Pena de telediario

"La pena del telediario es una condena popular sin presunción de inocencia"

La sociedad está acostumbrada a formarse una opinión pública acerca de alguien que es investigado, aunque los jueces finalmente no consideren que es culpable, ya hay un juicio difícil de borrar.

La diosa de la Justicia
La diosa de la Justicia

Un ciudadano, policías tributarios o de cualquier índole 'invitándole' a meterse en un coche, personas gritándole "¡ladrón!", algunos se tapan la cara con alguna chaqueta o con las manos. La sociedad está más que acostumbrada a ver esta imagen en las noticias de los medios de comunicación. Sin embargo, pocas veces la audiencia se pone en la piel de alguien que es acusado de cometer un delito y al que se le inicia una investigación pero posteriormente un juez determina su absolución. Es inocente.

La opinión pública ya ha prejuzgado al sujeto, los mass media han publicado portadas, editoriales y columnas. Artículos sobre su vida y su familia y el daño, a pesar de ser inocente, puede ser irreparable. Pocos medios hablan sobre su absolución. Esto es la pena del telediario. Yolanda Gómez, Catedrática de Derecho Constitucional y Catedrática Jean Monnet de la Unión Europea, afirma que aunque en la primera declaración se demuestre que no hay pruebas suficientes de su involucración, "una semana imputado y si los medios publican todos los días noticias, el daño a su imagen es irreversible".

Si los medios publican todos los días noticias, el daño a su imagen es irreversible"

La pena del telediario puede ser tan perjudicial para los protagonistas, que incluso ha resultado muy difícil contactar con personas afectadas para contar su experiencia. No obstante, esto no se trata de un artículo a favor de los juzgados por la opinión pública, sino aquéllos que son injustamente prejuzgados y debido a las presiones deben abandonar su vida.

La Ley de Enjuiciamiento Criminal se encuentra en un momento en el que abogados y letrados piden reformas debido a la repercusión de la misma en los afectados. "La figura del investigado ahora se llama imputado", comienza Gómez. Según informa, se han cambiado los términos para garantizar más los derechos de las personas involucradas, desde el primer momento además, se tiene acceso a todas las vías de defensa, algo positivo.

El término 'imputado 'es mucho más fuerte en la cultura de la población, no es lo mismo que si escucha 'investigado'"

No obstante, afirma que el efecto de esta ley ha sido lo contrario. "El término es mucho más fuerte en la cultura de la población. Cuando alguien escucha la palabra 'imputado' no es lo mismo que si escucha 'investigado'", afirma. Gómez asegura que distinguir estos aspectos no está al alcance de la opinión pública general. "Un imputado es una persona que es llamada simplemente para que declare sobre los hechos", explica. La jurista echa en falta que los medios "lo expliquen debidamente". "Al contrario, a veces se hace uso de los términos sin matizar y esto hace un daño importantísimo", asevera.

El principal aliciente, según fuentes consultadas por Vozpópuli, se encuentra en que los medios "ya no son de información u opinión", han pasado a ser "medios de persuasión". La inmediatez, el querer hacer suya la noticia y la poca verificación de las noticias debido a que hay programas que "hay que rellenar" provocan que la audiencia desde casa elabore sus propias opiniones antes de que los jueces den un veredicto. "Hay mucha competencia en los medios de comunicación", asegura Gómez. "La regulación de la información es como mínimo insuficiente", añade.

En esta guerra entre la información y el honor, las fuentes consultadas afirman que "debería poder ser regulada" pero que se trata de un sistema autorregulador. Esta autorregulación viene a través de las normas, de los códigos deontológicos y de conducta. Según la jurista, "si hay una posible noticia que va a salir, el medio que sea capaz de sacarla cinco horas antes es el que se apunta el tanto".

Las filtraciones son ilegales, pero seguimos viendo casos en los que se produce"

La cita "el fin justifica los medios" requiere un análisis si de lo que se habla es de esta pena. Se involucran dos derechos fundamentales de cualquier ciudadano: el derecho a la información y el derecho a la imagen, la intimidad y el honor. En este punto, otro aspecto cobra importancia: las filtraciones de los secretos de sumario. Ambas fuentes coinciden en que son "un problema muy grave". "No hacen ningún favor al derecho", señala Gómez. "Creo que habría que tomar medidas, es absolutamente inaceptable que las garantías jurisdiccionales y judiciales se rompan sin que pase nada", afirma sobre la revelación de los secretos de sumario. "Las filtraciones son ilegales, pero seguimos viendo casos en los que se produce", apunta. Sin embargo, también se reflexiona en una idea: "Si no existiesen filtraciones, no habría medios de comunicación día a día".

La catedrática y jurista alega al derecho fundamental de participación en la vida pública. "Si ese derecho queda coartado o perturbado porque se ha liberado un secreto de sumario o porque hay informaciones no contrastadas, es ahí donde hay que trabajar y tomar medidas", dice. "En el caso de una persona no pública se ve inmerso en un caso, se le aplica la pena del telediario y puede ser inasumible. Imaginemos el caso de una figura política ligada a la vida pública, que necesita tener una imagen para ganar votos, esto es un castigo muy severo", sentencia.

Es una condena popular previa sin respetar la presunción de inocencia"

En este punto entran de lleno el derecho a la réplica y el derecho de rectificación. El momento en el que los telediarios ofrecen imágenes de un individuo y se le ha dado se ha obviado la presunción de inocencia, teóricamente, el sujeto para ser repuesto en su honor personal en los medios, tendría que reclamar un derecho de réplica y rectificación, describen. Aquí, la ley es "muy resbaladiza", señalan. Lo que ocurre en la actualidad, afirman, "es una condena popular previa sin respetar la presunción de inocencia".

El daño moral causado para una persona que es inocente en España es "irreparable". Las fuentes llegan a una reflexión final. En caso de que un individuo sea castigado con una pena, ¿la sociedad debe seguir condenando a alguien que ya ha cumplido lo establecido por un juez? "Una vez que ha cumplido su pena, la sociedad debe respetarle. Ese es el juego de un estado de derecho y un estado democrático. Pero desgraciadamente, no lo es", concluyen.



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