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Todos los miembros del 'clan Granados'

Granados, escoltado por agentes de la UCO el día de su detención hace ya casi dos años.

La familia es muy importante en el 'caso Púnica'. Tanto que varios de los principales implicados han visto como personas de su círculo más próximo eran imputadas por el juez Velasco por su participación en las supuestas irregularidades. Es el caso de Francisco Granados, el principal cabecilla de la trama. Su mujer, Nieves Alarcón Castellanos, y sus suegros, Juan y Catalina, forman parte de la larga lista de 'investigados' que acumula ya la causa. Además la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha puesto recientemente bajo sospecha las operaciones inmobiliarias de su hermano Alfonso, mientras que la Fiscalía Anticorrupción puso hace tiempo el foco en su cuñado, Germán Alarcón, concejal del PP en el Ayuntamiento de Valdemoro cuando se produjeron las primeras detenciones, en octubre de 2014. Son el 'clan Granados'.

La implicación de la Nieves Alarcón arranca como cotitular de la cuenta que tenía con su marido en Suiza y que dio pie al inicio de la investigación

La primera en verse implicada por las actividades del político fue su esposa. Nieves Alarcón no fue detenida junto a su marido, pero si fue imputada. Era, junto a Francisco Granados, titular de una cuenta en Suiza que se encuentra en el inicio de las pesquisas del 'caso Púnica'. Además, ella era la conductora habitual de un vehículo Mini que apareció quemado en el garaje de su casa y que los investigadores sospechan que era un regalo de Ramiro Cid, uno de los constructores presuntamente favorecidos por su marido cuando era alcalde. También ella era la encargada de supervisar las obras en la mansión que el mismo empresario estaba construyendo al gusto del matrimonio para regalárselo al político como supuesto pago a sus 'favores'. Las pesquisas también la relacionan con el gasto de 100.000 euros de dinero de la empresa pública Arpegio para regalar cestas de Navidad a sus amistades. Las investigaciones entorno a ella aún no han terminado.

El caso de sus suegros es más peculiar. El juez Eloy Velasco ordenó el pasado mes de noviembre registrar su vivienda en Valdemoro después de que un anónimo alertase a los investigadores de que en dicha casa podía haber dinero oculto. Era cierto. Los agentes de la UCO localizaron en un maletín ocultó en un altillo 922.000 euros en metálico, además de otros objetos de valor como estilográficas de colección y relojes de lujo. El magistrado citó al matrimonio para declarar como imputados por blanqueo de capitales en una comparecencia en el que ambos alegaron que que a su domicilio accedían fontaneros y "gente" de Ikea para justificar la presencia del dinero.

El hermano y el cuñado

Las sospechas sobre Alfonso Granados, hermano del político, se centran en la compraventa de varios pisos, en una de las cuales la Guardia Civil cree haber encontrado indicios de blanqueo del dinero tras haber hallado una nota manuscrita en la que el que fuera consejero del Gobierno madrileño anunciaba a su socio, el constructor David Marjaliza, el envío en un sobre con 360.000 euros en metálico para su adquisición. El informe de la UCO concluía que con esta "operación hizo aflorar una cantidad de dinero en efectivo procedente de Francisco Granados, cuyo origen es desconocido y que se puede presumir que procede de dinero de supuestas comisiones ilegales".

Un informe de la UCO relaciona al hermano de Granados con una operación de blanqueo con la compraventa de un piso

La implicación del quinto familiar del político tiene que ver su condición de concejal en el Ayuntamiento de Valdemoro. Germán Alarcón, cuñado de Granados, era el edil responsable de Cultura y Deportes cuando en octubre de 2014 el juez Velasco ordenó las primeras detenciones, incluida la del político. Entonces estuvo a punto de ser nombrado alcalde tras el arresto del entonces regidor, José Carlos Boza. Informes de la Guardia Civil y escritos de la Fiscalía vinculan ahora a este quinto miembro del 'clan' en diversos concursos públicos del consistorio donde los investigadores creen haber encontrado indicios de irregularidades. Entre ellos, los cuatro contratos adjudicados a una empresas clave de la trama, Waiter Music SL, para la organización los años 2011, 2012, 2013 y 2014 de las fiestas patronales de la localidad. Entre los cuatro, suman más de 1,1 millones de euros. En el sumario no consta que ni él ni el hermano de Granados hayan sido imputados aún.

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