Aumenta la presión sobre May para que acepte aplazar el 'brexit'

La presión sobre la primera ministra británica, Theresa May, para que acepte aplazar el brexit si no se ratifica un acuerdo con Bruselas continúa aumentando, ante la amenaza de que el Parlamento asuma el control y bloquee una ruptura no negociada con la Unión Europea (UE).

May cree que retrasar el brexit más allá del 29 de marzo no soluciona el problema y solo pospone el momento de tomar una decisión sobre los términos de la salida del bloque, mientras que líderes comunitarios como el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, consideran que es la opción más sensata.

Son de esa misma opinión numerosos diputados proeuropeos del Partido Conservador británico, que este miércoles pueden respaldar una enmienda que entregaría a la Cámara de los Comunes el poder de pedir una extensión al plazo de salida, en caso de que no se haya aprobado un pacto el 13 de marzo.

Esa fecha es precisamente el día siguiente del límite que se ha impuesto May para presentar por segunda vez ante el Parlamento el tratado de salida, que en enero fue rechazado por una amplia mayoría.

La enmienda presentada por la laborista Yvette Cooper y el conservador Oliver Letwin dejaría en manos de los diputados decidir la duración de la prórroga que se pediría a Bruselas, que en último término debería ser aprobada por los líderes de los 27 países comunitarios restantes.

Rebelarse contra la disciplina de voto

Ante la posibilidad de que un número suficiente de tories se rebele contra la disciplina de voto y respalde esa propuesta, el conservador Simon Hart se ha apresurado a redactar una cláusula alternativa que propone que la extensión se limite a unos dos meses, hasta el 23 de mayo.

Esa hoja de ruta permitiría que el Reino Unido abandonara el bloque europeo el mismo día en el que se celebrarán las elecciones comunitarias.

Esa propuesta no tiene el peso legal del texto de Cooper y Letwin, por lo que no sería vinculante para el Gobierno.

May tiene previsto comparecer mañana en el Parlamento para explicar los últimos avances en cuanto al brexit, antes de que el miércoles los diputados puedan votar previsiblemente sobre diversas enmiendas.

El presidente de la Cámara de los Comunes, John Bercow, será quien decida poco antes de esa sesión qué cláusulas serán votadas.

Presión sobre May

La presión que afronta la jefa de Gobierno para retirar de la mesa la posibilidad de una ruptura sin acuerdo ha llevado a funcionarios de su gabinete a evaluar diversos escenarios posibles, entre ellos el de aceptar una extensión de unos dos meses, según ha revelado el diario "The Daily Telegraph", un plazo que coincide con el de la enmienda de Hart.

La primera ministra, sin embargo, sigue manteniendo que confía en lograr nuevas concesiones de Bruselas que faciliten que el Parlamento acabe ratificando el acuerdo del brexit y descarta públicamente cualquier extensión.

En paralelo a las maniobras en Londres, la UE está barajando la posibilidad de que la salida británica se retrase unos 21 meses, hasta 2021, según ha revelado el diario "The Guardian".

Fuentes diplomáticas de la UE citadas por el periódico británico consideran que una extensión de dos o tres meses mantendría la incertidumbre y los actuales problemas volverían a resurgir antes del verano.

Los medios británicos contemplan, por otra parte, la posibilidad de que May someta a votación en el Parlamento un acuerdo que todavía no cuente con el respaldo explícito de Bruselas.

En ese escenario, los diputados británicos se pronunciarían sobre un texto legal para limitar el alcance temporal de la controvertida cláusula para Irlanda del Norte y dejarían en manos de los líderes comunitarios ratificar ese plan en la cumbre prevista para el 21 de marzo, una semana antes del brexit.

Tanto el artículo 50 del Tratado de Lisboa como la propia ley británica determinan que el Reino Unido será un país tercero para la UE a partir del próximo 29 de marzo.

Bajo los términos del acuerdo al que llegaron en noviembre Londres y Bruselas, ese día comenzará un periodo de transición de dos años en el que Londres permanecerá vinculado a las estructuras comunitarias, lo que suavizará el posible impacto económico.

Con una salida no negociada, en cambio, el Reino Unido quedaría automáticamente separado del resto del bloque comunitario, lo que puede provocar el caos en las fronteras y llevar al país a una recesión económica, según el Banco de Inglaterra.