle 3.000 pavos [euros] al mes, desde octubre hasta el 31 de mayo", justo una semana después de la celebración de las elecciones autonómicas que ganó como cabeza de lista del PP.

'Limpiar' al presidente murciano

En este sentido, Alejandro de Pedro señalaba en esta conversación su objetivo: "Para mayo a ver si podemos tener esto limpio". Algo que, apuntaba, no parecía fácil ya que el consejero de Educación "tiene web, youtube y es un tío que genera mucho contenido [en Internet]" después de que en los últimos años se hubiera visto denunciado 16 veces por corrupción por su labor al frente del Ayuntamiento de Puerto Lumbreras. "¿Qué estaban haciendo ustedes con el consejero de Murcia para que usted tuviera que mirarle la dificultad para que lo tuvieran limpio para mayo? ¿Qué trabajo le hicieron para inventarse facturas de 3.000 'pavos' al mes?", insistió el juez Velasco. La empleada de De Pedro sólo acertó a decir que ella se limitó a "mirar si está bien o está mal".

Los 'pinchazos' telefónicos revelaron que la Púnica quería tener "limpio" a Pedro Antonio Sánchez para las elecciones de mayo de 2015 que le auparon a la presidencia de Murcia

El juez Velasco también preguntó a María José Gutiérrez por la entonces alcaldesa de Cartagena y hoy senador, Pilar Barreiro. La trabajadora de Alejandro de Pedro admitió que también en este caso iban a comenzar a trabajar su reputación 'online', pero que las detenciones de octubre de 2014 lo frustraron: "Lo tenía apuntado para hacerlo posteriormente, pero no llegué a hacer nada", aseguró. La otra empleada de EICO ahora imputada, Guadalupe Caballero, también fue interrogada como testigo poco después de las detenciones. En concreto, el 5 de febrero de 2015, en un testimonio en el que dio numerosos datos sobre el supuesto pago por parte de la empresa pública de aguas de Madrid, el Canal de Isabel II, de "facturación ficticia" a las empresas del 'gurú' informático por los trabajos de reputación en Internet del entonces presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, según se refleja en el sumario.

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