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Internacional

Tsipras transforma la Administración griega: quita los "ejércitos de consejeros", los aviones, coches y escoltas oficiales

El primer ministro griego, Alexis Tsipras, en Bruselas la pasada semana

El Gobierno griego ha señalado como una de sus prioridades la reforma de la administración pública para acabar con décadas de ineficiencia y clientelismo político, un largo proceso que empezará de inmediato con pequeños pero simbólicos gestos, como la eliminación de aviones, coches y escoltas oficiales.

Durante la presentación de su programa de Gobierno, el primer ministro, Alexis Tsipras, además de exponer un plan de ayuda inmediata a los más golpeados por la crisis que incluye alimentos y electricidad gratuita y acceso sanitario universal, avanzó las primeras medidas dirigidas no solo a reestructurar, sino a modernizar la administración.

El Gobierno reducirá en un 30% el personal de su sede y en un 40% los escoltas del primer ministro, que dejaran de custodiar aTsipras para encargarse de la seguridad de los ciudadanos, como recalcó el primer ministro. Además, pretende reducir al personal asesor, que Tsipras calificó de "ejércitos de consejeros", vender la mitad de los coches de los ministerios y uno de los tres aviones propiedad del Gobierno.

 Tres millones de griegos han quedado excluidos de la sanidad pública por estar más de un año en el paro o tener deudas con Hacienda

De los 700 coches que posee el Estado se venderán 450 que, mediante una ley que se prevé se apruebe en los próximos meses pasarán a manos del Ministerio de Reconstrucción Productiva, quien los venderá a través de una subasta electrónica, precisaron a Efe fuentes de este ministerio. Según adelantó el ministro de Sanidad, Panayotis Kurublís, su departamento recibirá el dinero que se recaude de la venta del avión y de uno de los coches blindados de alta gama más caros, unos fondos que se destinarán a reparar 120 ambulancias que están paradas por falta de financiación. El sistema sanitario público es uno de los más afectados por los recortes de los últimos cinco años, ya que casi tres millones de griegos han quedado excluidos por estar más de un año en el paro o tener deudas con Hacienda por un periodo superior a doce meses.

Grecia tiene a sus espaldas una larga tradición que lacra sus instituciones y en general un sistema que ha pasado demasiado tiempo bajo la sombra de las corruptelas diarias, a base de sobres, los llamados "fakelakis" como se conocen en griego, y un sistema clientelar que ha extendido sus lazos con el sector público.

Reforma administrativa

Con la reducción del número de ministerios, que han pasado de 18 a 10, hay también una "drástica" reducción del personal de confianza de los ministros, aseguran estas fuentes. En los próximos seis meses se presentará una ley que recogerá las líneas generales de la reforma administrativa que incluirá la posibilidad, siempre voluntaria, de cambiar a funcionarios a diferentes puestos en función de las necesidades de los ministerios. Incluso se contempla la posibilidad de contratar a 15.000 nuevos empleados públicos si dieran las necesidades.

Esta reforma pretende también readmitir en sus puestos de trabajo a todos los trabajadores del sector público cuyos despidos fueron declarados inconstitucionales por los tribunales. Se trata de 3.928 empleados entre los que están las limpiadoras ministeriales, los profesores de secundaria, los guardias escolares y los médicos del sistema público de salud, que corresponden al 1 % del total de empleados públicos eliminados en los últimos años, según señaló el ministro de Finanzas, Yanis Varufakis.

Durante los cinco años de crisis el número de funcionarios se ha reducido en 350.000, la mayoría de ellos debido a las jubilaciones. De los 930.000 empleados a principios de 2010 se pasó a 570.000 a finales de 2014. Según las citadas fuentes, el Gobierno prevé introducir en el Parlamento, en el plazo de un mes, una ley que regule la recolocación de estos trabajadores.

El Gobierno prepara también una amplia reforma fiscal a medio plazo, cuya filosofía será que cada ciudadano y cada empresa contribuya a los ingresos del Estado de acuerdo a sus capacidades con el fin de acabar con una situación que permitía que las personas con los mayores ingresos pudieran librarse de pagar impuestos.

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